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Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía arremete contra el Principio de Prevención Ambiental

Un buitre leonado abatido por una pala eólica en Andalucía. 2014.

Un buitre leonado abatido por una pala eólica en Andalucía. 2014.

Hace ahora dos años y medio el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) informó que el impacto estimado sobre la mortandad de aves considerado en los informes ambientales previos a la concesión de licencias de parques eólicos “no se corresponde con las cifras reales”. El Consejo hacía entonces referencia a un estudio internacional publicado en la revista ‘Journal of Applied Ecology’ y deducía del mismo que las administraciones públicas podrían haber estado concediendo permisos de construcción de parques de aerogeneradores basándose “en criterios erróneos”.

Cito ese trabajo porque, según la prestigiosa organización SEO/BirdLife, “a partir de este Decreto-ley un parque eólico con nueve aerogeneradores requerirá la misma normativa sobre la evaluación de su impacto ambiental que la apertura de una cafetería o una academia de baile”.

El enfado de la prestigiosa organización ornitológica tiene su origen en el reciente Decreto-ley 5/2014 aprobado por la Junta andaluza para promover la economía regional que, como es conocido, se encuentra en bancarrota. Andalucía conoce uno de los índices de paro del país, especialmente entre los jóvenes. Pero, incluso en esta situación, como repito con frecuencia, no todo vale.

Buitre leonado caído en el Parque eólico de Tarifa (Cádiz). Cocn.tarifainfo.com.

Buitre leonado caído en el Parque eólico de Tarifa (Cádiz). Cocn.tarifainfo.com.

Los conservacionistas consideran que la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía ha decidido decida “saltarse a la torera” el Principio de Prevención.

La noticia me la ha dado la Red de difusión de la Patrulla Ambiental del Pas 15M, voluntariado ambiental cantábrico que está realizando una excelente labor de difusión, ya que Seo/BirdLife nunca me ha remitido ningún comunicado, por más que yo le haya enviado decenas de ellos.

En la llegada de esta noticia hasta esta modesta redacción también ha mediado el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN), de Tarifa (Cádiz), una población que presenta la curiosidad de encontrarse a sólo siete metros por encima del nivel del mar. Otra particularidad es que en su término municipal se sitúa el cabo del mismo nombre, que sirve de divisoria de aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo. Tarifa es, de hecho, la ciudad europea más cercana al continente africano.

Dicen los amigos de COCN que apoyan comparten la opinión de SEO/BirdLife que la Consejería de marras debería pasar a llamarse “Consejería de Imprudencia”, ya que pretenden la “Reducción de burocracia e Incentivo económico” a costa del medioambiente.

Ambos grupos se quejan de que con esta ley la Junta pretende modificar por la puerta trasera la Directiva Hábitat 92/43/CE Red Natura 2000 de la Unión Europea. Vamos, que nos encontraríamos nuevamente ante lo de siempre, una situación que he denunciado hace poco como la gran –y nefasta para el medio ambiente- tentación de los políticos.

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. Portada página web. Mayo 2014.

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. Portada página web. Mayo 2014.

Señalan los tarifeños que entre los motivos que empujan a la Junta a aprobar el decreto en litigio se encuentra el recurso fácil a la “regulación económica”, como uno de “los instrumentos del Estado Social y Democrático para promover el bien común y defender en el mercado los intereses generales frente a los individuales”. Sin embargo, en COCN opinan que “el nuevo decretazo poco tiene que ver con democracia”, ya que no han participado en su elaboración los grupos ecologistas.

Como daño colateral del decreto observan que “da vía libre a la implantación de aerogeneradores en zonas importantes para la conservación de especies de aves o quirópteros que se ven especialmente afectadas por los parques eólicos”. Y señalan que pone en riesgo a “muchas sierras importantes que quedan totalmente expuestas a la libre implantación de parques eólicos sin necesidad de ningún trámite ni posterior plan de vigilancia ambiental”.

Aceptar tal posibilidad lo ven de gran imprudencia, ya que aseguran que esta zona es un importante pasillo de aves migratorias. Es más, la propia Junta ha reconocido la alta mortalidad de aves en Andalucía como consecuencia de los parques eólicos. Según datos compilados por ésta, sólo en la provincia de Cádiz, la mortandad producida por esta causa suma más de 2.000 aves desde 1993 hasta 2009, de las cuales la mayoría eran especies amenazas.

