La Junta perjudica los intereses de Castilla y León con su apoyo a la nuclear de Garoña

Ecologistas en Acción considera a la central nuclear de Santa María de Garoña como una amenaza para la seguridad de Burgos. También entiende que la apuesta por su continuidad bloquea el desarrollo de las energías renovables, que este colectivo considera que debieran ser la prioridad estratégica de la Junta de Castilla y León.

En un comunicado, el colectivo ecologista deplora la “encendida” defensa que hace la Junta de la central burgalesa, justificándola con la defensa del empleo. Por otra parte, la Administración regional autonómica ha manifestado su confianza en que el permiso de funcionamiento que tiene actualmente la central se vea prorrogado automáticamente durante al menos cinco años, una vez finalizado el plazo actual. Un tiempo que considera suficiente para que se acometa el desmantelamiento de la instalación y se implante, en paralelo, un plan de empleo alternativo. Además, el gobierno de Juan Vicente Herrera cree que ese plan podría contar con la participación económica de Endesa e Iberdrola Renovables.

330 trabajadores.

La central nuclear de Garoña cuenta en la actualidad con 330 trabajadores, según Nuclenor, la empresa propietaria. La única experiencia de desmantelamiento de una central nuclear en España tuvo lugar entre 1998 y 2003, en Vandellós I, una central de un tamaño similar a la de Garoña. Durante este periodo, una media de 323 trabajadores procedió a desmontar todas las estructuras, sistemas y componentes de la planta, con la excepción del cajón del reactor, que aún aguardará 25 años hasta que bajen sus niveles de radiactividad. El coste de estas operaciones fue de 95 millones de euros, con cargo a la factura de la luz que pagamos todos.

Garoña genera un empleo diez veces inferior al que ocupan las energías renovables en la comunidad. Éste, en 2008, ya creaba más de 3.000 empleos directos en Castilla y León. Y su potencial de desarrollo es enorme en una comunidad tan extensa y con un volumen de recursos naturales tan considerable.

Es importante subrayar que la inversión en la energía nuclear, como destacan los ecologistas, bloquea el crecimiento de otras fuentes alternativas, ya que concentra en ella los fondos de investigación y desarrollo. También presenta el inconveniente de que copa la red de distribución eléctrica por su menor flexibilidad de generación. Al tiempo, es un hecho conocido que la energía nuclear genera menos empleo que la eólica, la solar o la procedente de la biomasa.

Por ello, es lamentable que la Junta de Castilla y León se haya erigido en avalista principal del sector nuclear en España, cuando su apuesta industrial estratégica debiera ser las energías renovables. En este sentido, contrasta su postura reivindicativa ante el gobierno socialista con la falta de iniciativas frente al nuevo marco de retribución de las energías renovables que el Ministerio de Industria ha establecido últimamente, el cual está poniendo en peligro a este sector. Las dificultades que atraviesan algunas industrias dedicadas a las renovables, como Pevafersa en Toro, no han merecido el mismo interés del presidente Herrera que la empresa Nuclenor.

Por otro lado, los ecologistas recuerdan que la central de Garoña es la única de su generación que sigue en funcionamiento en España, tras los cierres de de Vandellós I (1989) y Zorita (2006). También insisten en que su obsoleto diseño – de los años 60 – no ha resistido bien el paso del tiempo. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que avala su continuidad, certifica una serie de deficiencias cuya corrección debería haberse resuelto antes de dar el visto bueno sobre la prórroga del permiso. El informe también omite otras faltas de gran relevancia, en una actitud que sorprende y despierta sospechas sobre la independencia del organismo consultivo.

Plan de emergencia nuclear de Garoña.

Según el Plan de Emergencia Nuclear de Garoña, en caso de accidente grave se verían afectados de manera inmediata y severa hasta 56 municipios burgaleses en un radio de 30 kilómetros en torno a la central. Serían aproximadamente unos 57.000 habitantes, incluidos los que viven en Miranda de Ebro, 10.000 de ellos en el País Vasco.

En este asunto es importante hacer notar que la postura del Gobierno de Castilla y León difiere frontalmente con la adoptada en la comunidad vasca por la Diputación Foral de Álava y el Parlamento regional, que se han comprometido con la seguridad y la salud de sus ciudadanos. La actitud del presidente castellano-leonés no parece encontrar más explicación que el seguidismo de las directrices nacionales de su partido en su pulso a Zapatero. Lógicamente, algunos pueden pensar que en realidad defiende el empleo, pero también los hay que creemos que ciertos experimentos sólo son admisibles si se hacen con gaseosa. Y algunos incluso podríamos considerar que el presidente está apoyando imprudentemente a los intereses de los copropietarios de Garoña.

Un ecologista en El Bierzo.

Memoria del desmantelamiento de Vandellós I. Enresa.es.

Planes de emergencia nuclear. Resolución de 14 de junio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 9 de junio de 2006, por el que se aprueban los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares. 21/07/06. Boe.es.

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