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Gallardón rectifica y permitirá disfrutar de la justicia gratuita a las asociaciones medioambientales

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama - Velilla. Fuente: lne.es.

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama – Velilla. Fuente: lne.es.

El Partido Popular (PP) dio marcha atrás y rectificó ayer (día 29) en el Congreso su negativa a facilitar asistencia judicial gratuita a las asociaciones medioambientales, con independencia de sus recursos económicos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respondió así a las enmiendas a la totalidad presentadas por seis grupos de la oposición. Gallardón adelantó que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales “definido en su propia normativa” y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.

“Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga”, señaló el político, defendiendo una norma que para él supone “un avance social considerable”.

Las organizaciones ecologistas se sumarían así a los sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo que ya incluía el borrador del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Un texto que reconoce además la protección a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Tras esta declaración las asociaciones conservacionistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han apresurado a felicitar al ministro. En una nota de prensa han añadido, además, que las ONG ecologistas son “las mejores garantes” de la protección ambiental en los tribunales.

En el comunicado los conservacionistas han recordado también que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que supone un coste inasumible para las oenegés ambientales, y la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, que obliga a los magistrados a imponer las costas a las oenegés, hacen prohibitivo que éstas acudan a los tribunales. Ante tal situación la única oportunidad que quedaba era la de acogerse a la justicia gratuita. Una posibilidad que el nuevo proyecto de ley limitaba.

¿Globo sonda o error ministerial?

Hace tres semanas critiqué este proyecto aberrante. Denuncié que dejaba en el desamparo a muchas asociaciones ecologistas, o simplemente ciudadanas, a la hora de denunciar infracciones o delitos medioambientales. Ahora llamo la atención sobre algunos titulares periodísticos, que dicen que se amplía un derecho cuando en realidad simplemente se mantiene.

Logo. 'Sama-Velilla No'. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo.

Logo. ‘Sama-Velilla No’. 2009. Unecologistaenelbierzo.com.

La reforma, lógicamente, levantó ampollas entre los conservacionistas y hubo quien (entre ellos yo mismo) vio en el nuevo proyecto de ley un intento más del Gobierno de facilitar a las empresas la ejecución de algunos proyectos altamente depredadores del territorio, como lo es, por ejemplo, la línea de muy alta tensión eléctrica Sama-Velilla, por citar alguno.

De hecho, la propuesta del ministro ha sido un caballo de batalla de las organizaciones conservacionistas en los últimos meses, Éstas han criticado un borrador de ley que priva a las pequeñas organizaciones en defensa del medio ambiente de la posibilidad de litigiar por falta de recursos económicos.

Sin embargo, como entonces señalé, el proyecto tenía pocos visos de prosperar, principalmente porque atenta contra el Convenio de Aarhus (firmado por los miembros de la Comunidad Europea el 25 de junio de 2008), que garantiza el “acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Pero, incluso así, la cuestión no dejaba de ser preocupante puesto que obligaba al mundo ecologista a realizar una movilización que siempre es preferible dedicar a lograr algo nuevo que no a mantener lo ya conseguido.

De hecho, ciertas opiniones apuntaban a que la nueva propuesta del ministerio de Justicia podría impugnarse fácilmente por anticonstitucional. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Carlos González Antón, hizo unas declaraciones en este sentido, corroboradas por la también catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, Mercedes Fuertes López.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras la tala ilegal ordenada por el constructor F. Gómez. Foto: Juan M. Hernández.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras una tala ilegal. Foto: Juan M. Hernández.

Tales opiniones, sumadas a los avisos que ha debido recibir el ministro en este sentido, tanto de las grandes asociaciones medioambientales como probablemente de asesores gubernamentales, pienso que han debido influir definitivamente en que el ministro haya decidido rectificar su primera propuesta globo. Y también, posiblemente, el hecho de que su anterior propuesta de modificación de la ley del aborto ha levantado tal crispación y discrepancias, incluso dentro de las propias filas del PP, que han debido debilitar su posición.

El retroceso en derechos ciudadanos que la nueva reforma habría significado para la conservación del territorio contra agresiones indebidas está claro. La modificación de la ley afectaba a espacios protegidos de la Red Natura 2000, y que son los que se suelen ver habitualmente implicados en litigios medioambientales. Pero la reforma también atacaba gravemente al derecho constitucional a la salud, puesto que pequeñas asociaciones ecologistas se encuentran en muchas ocasiones en la base de protestas contra la contaminación del aire, la tierra o el agua.

Por suerte, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Reino Unido por no defender adecuadamente a una ciudadana que vio su derecho a la información y justicia en materia ambiental cercenado por parte de una empresa y del propio gobierno británico. Sin embargo, las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que imponen determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, como por obliga, por ejemplo, el tribunal europeo.

El anuncio de rectificación por parte del ministro es, desde luego una buena noticia. Aún así, las principales asociaciones conservacionistas llaman a la prudencia, pues habrá que esperar a que se conozcan las enmiendas definitivas del grupo popular.

Un ecologista en El Bierzo.

Manifestación. 'Fraqui go home'. Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Manifestación contra el fracking en Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Gallardón amplía la justicia gratuita a las oenegés ecologistas. 29/04/2014. Lavanguardia.com.

Gallardón rectifica y amplía la justicia gratuita a las asociaciones ambientales. 30/04/14. Diariodeleon.es.

ONG ecologistas celebran su incorporación a la justicia gratuita anunciado por Gallardón porque “era de cajón”. 29/04/14. Europapres.es.