Guillermina Yanguas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 23 mayo 2012. casamerica.es.

Guillermina Yanguas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 23 mayo 2012. casamerica.es.

“En el Sur de España –señala COCN- se vive fundamentalmente del turismo, gracias a sus paisajes y naturaleza”, por lo cual considera que el decreto es una imprudencia innecesaria, al encontrarse nuestro país situado entre las tres primeras potencias eólicas mundiales por detrás de Alemania y los Estados Unidos.

El Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra estima que “con este decretazo se puede arruinar el presente y futuro medioambiental y por ende el turístico de Andalucía”. Motivo por el que ya han denunciado la situación ante la Comisión Europea y ante la directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas Montero, “esperando que comience a primar la sensatez sobre intereses económicos”.

 Un ecologista en El Bierzo.

La Junta de Andalucía vuelve a arremeter contra el Principio de Prevención Ambiental. 23/05/14. Conc.tarifainfo.com.

En Andalucía, implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán los mismos requerimientos ambientales. 13/05/14. Seo.org.

Aves caídas por año en la provincia de Cádiz por colisión con aerogenerador. Cnoc.

Aves caídas por año en la provincia de Cádiz por colisión con aerogenerador. Cnoc.

Los parques eólicos matan más aves de lo calculado. 21/09/11. Publico.es.

Los daños reales de los molinos sobre las aves. 20/09/11. Elmundo.es.

Más de 2.000 aves caídas en Parques eólicos es el balance de mortandad para la provincia de Cádiz. Cocn.

El TSJCyL da la razón a los ecologistas sobre el parque eólico ‘Quintana’ en la sierra de Gistredo

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJyL) ha declarado nula la autorización de la Junta para el parque eólico ‘Quintana’, que afectaba las sierras de Gistredo y Coto, lo que significa que éste se queda sin cobertura legal que permita su implantación y también que esta zona montañosa, de reconocido valor naturalista, permanecerá libre de molinos eólicos.

Han transcurrido catorce años desde que se presentó un proyecto que cabe situar en plena euforia de las subvenciones otorgadas a las energías renovables por el gobierno socialista de José Luis Zapatero. El proyectado parque eólico llegó al organismo autónomo de la mano conjunta del empresario minero Manuel Lamelas Viloria, actual presidente de la Cámara de Comercio de León – que empezaba a sufrir los primeros efectos de la crisis del carbón en sus negocios-, y de Unión Fenosa, cuando María Jesús Ruiz era consejera de Medio Ambiente de la Junta.

En aquellos tiempos se aprobaron varios proyectos de parques eólicos, desatendiendo incluso a los informes negativos de los propios técnicos autonómicos, siendo con posterioridad refutados por sentencias judiciales adversas.

Da la coincidencia de que, en estos días y aunque en otro ámbito, ha sucedido lo mismo que con la autorización concedida en 2008 por el organismo autonómico a Cementos Cosmos, que también ha sido rebatida, en este caso por dos sentencias distintas del TSJCyL emitidas en menos de un mes.

Ante tamaño desvarío uno no puede menos que preguntarse qué es lo que está sucediendo en la Junta. Está claro que la profesionalidad que debe ejercitar un organismo de tanta responsabilidad está quedando en entredicho. Algo que permite sospechar que hay intereses que se nos ocultan. Desde luego es una vergüenza lo que está sucediendo, y si en este país existiera la decencia, a los implicados ya se les habría exigido responsabilidades.

En este blog, durante años, he  defendido que al menos las sierras de Gistredo y los Montes Aquilianos quedasen libres de molinos. Algo que no se pudo conseguirse del todo en el último espacio, parte del cual lleva ya más de cinco años ocupado por las eólicas y con caminos que han generado un fuerte impacto medioambiental y paisajístico. Es más, existía un proyecto para extender esa ocupación, en la zona inmediata a los pueblos de Fonfría, Poibueno y Matavenero, y en el que también se encuentra implicado Lamelas Viloria. La reacción ecologista impidió que pudiera prosperar, aunque no sin lucha y sin que antes se vencieran una serie de irregularidades administrativas. Finalmente, la intervención de Ecolo Verdes dio al traste con el complot.

En su recién emitida sentencia del TSJCyL (la número 02307/2013 del 27 de diciembre de 2013) se aprecia que la Junta de Castilla y León debía haber declarado la caducidad del expediente del parque eólico ‘Quintana’ alpor no haber subsanado el promotor en plazo una serie de deficiencias del proyecto que fueron requeridas expresamente.

