Unas cinco mil personas defienden los consejos y entidades locales menores en León

Unos cinco mil manifestantes recorrieron el centro de León exigiendo un mayor consenso en la elaboración de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como ‘Ley Montoro’. Con la colorida presencia de los pendones de León, de banderas asturianas y de pancartas del país cántabro, numerosos pedáneos y vecinos de entidades locales menores denunciaron un proyecto que, según aseguran, significaría la puntilla para el mundo rural si no se enmienda el borrador de la ley.

La manifestación arrancó después de las 12 de la mañana en la glorieta de Guzmán El Bueno, para finalizar su recorrido en la plaza de la Inmaculada. Durante el trayecto los manifestantes reclamaron a gritos “poder comunal” y corearon consignas como “esto nos pasa por un gobierno facha”, además de hacer sonar pitos y silbatos. Hubo muchas banderas lilas de León y se notó la participación en la marcha de otras autonomías y provincias, como Galicia, Álava, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria o Zamora.

Organizaron la manifestación el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales, así como la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, además de diversos grupos, partidos políticos y sindicatos. La Asociación Cultural Ecobierzo acudió a la cita con una pancarta en la que podía leerse: “Ecobierzo contra el expolio de los pueblos”.

Ya en la plaza de la Inmaculada tomó la palabra el portavoz del Frente, Elías Álvarez Rico, quien destacó que “Las juntas vecinales no suponen ningún gasto, sino un ahorro”, antes dar paso a la lectura de un manifiesto consensuado entre los diferentes grupos participantes. Éste fue leído por el periodista Pedro Trapiello, quién en presencia de numerosos representantes de las juntas vecinales recordó que “el 55% de las tierras leonesas se encuentran actualmente en manos de los consejos”. Lo que equivale a decir que 3,5 millones de hectáreas podrían pasar a manos de los municipios con mayor número de habitantes, de la diputación en de las comunidades autónomas, y – denunció – “sobre todo del interés privado”.

El texto del manifiesto fue muy crítico con el proyecto de Reforma de la Administración local, al que acusó de pretender “generar negocio para una banda de especuladores acabando con el medio rural”. Trapiello advirtió también sobre el peligro a perder su personalidad jurídica que corren las pedanías, y con ella su patrimonio, pero también sus aprovechamientos y servicios públicos. Alargó su intervención defendiendo la continuidad de los “ancestrales consejos”, para acabarla con un “sí a la democracia y al gobierno del pueblo”.

Terminada la manifestación se procedió a una recogida de firmas promovida por la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y los grupos 15M de León y Toma la Calle.

Un ecologista en El Bierzo.

Manifiesto en defensa de los concejos y las entidades locales menores.

”En el Estado Español existen más de 3.700 entidades locales menores, la mayoría en el norte, siendo leonesas una tercera parte. Sin embargo, nos llamemos parroquias rurales, pedanías, juntas vecinales y concejos, o entidades locales menores en general, – según nos encontremos en Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria, Navarra, Euskadi o en cualquier otro lugar -, todos compartimos una misma realidad: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA y que, leyes aparte, son instituciones tradicionales conformadas secularmente”.

¡No a la supresión de las entidades locales menores!

“Esta ley, que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que será defendida por el diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza de supresión de todas las entidades locales menores, el expolio de sus bienes comunales (que pasarían a los Ayuntamientos), el control de la gestión de sus servicios por parte de las diputaciones o las CCAA y la imposición de un plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas”.

¡No a la privatización de servicios!

“Si esta Ley se aprobase, una diputación o una CCAA tendría capacidad, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los servicios que ofrecen los ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán imponer su privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos impondrá el Ministerio de Hacienda”.

¡No al expolio de los bienes comunales!

“Las diputaciones y las CCAA, en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un Plan económico Financiero. Denunciamos el agravio consistente en que los ayuntamientos con déficit presupuestario puedan disolver sus entidades locales menores, cuyo patrimonio pasaría a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes culpables de esa mala gestión seguirían conservando sus cargos”.

“Si esta ley se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades locales menores, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo de los servicios que presta. Los criterios para realizar el cálculo nuevamente serán impuestos por el Ministerio. En el caso de un mínimo déficit en cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser disueltas”.

”Los concejos, pedanías, juntas vecinales y parroquias rurales, muchos de ellos se remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin duda, la manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De hecho, en la mayoría de estas entidades, los habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo y los vocales de su junta vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones, nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno de turno”.

“Las juntas vecinales son, en gran parte, responsables además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la leña de los montes de su propiedad, la administración, o el prorrateo o alquiler de los pastos de sus prados. Son incluso los responsables de los campos santos, e incluso de las escuelas donde aún se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de las entidades locales menores, al menos el 55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos, que por otro lado son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son propietarias de 3,5 millones de hectáreas”.

“Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio de la historia hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los ayuntamientos. Un robo premeditado y diseñado para asaltar la democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando con el mundo rural”.

“Las entidades locales menores, además, no tienen deudas y sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos”.

“Por estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las diputaciones, en algunos casos de las CCAA y el sector privado, donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. Lo que significa un ataque incruento a la tradición de nuestros concejos, pedanías y parroquias rurales, que por derecho, por trabajo y por historia nos pertenece. Un proceso que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas.

– Que el régimen de las entidades locales menores, tal y como ha dictaminado el consejo de Estado, sea esencialmente autonómico o foral, y tienen que ser las comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico principal.

– Que es esencial mantener el carácter de entidad local, como verdaderas administraciones públicas territoriales, con plena personalidad jurídica.

– Que es absolutamente inadmisible que se pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o déficit del municipio en cuyo territorio se encuentre.

– Que es necesario flexibilizar los plazos de rendición de cuentas, simplificando su formato y procedimiento, integrando estos procesos en un esfuerzo por fomentar y financiar la modernización y adopción de la Administración electrónica por las Entidades locales menores.

Nos comprometemos a seguir trabajando de manera horizontal y coordinada, por la defensa del común y de la autonomía local, por los servicios de calidad, por la sostenibilidad de nuestro trabajo, avanzando hacia el modelo de concejo abierto, garantía de participación vecinal y mantenimiento del común.

¡No al expolio de nuestros pueblos! ¡No a la supresión de los concejos, pedanías, juntas vecinales o parroquias rurales! ¡Si a la democracia y al gobierno del pueblo!”

Comunicado de la manifestación en Defensa de las Juntas Vecinales. León. 20/10/13.

Más de 3.000 personas de todo el noroeste se manifiestan en León a favor de las juntas vecinales. 20/10/13. Elnortedecastilla.es.

Todo el noroeste exigirá en León la pervivencia de las pedanías. 14/10/13. Uniondelpuebloleones.es.

500 cántabros participarán en León en la manifestación por las juntas vecinales. 19/10/13. Europapress.es.

Ecobierzo defenderá mañana la persistencia de las Juntas Vecinales en la manifestación prevista en León. 19/10/13. Ecobierzo.wordpress.com.

En defensa de las Juntas Vecinales. 19/10/13. Bierzocomarca.eu.

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