Gallardón quiere blindar los grandes proyectos medioambientales obligando a pagar tasas millonarias a los ecologistas. 09/04/14. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 20/11/12. Boe.es. Pdf. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 14/07/98. Boe.es.

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El Consejo de Ministros aprueba un nuevo anteproyecto de Ley de Costas

Urbanismo. Ley de Costas. Especulación inmobiliaria en Murcia. Fuente: urbanismopatasarriba.blogspot.com.es.

Urbanismo. Ley de Costas. Especulación inmobiliaria en Murcia. Urbanismopatasarriba.blogspot.com.es.

El pasado viernes 13, el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó un anteproyecto que supone una auténtica convulsión para los cerca de ocho mil kilómetros de litoral español. De hecho, el pasado mes de enero el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya adelantó el anuncio de una reforma “profunda” de la Ley de Costas que, por entonces, encendió las alertas en las organizaciones ecologistas.

Sería ésta la primera gran modificación después de 24 años. El Gobierno la ha justificado señalando que es necesaria para dotar de seguridad jurídica a los cientos de miles de personas cuyos inmuebles están situados dentro del dominio público marítimo-terrestre. Y también para reforzar las medidas que permitan actuar contra los desmanes urbanísticos que, en las últimas décadas, han destrozado amplias zonas de la costa española.

Hace cinco meses, el 22 de febrero, el Senado aprobó una moción del Partido Popular (PP) sobre la reforma de la Ley de Costas que contó con el voto favorable de Convergència i Unió (CiU). En la actualidad, de acuerdo con la norma establecida por la ley 22/1988  -que es la que rige ahora-, las viviendas construidas dentro del dominio público antes de su entrada en vigor pertenecen al Estado. Es decir, que tras la aprobación legislativa los propietarios de esas viviendas pasaron a ocuparlas en un régimen de concesión de treinta años, prorrogable por otros treinta más. La reforma propone ampliar ese plazo en 75 años más.

Urbanismo. Ley de Costas. La Ría de Punta Umbría en Huelva. 2012. Huelvaya.es.

La Ría de Punta Umbría en Huelva. 2012. Huelvaya.es.

Con la nueva legislación los concesionarios podrán comprar y vender sus inmuebles, algo que hasta ahora tenían prohibido. Ahora bien, si se tratase de una concesión para alguna industria esa prórroga no sería inmediata, sino que precisaría de un informe ambiental que certifique que la actividad desarrollada no perjudique el medio ambiente.

Según el Gobierno, los cambios buscan ofrecer tranquilidad a los propietarios de estas construcciones y también ganar tiempo para que la Administración pueda llevar a cabo un trabajo de “deslinde” de los inmuebles no afectados por la reforma.

Destaco un aspecto que parece positivo en el nuevo proyecto, y es la inclusión de una cláusula que daría potestad a la Administración pública central para prohibir o paralizar la ejecución de una obra si considerase que ésta atenta contra la Ley de Costas. Incluso después de haber sido aprobada por algún ayuntamiento, como es el caso del de Carboneras (Almería). De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, calificó esta propuesta de “cláusula antialgarrobico”, en clara referencia al hotel del Cabo de Gata, convertido por los ecologistas en un símbolo del destrozo del litoral español. Todo apunta a que este inmueble, tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que señala que su construcción afecta a la zona de paso protegida, acabará siendo demolido.

Sin embargo, esta situación no es extrapolable a todos los lugares, ya que el Gobierno ha decidido excluir del dominio público-terrestre algunos espacios ya construidos, o incluso a toda la isla de Formentera. Según Ramos, porque “en tiempo de crisis no tenía sentido gastar presupuesto público en tirar abajo esas zonas y dejar fuera de sus casas a miles de personas”.

Los diez núcleos a los que no se verían afectados por la ley serían las barriadas históricas de Rocafel, Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Ampuria-Brava, Platja d’Aro (Gerona), la ría de Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia), núcleos que fueron incluidos en el dominio público con la ley de 1988. En estos lugares los propietarios pasarían a ser titulares de sus viviendas.

Criticas ecologistas al anteproyecto de ley.

Campaña de Greenpeace para exigir la demolición del hotel de El Algarrobico. 2011. Fuente: greenepeace.org.

Campaña de Greenpeace para exigir la demolición del hotel ‘El Algarrobico’. 2011. Greenepeace.org.

Durante las dos últimas décadas el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación, han contribuido a destruir diariamente el equivalente a una superficie de ocho campos de fútbol en la costa. Son 7,7 hectáreas de litoral eb las que cada día, durante este largo periodo, las constructoras se han dedicado a levantar urbanizaciones o crear suelo industrial y comercial. Y ni siquiera el estallido de “la burbuja inmobiliaria”, en el año 2010, consiguió frenar esa construcción masiva, ni tampoco el acoso a los últimos espacios vírgenes del litoral. Hoy ya casi inexistentes.

Actualmente un 44% de la población española vive en la costa, que en términos territoriales representa menos del 7% del país, lo que evidencia y supone una gran presión sobre la franja litoral. De hecho, en algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables.

Para Anna Rosa Martínez, la portavoz de Greenpeace en Cataluña, la reforma proyectada supone una “oportunidad perdida de adaptación a las nuevas realidades del cambio climático” y también un invitación a la especulación en la costa marítima. Además, Martínez criticó un anteproyecto que su organización ve como una “amnistía” concedida a las casas construidas en la orilla de las rías, ya que en estos espacios la zona de protección se ampliará de cien a ciento veinte metros.