A SEO/Birdlife y a la Plataforma en Defensa de Gistreo se debe el éxito de esta resolución, después de que, en 2008, presentasen una denuncia por mediación de un  gabinete de defensa jurídica medioambiental de León. Inútil decir que este fallo me causa gran satisfacción, ya que el parque proyectado afectaba a un espacio considerado como Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA, Important Bird Area) y en el que se ha datado la presencia del oso pardo y del urogallo, considerados animales en peligro de extinción por la Unión Europea.

Precisamente, lo reprobable es que los mismos técnicos de la Junta señalasen este aspecto, que no fue tenido en consideración por la Consejería, lo que ahora ha provocado el rechazo del parque eólico.

La reciente sentencia se suma a otras resoluciones judiciales obtenidas en ,los últimosd años en la provincia por SEO/BirdLife, que han dejado patente la ilegalidad de los proyectos eólicos del conocido como nudo de Villameca en la provincia de León – donde también evacuaba el ahora anulado parque ‘Quintana’ (Omaña, Cepeda, Boeza y Alto Sil). En concreto, hasta el momento, – y como señalan los grupos ecologistas – han sido anulados mediante sentencia las autorizaciones de los parques eólicos ‘Curueña II’, ‘Villabandín II y Ampliación’, ‘Peña del Gato’, ‘Murias II’ (que fue el primero) y la subestación eléctrica de Villameca.

Un poco de historia reciente.

En el año 1999  la sociedad participada por el leonés Manuel Lamelas y Unión Fenosa ‘ganó’ en competencia la posibilidad de construir el parque eólico ahora denegado. Sin embargo, no fue hasta el año 2008 que obtuvo la autorización definitiva, aunque con un proyecto distinto del original del año 2000. El parque proyectado se componía de 27 aerogeneradores de 99,5 metros de altura (68,5 metros al buje) y una potencia total instalada de 33,75 megavatios.

Comenzaron entonces las protestas ecologistas en defensa de la fauna y flora de las sierra de Gistredo y Coto. Fruto de esa movilización fue el nacimiento de la Plataforma para la Defensa de Gistreo, que junto con la veterana organización conservacionista SEO/Birdlife planteó, entonces, un recurso judicial contra el Ayuntamiento de Toreno, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, el Parque Eólico Quintana S.L., y el Ayuntamiento de Igüeña, denunciando las “numerosas irregularidades administrativas y carencias técnicas en el proyecto”.

Reacciones dispares tras la sentencia.

Tras la sentencia del TSJCyL la Plataforma para la Defensa de Gistreo ha manifestado su satisfacción y reclamado la Administración protección para “el ecosistema único de la sierra que une las comarcas de Cepeda, Omaña, Alto Sil, Laciana y Bierzo declarándolas Parque Natural”.

En el otro lado, los alcaldes pedáneos de Igüeña, Alíder Presa (PSOE), y de Noceda del Bierzo, Manuel González (PP), favorables al proyecto, han manifestado que confían en que la Junta de Castilla y León y los promotores del proyecto recurran el fallo en juicio de casación.

Por el contrario, el alcalde de Toreno, Pedro Muñoz (PP), ha reconocido estar “encantado” con la decisión judicial al considerar que la instalación del parque eólico constituiría un “atentado ecológico de primer orden” y supondría un “impacto paisajístico brutal”.

Muñoz ha puntualizado que, pese a que está a favor de la energía eólica, considera “un grave error llenar un parque natural de molinos de viento”, y que “es ridículo que Gistredo se convierta en un parque eólico cuando hay zonas en Castilla y León llenas de llanuras y de tierra improductiva en las que se pueden instalar”.

El urogallo bloquea el parque eólico de Peña de Gato.

Las sentencias contrarias a los parques eólicos planificados a finales de siglo no son nuevas en la provincia leonesa. Así, en octubre pasado, el TSJCyL anuló la autorización administrativa del proyectado en Peña de Gato, en la localidad de Igüeña en el Bierzo Alto, el de mayores dimensiones de la provincia con 33 molinos de viento.

