La FeSP y la ReMC denuncian el incremento de las agresiones policiales a comunicadores y exigen que se regule por ley el derecho a la información

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) han denunciado ayer, con un comunicado en la página web de la última, el incremento de las agresiones policiales a periodistas en los últimos tiempos.

En concreto, han expresando “su preocupación por la escalada de violaciones de derechos de los periodistas y de otros comunicadores sociales”.

Ambas asociaciones concuerdan en denunciar los abusos de los agentes españoles en las últimas manifestaciones de protesta social, relacionadas en buena medida con el Movimiento 15M. En concreto, señalan que la Policía no puede exigir un “carné oficial” que no existe, ya que el Congreso no ha querido regular por ley la profesión. En estas condiciones la petición es incongruente, sin sentido y no puede ser correspondida, convirtiéndose así en un subterfugio policial para dificultar el desempeño de la tarea informativa.

Un ecologista en El Bierzo.

Comunicado de la Federación de Sindicatos de Periodistas.

Numerosos profesionales de los medios de comunicación, en su mayoría fotoperiodistas, “freelances” y colaboradores de publicaciones y emisoras sin ánimo de lucro, encuentran cada vez más dificultades para desempeñar su trabajo en manifestaciones y concentraciones públicas debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) expresan su preocupación por esta escalada de violaciones de derechos de los periodistas y de otros comunicadores sociales. A estas actitudes hay que añadir la pasividad que demuestran algunos agentes en casos aislados, como ha ocurrido recientemente en varias ciudades, que no han hecho nada mientras presenciaban cómo algunos ciudadanos agredían a periodistas que estaban cumpliendo con su obligación de recabar información.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP y los medios comunitarios asociados a la ReMC recuerdan al Ministerio del Interior y a las administraciones responsables de otras fuerzas de la Seguridad lo siguiente:

Que, aunque en ocasiones no sea fácil garantizar el orden público y la seguridad en grandes aglomeraciones a las que, presuntamente, pudieran acudir pequeños grupos de personas violentas, como afirman algunos agentes, esa seguridad no la van a conseguir persiguiendo, hostigando y, en algunos casos, agrediendo físicamente a quienes tienen la responsabilidad constitucional de informar a la ciudadanía.

Que en España no existe ningún documento “oficial” que acredite si una persona es periodista; por lo que la práctica policial de exigir un carné inexistente para poder cubrir un acto en la vía pública es una clara vulneración del derecho a la información garantizado por la Constitución a todos los ciudadanos. Esos profesionales de la información se identifican con su documento de identidad y el carné del medio para el que trabajan o colaboran, o la credencial del sindicato u organización profesional de periodistas a la que pertenezcan.

Que cualquier policía o administración que se atribuya la capacidad de decidir quién es periodista, y así pretenda autorizar la labor de informar, actúa contra derechos fundamentales de la ciudadanía.

Que los chalecos u otras prendas de identificación -de uso optativo, no obligatorio- que entregan algunas asociaciones y sindicatos a sus afiliados, para trabajar en las manifestaciones, no pueden servir de excusa para apartar a los periodistas y comunicadores comunitarios de los lugares donde se produce la noticia y aislarlos en una pretendida “zona de seguridad”.

Que la seguridad de los periodistas también es responsabilidad de los agentes policiales, por lo que no cumplen con sus obligaciones los agentes que no intervienen sino que toleran la agresión a periodistas por parte de algunos ciudadanos.

Que la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a la comisaría -como ha ocurrido recientemente en Madrid con dos fotoperiodistas- supone, en determinados casos, un exceso de celo que puede estar ocultando la intención de algunos agentes de amedrentar a los informadores. Las posteriores resoluciones judiciales han demostrado la desproporción de esas actuaciones policiales.

La FeSP y la ReMC también recuerdan que el Congreso de los Diputados ha rechazado en los últimos años varias propuestas para regular por ley el derecho a la información de la ciudadanía. El Poder Legislativo no tiene ninguna excusa para seguir manteniendo esta situación, totalmente anómala en la Unión Europea y en muchos países de todo el mundo.

Rechazo a las agresiones policiales a informadores. 26/06/13. Medioscomunitarios.net.

Liberados Raúl Capín y Adolfo Luján, dos fotoreporteros detenidos por presunta agresión a la autoridad. 27/05/13. Ecobierzo.org/unecologistaenelbierzo/.

La prohibición de difundir imágenes de policías, vista por los jueces. 18/10/12. Eldiario.es.

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