“La valoración que hacemos es negativa, porque en una país en el que estamos viviendo una crisis debido a la burbuja inmobiliaria se está dando el peor de los mensajes”, ha señalado la portavoz ecologista, que ha criticado también que la nueva ley permita construir en dunas muertas. Es decir, en aquellas que se encuentran tierra adentro y cuyo suelo está consolidado con la presencia de vegetación.

Según la organización ecologista “actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Naciones Unidas estima que España ha derrochado, debido al urbanismo y a la contaminación, un 62% de los beneficios económicos y ambientales de la costa”.

Por otra parte, los ecologistas critican que el proyecto de reforma actual tampoco tenga en cuenta la amenaza a la que se enfrentan las localidades ribereñas debido al cambio climático. Una nueva situación que podría suponer que el Estado tuviera que asumir un coste de 3.415 millones de euros de aquí al año 2100 debido a la intensificación de los temporales y la subida del nivel del mar.

A destacar que otras organizaciones ecologistas, SEO/Bird Life, WWF España y Ecologistas en Acción, también han valorado negativamente el nuevo anteproyecto de Ley de Costas.

El hotel de El Algarrobico, cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.blogspot.com.es.

El hotel ‘El Algarrobico’, cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.com..

Comparto más las tesis ecologistas que las del Gobierno, aunque participe en algunos aspectos de los puntos de vista de ambos. Con los primeros me alineo en la consideración de que la nueva Ley de Costas debería contemplar la inclusión de una fiscalidad ambiental, a modo de ecotasa, que revirtiera en la conservación del litoral y de sus servidumbres de protección. Una inversión necesaria que sociabilizaría los beneficios privatizando los gastos, que es justo lo contrario de lo que sucede en la actualidad. Por otro lado, como ya señalé anteriormente, me parece positiva y adecuada la nueva potestad que se quiere atribuir el Gobierno para frenar los proyectos municipales medioambientalmente abusivos. Además,  me parece evidente que,  en plena crisis económica del país, después de siglos de existencia ciertos errores, estos resultarían ya excesivamente costosos de enmendar. Por lo tanto, en lo que insistiría es que a partir de ahora miremos de controlar y recuperar lo que todavía está a nuestro alcance. Es decir, lo que sensatamente podamos.

Terminaré este artículo informativo y de opinión con un apunte. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha convocado el Consejo Asesor de Medio Ambiente (donde están representadas las organizaciones ecologistas) para el próximo día 24 de julio, para que los expertos de estos colectivos puedan plantear sus dudas al anteproyecto de ley.

Un ecologista en El Bierzo.

Ley de Costas. Urbanismo. Desmanes urbanísticos en la costa balear. 2012. Fuente: tercerainformación.es.

Ley de Costas. Urbanismo. Desmanes urbanísticos en la costa balear. 2012. Fuente: tercerainformación.es.

Greenpeace cree que la Ley de Costas es un paso atrás. 16/07/12. Europapress.es. Video.

Ecologistas acusan al Gobierno de hacer una reforma de la Ley de Costas “a medida”. 13/07/12. Europapress.es.

Ecologistas en Acción cree que la reforma de la ley de costas es una “privatización encubierta” del litoral. 16/07/12. Eleconomista.es.

Greenpeace habla sobre la reforma de la ley de costas. 15/07/12. Abc.es. Video.

Ciu y la ley de costas: El acoso al interés público. 24/02/12. Greenpeace.org.

Destrucción a toda costa 2013. 09/08/13. Greenpeace.org

Piden la protección de la costa al Parlamento Europeo. 23/03/10. Tercerainformacion.es.

Destrucción a toda costa 2013. 09/08/13. Youtube.com. Greenpeacespain.

Destrucción del litoral. El país TVE. 15/03/10. Youtube.com. Paternac26.

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian el grave atentado que supone la Ciudad del Medio Ambiente para el complejo arqueológico de Numancia

Si ayer denunciaba la política de hechos consumados de la Diputación de Valladolid en el proyecto ilegal de  “Meseta Ski” hoy me toca hacer lo mismo con otro proyecto promovido por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Soria.

Siento mi corazón compungido ante la certeza de que, en muchos lamentables casos, hemos dejado nuestras derechos, autonomías y ciudades, en manos de unas personas deshonestas e incapaces de respetar las leyes de este país.

Sin pretender ir más lejos señalaré que el PGOU de Soria, el mismo que dio vía libre al proyecto del polígono Soria II en el pleno celebrado el día 22 de diciembre de 2006, presidido por su alcalde Carlos Martínez Mínguez, fue modificado sin un preceptivo informe de sostenibilidad ambiental, como señala el diario ‘Abc’.

La familia Marichalar, propietaria de una finca afectada por la expropiación, realizó una comparativa de crecimiento de la demanda de suelo industrial en Soria desde el año 2000 al 2006. El estudio concluyó con que la provincia soriana doblaba incluso la oferta de suelo industrial disponible en Valladolid.

Una conclusión que discrepaba totalmente con los datos aportados por la Junta y publicados en el BOCYL del mes de marzo de 2007. En éste aparece entre los argumentos esgrimidos para la modificación del suelo que se “lograría un incremento en la superficie de suelo industrial (soriano) del 26%, pues en el mismo existen tan sólo 450 hectáreas de uso industrial (103 en las Casas I y II, 269 en Valcorba y 78 en la Veguilla)”.