En la sentencia judicial se señaló que en la declaración de impacto ambiental (DIA) se ignoró que los molinos se iban a instalar en un corredor natural entre dos bosques ocupados por el urogallo. El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) es una especie en peligro de extinción con un censo de unos 400 ejemplares. El alto tribunal declaró entonces que “No es necesario que quede acreditada la afectación del proyecto a una especie animal, basta la potencialidad”.  

Según datos de ‘El País’, la sentencia admitía recurso, y no sé en que habrá quedado. Según ese mismo diario el parque, propiedad de Energías Especiales del Alto Ulla, de la que es socia Enel, llevaba entonces tres años abierto. Sus beneficios por el funcionamiento – señalados en el procedimiento – se elevaban entonces a 8,4 millones de euros anuales. Si se pagaba a las juntas vecinales de los municipios concernidos 6.000 euros anuales por molino sólo  hay que hacer unos pocos números para darse cuenta de los beneficios colosales que suponen estos parques para sus propietarios. Y también permiten entender el elevado coste de nuestra energía eléctrica.

Los tres magistrados del TSCyL argumentaron que la principal demandada  – la comunidad Autónoma de Castilla y León – y los codemandados – los Ayuntamientos de Igüeña y Torre de El Bierzo y la empresa propietaria –  pasaron por alto informes emitidos por los propios técnicos de la Administración autonómica en los que se reconocía no sólo la presencia de la especie sino también la importancia de estos terrenos para su supervivencia. La presencia del urogallo en la zona quedó acreditada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y de la Guardia Civil.

En el juicio, el jefe de espacios naturales de la Junta, José Ignacio Molina García, señaló que el núcleo de estas aves estaba a más de tres kilómetros del parque y que la orografía y la vegetación eran “poco atractivas”. Pero el biólogo Emilio Virgós Cantalapiedra, perito de Seo/Birdlife, explicó que antes de la construcción del parque las dos poblaciones de urogallo estaban más o menos bien comunicadas y que esa zona era útil para otros fines como zonas de movimiento, especialmente para los ejemplares jóvenes. “El peligro no solo viene de las posibilidades de colisión con los aerogeneradores, sino también por el efecto visual, que reprime al urogallo – declaró el perito -, y por eso no va hacia esas zonas”. Y añadió que la situación fragmentaba  las colonias y contribuía a que el peligro de extinción fuese mayor.

“Las poblaciones se extinguen por los extremos, y la comarca leonesa de Omaña-Cepeda es estratégica para la conservación de esta especie en el área cantábrica”, explicó  Felipe González, técnico de Seo/Birdlife en el proyecto ‘Life Urogallo’. Tras el último censo, de 2005, comprobaron que el urogallo había desaparecido del 60% de los lugares que ocupaba en 1982.

Según el periódico ‘El País’, Peña del Gato es el cuarto proyecto eólico de las comarcas de Omaña y Cepeda cuya autorización ha sido anulada por el alto tribunal, aunque los otros casos se paralizaron antes de consolidarse.

Un ecologista en El Bierzo.

La justicia detiene la especulación eólica en Gistreo. 21/01/14. Plataformadefensagistreo.blogspot.com.es.

La Justicia anula un parque eólico en la Sierra de Gistreo. 22/01/14. Seo.org.

Los tribunales anulan el quinto parque eólico en una zona de León. 21/01/14. Elpais.com.

División de opiniones en los alcaldes de la sierra de Gistredo ante la sentencia. 21/01/14. Ileon.com.

El Juzgado declara ilegal la construcción de una subestación de evacuación de los parques eólicos proyectados en Omaña y La Cepeda. 16/12/12. Ecobierzo.org.

El TSJCyL anula la chapuza de los parques eólicos de Villabandín II. 19/05/12. Ecobierzo.org.

El urogallo bloquea un parque eólico. 11/10/13. Elpais.com.

El Real Decreto español de ayudas al carbón contribuye a acelerar el cambio climático mundial

Manifestación en el Día Global contra el Cambio Climático. 29 nov. 2008.

Manifestación en el Día Global contra el Cambio Climático. 29 nov. 2008.

A raíz de la presentación del proyecto de Real Decreto de ayudas a la producción y quema de carbón, defendido por el ministro Miguel Sebastián, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha publicado una opinión que me ha parecido conveniente trasladar a mis lectores.

