El Ayuntamiento de Valladolid deberá pagar 30.000 euros a la CGT por vulnerar su derecho de reunión y manifestación

Cartel del Campamento libertario impedido por la policía. Fuente Cgtcyl.org. Valladolid, 23 sept. 2009. Cgt-cyl.org.

Cartel del Campamento libertario impedido por la policía. Fuente Cgtcyl.org. Valladolid, 23 sept. 2009. Cgt-cyl.org.

El 23 de septiembre pasado, el sindicato libertario Confederación General del Trabajo de Castilla y León (CGT-CyL) organizó en Valladolid un “campamento libertario” en la calle, como preludio de la huelga general del 29-S, que acabó abruptamente gracias a la intervención de las dos policías, municipal y nacional, que procedieron a su desalojo.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acaba de condenar al ayuntamiento de Valladolid a pagar 30.294,58 euros por los daños y perjuicios causados por esta expulsión que ha condenado por ilegal Además, el consistorio tendrá que abonar las costas, según recoge la sentencia, contra la que todavía puede presentar un recurso de casación dentro de un plazo de diez días.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Fuente: wikipedia.org.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Wikipedia.org.

Detrás de todo este embrollo, que puede significarle un buen dispendio al cabildo vallisoletano, se encuentra sencillamente la prepotencia de un alcalde, Francisco Javier León de la Riva (PP), que como su colega de partido Manuel Fraga Iribarne afirmase en su día, también debe de pensar que la calle es suya. Y, por desgracia, no sólo la calle sino la misma ley, ya que algunos de estos personajes tan nítidamente antidemocráticos actúan como si estuviesen investidos de todos los poderes y derechos.

Personalmente entiendo que una concentración de este tipo puede producir ciertas molestias a algunos vecinos: aglomeración, ruido, etc. Pero, para regular estos casos están las leyes, tanto generales como municipales. Y el TSJCyL parece tener muy claro que el Ayuntamiento se extralimitó en sus funciones.
Es lamentable que, treinta y cinco años después de la muerte del general Franco los derechos constitucionales de los demás acaben para el alcalde vallisoletano diluyéndose allí mismo en donde terminan sus intereses personales o de partido.

Contenido de la sentencia.

Viñeta. Denuncia de los abusos políticos. Fuente: rojoynegro.info. Autor El Roto.

Viñeta. Denuncia de los abusos políticos. Rojoynegro.info. Autor El Roto.

El fallo de la Sala del Tribunal Superior, que nos devuelve la confianza en la imparcialidad de la justicia, recoge que acepta “íntegramente el recurso contencioso-administrativo número 1515/2007 interpuesto por el sindicato Confederación General de Trabajo contra la actuación administrativa realizada por la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid el 23 de septiembre de 2010”.

De este modo, el auto declara radicalmente nulo el desalojo del “campamento libertario” por violación del derecho constitucional de reunión y manifestación y, además del pago señalado, condena al Consistorio a indemnizar al sindicato con 30.000 euros, “por daños morales“. Más el coste del enganche eléctrico abortado. La condena recae únicamente sobre el cabildo puesto que el sindicato no solicitó una pena para el Estado.

El tribunal explica en la sentencia que si la Subdelegación del Gobierno no pone condiciones al ejercicio del derecho de reunión cuando se comunica por el sindicato la convocatoria del campamento, “esa actividad es legal y procedente a todos los efectos“. Además, añade que si el ayuntamiento quería poner condiciones (cambios de itinerario o que se respete el césped) debía de haberlo comunicarlo a la Subdelegación. Algo que no sucedió.

Por lo tanto, el alto tribunal indica que la falta de respuesta de la Subdelegación y del ayuntamiento implica la autorización de aquellas actuaciones íntimamente ligadas al ejercicio del derecho de reunión (en este caso el aparcamiento, la “acampada“, o la exhibición de publicidad). Todo esto sin perjuicio de que todo exceso en esa reunión, manifestación o acampada sea susceptible de ser sancionado. Por ello, considera un abuso de poder que se formulen denuncias por unos hechos que van íntimamente unidos al ejercicio del derecho de reunión, legítimamente ejercido.

El Consistorio vallisoletano se excedió en sus atribuciones.

La Policía local disuelve una concentración autorizada de la CGT. Valladolid, 23 sept. 2009. Elnortedecastilla.es.

La Policía local disolviendo la concentración autorizada de la CGT. Valladolid, 23 sept. 2009. Elnortedecastilla.es.

El auto del TSJ reconoce incluso que la Policía Local se excedió en su labor al proceder al decomiso de objetos, quitando a los manifestantes efectos que nada tenían que ver con la acampada que decía estaba prohibida. Los agentes intervinieron al considerar que los militantes del sindicato CGT habían hecho un uso indebido de las praderas y plantaciones cercanas al Campo Grande, estacionando en zona peatonal y colocando papeles adhesivos de propaganda sin contar con la autorización municipal.

El tribunal ha considerado que “la intervención de la policía municipal no ya desmantelando el campamento sino formulando denuncias por determinadas actuaciones administrativas, íntima e ineludiblemente ligadas al ejercicio del derecho de reunión, entraña una extralimitación, un abuso del poder, absolutamente injustificado, ejercitado únicamente con la finalidad de impedir el ejercicio de un derecho fundamental”.

El desmantelamiento del referido campamento fue llevado a cabo bajo la premisa de que los participantes no contaban con autorización municipal de ocupación. Sin embargo, la sentencia reconoce que “el comportamiento de los allí concentrados era estrictamente pacífico“, como acreditó la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Valladolid durante el juicio. Además, el TSJCyL considera que por parte del sindicato actor no hubo “extralimitación alguna“, según recoge la sentencia.

Un ecologista en El Bierzo.

El TSJ condena al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 30.000 euros a la CGT. 14/10/10. Nortecastilla.es.

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