Tras la aprobación por la Junta del Polígono industrial  Soria II éste pasó a disponer de 11.700 hectáreas  hasta entonces  calificadas como suelo rústico, adjudicándose a la empresa pública Gesturcal la responsabilidad de la construcción del polígono industrial.

Los ecologistas denuncian irregularidades.

Cuatro de las principales entidades ecologistas de este país, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han denunciado conjuntamente las irregularidades que se están cometiendo en el Soto de Garray, al lado de las ruinas de la mítica Numancia, el poblado al que Roma, con todo su poderío militar, no logró doblegar.

Las ruinas de Numancia aparecen hoy todavía sin apenas excavar, pese a que fueron nuestro primer Monumento Nacional (así declarado por Real Orden de 25 de Agosto de 1882). Algo que no parece afectar a nuestros gobernantes, empeñados en destruir un legado tan valioso del patrimonio histórico de este país. Son muchos los que consideran que los proyectos actuales para la zona pueden tener consecuencias irreversibles para el complejo arqueológico.

El caso es que la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz Ruiz, es soriana. Una consideración que nos hacía albergar alguna confianza en la posibilidad de una actuación desde una sensibilidad diferente ante la necesidad de preservar este importante retazo de nuestra historia.

Burla al proceso de participación ciudadana en asuntos públicos.

Las organizaciones ecologistas han denunciado las continuas irregularidades en el procedimiento relacionado con la construcción de la llamada ‘Ciudad del Medio Ambiente’. Entre ellas, la licitación de la contratación de las obras de urbanización del Sector 1, el 2 de julio de 2009, sin estar aprobado el proyecto. Pero también el inicio de las obras de un proyecto urbanístico que todavía está en trámite de información pública. Hechos que, para los ecologistas, “suponen una burla al proceso de participación ciudadana en asuntos públicos”.

Las organizaciones medioambientales consideran el proyecto ilegal, y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Soria, solicitando la paralización cautelar de las obras y reclamando “las responsabilidades oportunas”. Por otra parte, los grupos conservacionistas recuerdan que, en estos momentos, la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, estando el expediente concluso y pendiente de resolución.

Daños al Soto de Garay y a Numancia.

Las organizaciones denunciantes advierten nuevamente del riesgo de inundación que corre más de la mitad de la superficie que se pretende construir en el Soto de Garray, como así lo ha corroborado recientemente un avance del Programa LINDE de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Este estudio reconoce la menor precisión de estudios de inundabilidad anteriores, que son los que la Junta de Castilla y León ha utilizado para justificar la recalificación de terreno rústico de protegido a urbanizable en Soto de Garray.

Las organizaciones ecologistas han remitido a los organismos competentes un escrito pidiendo la paralización de la Ciudad de Medio Ambiente por presunta prevaricación, una vez reconocido el riesgo de inundación del complejo urbanístico que la Junta de Castilla y León pretende construir.

El Soto de Garray constituye una llanura de inundación formada por el río Duero en las proximidades de Soria. Sus condiciones de humedad han mantenido usos ganaderos tradicionales y ecosistemas de alto valor natural, como el abedular de llanura más meridional de Europa, y un alto grado de biodiversidad. El corredor del río Duero en esta zona está protegido por la Directiva Hábitats (LIC/ZEPA)“, informan los ecologistas.

Las organizaciones protectoras de la naturaleza alertan de que la construcción de la Ciudad del Medio Ambiente supondrá un grave atentado contra el complejo arqueológico de Numancia, que además, -denuncian- “se verá agravado por la construcción del Polígono industrial Soria II, pendiente de aprobación”.

Los ecologistas han podido saber de la existencia de “un Estudio de Impacto Ambiental sobre la construcción del Polígono Soria II realizado por la propia Junta de Castilla y León, que calificaba el proyecto como muy negativo y que fue censurado y sustituido por otro para acompañar la aprobación de la Ley del Soto de Garray“.

De hecho, el Procurador del Común promulgó un dictamen en contra los proyectos que afectan a Numancia apelando a la defensa del paisaje en sí mismo y por considerarlo un recurso digno de protección. Y el pasado jueves, 15 de octubre, se hizo pública la sentencia por la cual se paraliza la expropiación de los terrenos para la construcción del Polígono industrial Soria II por las afecciones del proyecto al patrimonio numantino.

Todo este conjunto de actuaciones supondrá la degradación del entorno de lugares emblemáticos de importancia fundamental. Aquí se pueden estudiar los campamentos romanos mejor que en ningún lugar de la Península Ibérica. Se trata también de un entorno paisajístico recreado en obras de grandes literatos como Cervantes y Machado“, señalan los ecologistas.

Por todas estas consideraciones las organizaciones ecologistas exigen la paralización del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente y del Polígono industrial Soria II, al considerar que también afectarán al complejo arqueológico e histórico de Numancia.

Los ecologistas también se suman a la solicitud para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declare el entorno numantino Patrimonio de la Humanidad. Una petición que está impulsada por importantes universidades y centros de investigación, como por ejemplo la Universidad de Hamburgo, las Reales academias de Historia y de Bellas Artes de San Fernando y la UNED, que han manifestado su rechazo a los proyectos actuales, tachándolos de “irresponsables”.

Un ecologista en El Bierzo.

Comunicado conjunto de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

La Junta de Castilla y León ha iniciado la demolición de edificios históricos en el espacio natural del Soto de Garray sin haber concluido la fase de información pública del proyecto de urbanización de la Ciudad del Medio Ambiente. Este proyecto y la construcción del polígono industrial Soria II causarán un daño irreversible al valioso Soto de Garray y al complejo arqueológico e histórico de Numancia.

El pasado 23 de septiembre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sacó a información pública el proyecto de urbanización Sector 1 de la que ha dado en llamar la Ciudad de Medio Ambiente. El mismo incluye viviendas unifamiliares, mixtas y de protección oficial, además de sistemas dotacionales para fines docentes y de investigación, institucionales y deportivos. La superficie aproximada es de 129,92 hectáreas del Soto del Garray. Todo el sector está integrado por una única unidad de actuación.

Sin embargo, en un alarde de desprecio hacia el patrimonio natural y cultural, la Junta de Castilla y León ha iniciado las obras por la vía de los hechos consumados. Estas obras suponen la destrucción de 46 nidos de cigüeña blanca (especie protegida legalmente y segunda mayor colonia de la provincia de Soria) y la destrucción del patrimonio histórico constituido por edificios y diversas construcciones vinculadas a un aeródromo de la guerra civil española“.

Nota: En 2010 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la ilegalidad de la expropiación de la finca El Cabezo, propiedad de la familia Marichalar, por parte del Ayuntamiento de Soria (PSOE) para construir allí el Polígono industrial Soria II, argumentando que se había producido indefensión al no ser notificada correctamente.

En 2013 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León que amparaba la construcción del proyecto urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente.

En el momento de la sentencia, según señala el diario ‘El País’, el valor de las obras ilegalmente ejecutadas se elevaba a 52 millones de euros de dinero público. Entre otras consideraciones el alto tribunal señala que la Junta de Castilla y León Castilla y León (PP) se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos al impedir recurrir el plan urbanístico.

Castilla y León tramita como ley urgente una gran urbanización en suelo protegido. 13/03/07.  Elpais.com.

La familia Marichalar rechaza que en sus tierras se levante el polígono industrial Soria II. 19/10/07, Elnortedecastilla.es.

El nuevo asedio de Numancia. 04/02/08. Terraeantiqvae.blogia.com.

El delegado de la Junta en Soria acusa a las academias de que “se dejan manipular”. 05/02/08. Abc.es.

La UNED promueve que Numancia sea declarada Patrimonio de la Humanidad. 13/04/08. Abc.es.

Impacto paisajístico del Polígono Industrial de Soria II. 24/07/08. Archive.is.

Cerco urbanístico a Numancia y al Soto de Garray.  Oct. 2009. Ecologistasenaccion.org.

La Junta revisará el cerco a Numancia. 19/10/09. Abc.es.

Numancia se libra del polígono industrial. 12/06/10. Abc.es. http://terraeantiqvae.blogia.com.

 Numancia. 05/10/10. Youtube.com. Bapiga.

El incendio de un transformador eléctrico en la central nuclear de Garoña demuestra que prolongar su vida útil ha sido un error

El 10 de agosto, en un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han vuelto a exigir al Gobierno español el cierre inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña, al tiempo que han denunciado las presiones del lobby nuclear para evitar el cierre de la obsoleta planta situada en el valle de Tobalina (Burgos).

La denuncia de este amplio conjunto ecologista español coincidió con la difusió de un comunicado en el que se informaba sobre un nuevo incidente sucedido en la planta nuclear ese día: “Hoy se ha incendiado un trasformador eléctrico, ubicado dentro del recinto, aunque fuera del edificio. El fuego ha creado una columna de humo detectada por algunos vecinos, como ocurrió el pasado 1 de abril cuando se procedía a arrancar la central tras la parada de recarga que hizo en marzo”.

Este suceso fue silenciado por Nuclenor, la empresa gestora dela central de Garoña, y sólo pudo conocerse porque Greenpeace y Ecologistas en Acción informaron públicamente sobre él unos días después, tras ser avisados por los habitantes de la zona. Un hecho que pone en evidencia que para algunos la seguridad pública difícilmente se antepondrá a sus intereses empresariales.

Por desgracia, esta consideración se extiende hasta el mismo Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que los ecologistas presentan como encubridor, – o al menos en el pasado-, de algunos fallos acaecidos en centrales de Endesa e Iberdrola en Cataluña. Recuerdo que en aquella ocasión, y ante la extrema gravedad de lo sucedido en Tarragona, el gobierno de la Generalitat exigió el cese de la presidenta del Consejo, María Teresa Estevan Bolea. Desde luego son unos hechos que hacen que se planteen dudas razonables sobre la imparcialidad del mencionado organismo y su compromiso con la protección de las personas.

A estas circunstancias hay que sumar al cúmulo de accidentes ocurridos durante los últimos meses en la central nuclear de Garoña, que demuestran fehacientemente una escasa seguridad. Además de la parada forzosa del pasado 23 de abril (debida a un fallo en el generador principal), dos semanas antes, concretamente el 6 de abril, se produjo otra parada no programada debido al mal funcionamiento en una de las válvulas de seguridad de la planta nuclea. Un problema “que viene de lejos y nunca ha sido resuelto satisfactoriamente”, según Greenpeace.

Por estas consideraciones, tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace, han vuelto a denunciar la irresponsabilidad que significa la decisión gubernamental de prolongar la vida útil de esta vetusta instalación, y criticado que “con esta deplorable decisión, el Gobierno ha decidido seguir exponiendo a la población y al medio ambiente al riesgo de sufrir un accidente nuclear”.

Para los ecologistas la central nuclear de Garoña, diseñada en los años 60 y equipada con un reactor “fuera de normativa” es portadora de “riesgos de consecuencias imprevisibles” que no estamos dispuestos a aceptar.

Continúan las presiones de las eléctricas contra el cierre de Garoña.

Los servicios jurídicos de Iberdrola y Endesa, propietarias conjuntamente de Garoña, no han podido disfrutar de vacaciones este año. La culpa la tiene el recurso contencioso administrativo que las eléctricas han decidido presentar ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de proceder al cierre de la nuclear. Para hacerlo, disponen de dos meses desde la publicación en el BOE, – el 3 de julio -, de una orden ministerial prolongando la vida de la central hasta 2013. Cuatro años más y no los diez que han solicitado los propietarios de Garoña y que  el Consejo de Seguridad Nuclear avaló.

Vuelco a la argumentación jurídica inicial de Nuclenor.

Hasta ahora los abogados de Nuclenor habían centrado sus argumentos en “la arbitrariedad” de la decisión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en que fuera “contraria a derecho”. Pero ahora creen haber encontrado un resquicio legal para sus intenciones en el hecho de que los procedimientos normativos para las renovaciones de las centrales nucleares sólo albergan la posibilidad de prórrogas de diez años, y no de cuatro como finalmente ha aprobado el Ministerio de Industria presidido pòr Miguel Sebastián.

Nuclenor pone en entredicho el último informe del CSN.

Los servicios jurídicos de Nuclenor ponen en duda la legalidad del “informe complementario” solicitado por el Gobierno al CSN pocos días antes de que éste aprobase la prórroga de cuatro años. A éste le contraponen el informe anterior, en el que trabajaron 250 técnicos durante tres años, y en el que se aseguraba que –aportadas ciertas modificaciones – la central podría prolongar su vida útil durante otros diez años más.

En este último recurso, -que ha de presentarse obligatoriamente antes del 3 de septiembre-, Iberdrola y Endesa podrían exigir al gobierno una indemnización de hasta mil millones de euros. Que, como siempre recuerdo, acabaríamos pagando entre todos los contribuyentes. Y para dejar bien patente su enfado, han decidido revisar sus planes de inversión en el sector eléctrico hasta que los socialistas no aclaren cuál va a ser su política nuclear futura. Presionan así al Gobierno, ya que muy pronto, -entre el 2010 y el 2011-, se verá obligado a proceder a la renovación de las licencias de operación de seis reactores y, además, las elecciones generales del 2012 son ya un horizonte cercano.

Entre tanto, las eléctricas disgustadas por lo que consideran un ataque a sus previsiones económicas, han montado una campaña de desprestigio del gobierno socialista, al que acusan de intentar restar credibilidad al CSN por desautorizar su informe inicial. Estos caraduras obvian mencionar que la ley otorga al Ejecutivo discrecionalidad absoluta sobre la decisión de mantener o cerrar Garoña, y que el susodicho informe tampoco era vinculante. Y también se olvidan de citar la promesa electoral socialista de proceder al cierre definitivo de la central una vez ésta cumpliese su plazo de vida útil, calculado actualmente en cuarenta años.

Para mí, la conclusión principal de todo esto es la constatación de la poca importancia que las eléctricas, – y por desgracia muchas otras grandes empresas -, conceden a nuestra seguridad, obcecadas como están en conseguir los mayores réditos posibles para sus accionistas. Caiga quien caiga.

Posicionamientos ecologistas.

A los ecologistas tampoco les ha satisfecho la salomónica decisión gubernamental de prolongar en dos años más el plazo de la vida útil de la central. Tras el fracaso de la campaña para forzar el cierre definitivo de la nuclear en la fecha comprometida, las organizaciones antinucleares más influyentes, -como por ejemplo la Coordinadora Estatal Antinuclear-, han amenazado con recurrir la decisión gubernamental ante los tribunales. Y no se han mordido la lengua a la hora de criticar al Ejecutivo.

De esta manera, Ecologistas en Acción ha reaccionado concediendo un Premio Atila extraordinario a José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión tal vez excesiva, y que personalmente atribuyo a la gran presión política que se vive en estos momentos dentro del colectivo ecologista en general. Zapatero siempre manifestó su postura personal antinuclear, pero después no ha sido capaz de oponerse con la firmeza necesaria al lobby pronuclear. Un hecho que le ha granjeado la enemistad de las organizaciones ecologistas. 

XXX Marcha a pie contra Garoña, el 30 de agosto, desde Barcina del Barco (Burgos).

Al grito de “Garoña, cierre ya”, la Coordinadora Estatal Antinuclear y la Coordinadora contra Garoña organizan, una vez más, una marcha que alcanzará su trigésima edición en esta ocasión. Los manifestantes, que critican la decisión del Gobierno de mantener en funcionamiento la nuclear hasta el año 2013, saldrán de Barcina del Barco (Burgos), el núcleo urbano más próximo a la central, el domingo 30 de agosto a las 12 horas de la mañana, para finalizar su recorrido frente a las puertas de la misma central.

Marcha – excursión contra Garoña en bicicleta: el 28 de agosto de 2009, desde Bilbao.

Los manifestantes burgaleses se verán respaldados en su marcha por la presencia de ecologistas venidos en bicicleta desde Bilbao. Allí, Ekologistak Martxan, con la colaboración de la asociación de ciclistas urbanos Biziz Bizi, está preparando un recorrido en bicicleta que atravesará los pueblos vascos más directamente afectados por un posible accidente en la central de Garoña.

Saldrán el viernes 28 de Bilbao y Orduña (cerca de Bilbao), participarán el sábado 28 en la ‘Bajada del Ebro’ que organizan los colectivos de Miranda para exigir un río vivo, y se terminarán su itinerario reivindicativo frente a la central de Garoña. El programa completo puede solicitarse a komunikazioa@ekologistakmartxan.org o info@bizizbizi.org. Tras la manifestación está previsto celebrar una comida popular.

Autobús directo desde Bilbao a Barcina del Barco.

Además, Ekologistak Martxan ha organizado un autobús para trasladarse a la marcha antinuclear. Saldrá de Bilbao el mismo domingo 30 de agosto (9:45 h. en el Arenal) y de Vitoria – Gasteiz (10:30 h. en Palacio Europa). Para apuntarse hay que llamar al 944 79 01 19 o enviar un correo a Ekologistak Martxan.

Un ecologista en El Bierzo.

La central nuclear de Garoña sufre un nuevo accidente.  10/08/09. Greenpeace.org.

La Generalitat pide el cese de la presidenta del CSN por Vandellós. 27/04/05. Diariocordoba.com.

El CNS reconoce que ha habido más fugas en Ascó anteriores a la del pasado 26 de noviembre de 2007 (en catalán).02/07/08. Blogcanc.blogspot.com.

La coordinadora estatal antinuclear recurrirá en los tribunales la decisión del gobierno de prorrogar 4 años la vida de la central nuclear de Garoña. 04/07/09. Infopatrocinios.com.

Denuncian el incumplimiento del PSOE de la promesa de cierre de nucleares. Julio 2009. Ecologistasenaccion.org.

Barcina del Barco: XXX Marcha contra Garoña. 30/08/09. Ecologistasenaccion.org.

Bilbao: Marcha-excursión de bicicletas contra Garoña. 28/08/09. Ecologistasenaccion.org.

Garoña, la central nuclear de las mil y una grietas. 02/06/09. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Bianca Jagger y Greenpeace se muestran favorables al cierre de Garoña. 12/06/09. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Los ecologistas reivindican el cierre de Garoña, mientras el Gobierno encarga al CNS informes para una posible prolongación de la vida útil de la central nuclear. 22/06/09. unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Garoña, la central nuclear de las mil y una grietas

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo día 5 de junio, Bierzo Aire Limpio ha convocado una concentración de protesta en Ponferrada contra la incineración de residuos en Cosmos. La cementera persiste en su  empeño de quemar residuos, algo que resulta perjudicial para nuestra salud y la economía comarcal, y todos estamos llamados a manifestarnos.

También, este mismo viernes está previsto que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haga público su informe sobre la situación técnica de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Desde mi casa, sentado frente al televisor, asisto atónito al cruce de declaraciones enfrentadas sobre el futuro de esta planta nuclear, sobre su cierre o futura continuidad.

Televisión de Castilla y León me ha mostrado las imágenes de cierta consejera y las de un secretario de no sé qué institución (porque al final, “ellos” son para mí un revoltijo de caras, nombres y cargos, que no acabo de retener por mi memoria), que han intentando convencerme de la bondad de mantener abierta la central nuclear. De lo que deduzco que trabajan para la Junta. Aseguran que si ésta cierra los costes de producción de la energía eléctrica alcanzarán precios estratosféricos (como si no los hubiese hecho ya desde hace tiempo), y me hacen comprender que, si eso llegara a suceder, yo acabaré siendo más pobre que una rata. Es decir, aún más miserable de lo que soy ahora. Cosa que, vista mi situación, se me antoja harto difícil ya.

Ya puestos a manipular, el comentarista del canal regional suelta de paso, y como quien no quiere la cosa, que en Francia el 80% de la energía eléctrica es nuclear ¡y vamos, que allí no pasa nada! Para a continuación aterrarme con la amenaza de que Nuclenor, la propietaria de Garoña, constituida por las hermanísimas Endesa e Iberdrola -ya que parece que para el business no existen fronteras  y en este asunto no han tenido reparos a la hora de darse la mano al 50%-, pedirá al gobierno indemnizaciones millonarias si hay cerrojazo.

Ambas empresas, que nos llevan esquilmando desde hace años con tarifas exageradas, y que poco tienen que ver con las aplicadas en Europa, o en la Francia que acaba de citar el presentador, amenazan con dejar las arcas del gobierno más vacías que el bolsillo del mendigo si no les permite continuar trabajando.

¡Bravo por la información independiente de los medios de comunicación!, pienso yo. ¿No será que Endesa e Iberdrola se están poniendo nerviosas ante el anuncio gubernamental de liberalizar el sector de la energía a partir del próximo mes?

Garoña, una central nuclear más que amortizada.

La central nuclear de Garoña fue inaugurada por Franco en 1971. Es la más antigua de España y por esto entiendo que sus costes están más que amortizados después de casi cuarenta años en funcionamiento. Así, ¿a qué cuento viene amenazar al Gobierno con pedirle no sé cuantas indemnizaciones? ¿Será porque el permiso de explotación de la nuclear finaliza en julio de este año – dentro de menos de dos meses – y están molestos porque los ecologistas han desatado una fuerte campaña que denuncia los graves problemas de seguridad de la planta? En su afán de obtener mayores beneficios sus propietarios han solicitado al Gobierno una prórroga por otros ¡10 años más! Lo que alargaría la vida útil de la central a casi el medio siglo (48 años) y se agravanría temerariamente el riesgo de un posible accidente nuclear.

A Santa María de Garoña los ecologistas la llaman la “central de las mil y una grietas”, por las numerosas fisuras que afectan a diversos componentes de la vasija del reactor (que alberga el núcleo donde se encuentra el combustible de uranio). La nuclear ha sufrido tres accidentes en abril de este año y lleva ocho acumulados en lo que va de año. Se trata de una central obsoleta y su seguridad está más que en entredicho. Y sobre esa cuestión capital es sobre la que deberá  informar el CSN, en un informe que habrá de remitir a Miguel Sebastián, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, como a más tardar este próximo viernes.

No dude nadie que me preocupa la decisión adoptara el CNS. En caso de fuga radioactiva a mí también me afectaría, aun estando situada a doscientos kilómetros del lugar. Pero si he de serles sincero he de decirles que a mí, apegado como me siento a mi terruño, lo que realmente me gustaría saber es porqué los molinos eólicos plantados en el Becerril (y que tanto han fastidiado su maravillosa vista) estaban todos parados este domingo. ¿Acaso no es cierto que, según señala la ley, tienen preferencia de funcionamiento sobre las otras centrales productoras de electricidad?

El compromiso de Zapatero.

Pero retornemos a Garoña. Zapatero se comprometió en su campaña electoral a cerrar progresivamente las plantas nucleares si ganaba las elecciones. Y ésta es la promesa que los partidos de izquierda, y las organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, le exigen que cumpla ahora, sin más dilaciones, mientras denuncian la actitud de su ministro  favorable a los intereses de Nuclenor.  Una actitud un tanto sorprendente, especialmente si se considera que durante el año 2008 la producción eléctrica de Garoña fue de 4.021 GWh. Una cantidad desde luego irrelevante si se la compara con los 31.102 GWh. que aportaron al mix eléctrico las eólicas ese mismo año.

Por ello, el silencio del presidente español, al no anunciar el cierre de la central burgalesa en el Debate sobre el Estado de la Nación recién celebrado, resulta intolerable para los ecologistas. De hecho, Ecologistas en Acción ya ha dicho que “mantener Garoña abierta supondría una absoluta incoherencia con el compromiso adquirido”.

Los puestos de trabajo en peligro han vuelto a convertirse de nuevo – y más en la época de crisis económica actual – en el arma arrojadiza de algunos demagogos que  ya sabían, desde mucho antes, que la vida útil de la central nuclear llegaba a su final. Y, sin embargo, fueron incapaces de elaborar una alternativa para cuando esto sucediese.

En mi modesta opinión, el cierre de la central de Santa María de Garoña es totalmente recomendable desde el plano de la seguridad y, además, según publican las ONGs ecologistas perfectamente asumible por España desde un punto de vista energético. Desde luego, sería una grave responsabilidad olvidar los reincidentes problemas técnicos de la planta, prolongando arriesgadamente su vida útil por atender a los intereses de la industria nuclear.

Un ecologista en El Bierzo.

Nota: A finales de diciembre de 2012 Garoña dejó de producir electricidad, cesando su actividad en junio de 2013. Finalmente, su cese de explotación fue oficialmente decretado por el Gobierno el día 6 de julio de ese mismo año.

Sin embargo, no fue la preocupación por la seguridad la que llevó a Nuclenor  a clausurar una empresa cuyo funcionamiento alargaron -presionados por el lobby nuclear- tanto el gobierno socialista como el popular,más allá de la prudencia más elemental, sino el anuncio de un nuevo impuesto al combustible nuclear que suponía para Nuclenor un coste adicional de unos 152 millones de euros.

En enero de 2014, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante una intervención en el ‘Nueva Economía Fórum’, anunció la inminente aprobación de una reforma legal que permitiría volver a funcionar a la central nuclear si sus propietarios así lo decidían. Ésta se aprobaría en febrero de 2014 en Consejo de Ministros, permitiendo que en mayo del mismo año Nuclenor presentase al ministerio de Industria una solicitud para la reapertura de la central nuclear. Reapertura a la que el Parlamento vasco se apuso, pero que en Castilla y León contó con el respaldo de la Junta popular.

Exigen a Zapatero el cierre inmediato de la nuclear de Garoña. Noviembre, 2008. Ecologistasenaccion.org.

Cerrar Garoña ya, la única decisión coherente que puede tomar el Gobierno. Junio, 2009. Ecologistasenaccion.org.

Garoña inicia su última recarga ocultando sus problemas. Marzo, 2009. Ecologistasenacción.org.

El Consejo de Nuclenor ratifica el cese de la actividad de Garoña. 29/12/12. El país.com.

El Consejo de Seguridad Nuclear condiciona la solicitud administrativa de Santa María de Garoña. 24/05/2013. Cns.es.

El Gobierno ultima la reforma legal para reabrir Garoña. 14/01/14. Elpais.com.

Información sobre la central nuclear de Santa María de Garoña. Junio, 2013. Cns.es. Incluye el informe sobre la solicitud de renovación de la autorización de la explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Notas de prensa emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear sobre Garoña desde el año 2006 hasta la actualidad. Cns.es. La página web también incluye una amplia información sobre ésta en diversos archivos publicados en formato pdf.