Destaco que en El Bierzo el tema del carbón continúa siendo tabú, dado los enormes intereses empresariales ligados a este sector industrial en esta comarca históricamente minera. Por este motivo, -subrayo esto-, cualquier opinión vertida sobre el mismo coloca a quien la emite de inmediato bajo sospecha y, lo que puede ser aún peor, bajo los cascos de los caballos, convirtiendo su vida en un auténtico suplicio.

Aún así, creo importante y conveniente recordar que el nuevo decreto del ministerio de Industria llega respaldado, -y es el resultado-, por las presiones de los mismos empresarios que, hace una década descabezaron al incipiente movimiento ecologista berciano. Ocurrió cuando llevaron ante los tribunales a Aedenat (el grupo precursor de Ecologistas en Acción) por paralizar una mina a cielo abierto situada en el Alto Bierzo, la cual estaba causando notables destrozos medioambientales.

Las otras presiones sobre el Gobierno socialista de José Luis Zapatero son las de los dos principales sindicatos (UGT y CCOO), como Hammersteim nos lo recuerda en su artículo.

Tito Martínez, el actual coordinador comarcal de Izquierda Unida y por entonces cabeza visible de Aedenat, fue condenado a pagar una multa de 750.000 pesetas. Una cantidad enorme para la época, que tuvo que asumir personalmente al no conseguir el apoyo económico de sus compañeros de entonces.

Un ecologista en El Bierzo.

Diez razones contra el real decreto de ayudas a la producción y quema de carbón, por David Hammerstein.

El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein. 2009.

El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein. 2009.

El Consejo de Ministros está a punto de aprobar un Real Decreto de ayudas económicas para la quema de carbón. El mundo parece estar al revés para el Gobierno español, ya que prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan más del consumo del sucio carbón español y menos de las energías renovables.

La defensa numantina de un particular sector industrial altamente contaminante y en declive económico es la respuesta del Gobierno a las presiones de empresas mineras y sindicatos privilegiados que históricamente subsisten gracias a ingentes cantidades de dinero público.

Con este alargamiento artificial y ruinoso de la minería del carbón en España, no solo se impide el crecimiento de las energías renovables, también se tiran por la borda los compromisos de reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la real liberalización del mercado energético y el cumplimiento de la legislación europea ambiental.

Se trata en definitiva de toda una irracional política energética basada en el proteccionismo estatal del carbón contra los intereses colectivos del medio ambiente, los consumidores y la ciudadanía.

1. El empleo debe salir del “nuevo modelo económico” sostenible y no de la vieja y contaminante economía.

Los dineros públicos han de dirigirse a los trabajadores y familias que sufren el cierre del anacrónico, contaminante y no rentable sector del carbón, y no servir para llenar de beneficios a los empresarios mineros y a las compañías eléctricas.

Las gigantescas ayudas públicas al sucio sector del carbón, que actualmente salen a una media de 200.000 euros por cada minero empleado, deben separarse de las ayudas a las empresas, y han de dirigirse exclusivamente a destinos sociales y a nuevas alternativas económicas para las cuencas mineras.

Solo trabajan unas 5.000 personas en el sector del carbón, mientras que en el pujante sector de las energías renovables se generan unos 180.000 empleos, que pueden ser los grandes perjudicados por la obligación de quemar más carbón.

2. Si cada vez hay más energía limpia, mejor dejar el carbón en el suelo.

Resultan alarmantes las cuentas kafkianas del Gobierno español, que convierten en un “problema” el hecho de tener demasiada energía producida y que por esto se queme menos carbón. La capacidad de generación eléctrica del Estado español supera por cuatro la demanda media del 2009, y como la producción de energía renovable, sobretodo la eólica, ha crecido mucho no hace falta carbón para quemar en las centrales térmicas.

El Real Decreto propuesto por Zapatero obligará a la quema del carbón español por parte de las centrales térmicas y aumentará la emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%.

No es verdad que simplemente se sustituya el más barato carbón de fuera por el “carbón nacional”, ya que se aumentará globalmente la quema de carbón en más del 20%.

Carece de todo sentido el querer subvencionar con masivos fondos públicos la extracción de un carbón caro y altamente destructor del medio ambiente. En términos puramente ambientales resulta altamente irracional el mantener el consumo de carbón mediante subvenciones cuando el actual mercado económico de la electricidad está expulsando al carbón del mix eléctrico por ser la fuente más contaminante de la atmósfera.

3. Es falso y deshonesto querer vender el muy incierto “carbón limpio” del futuro para justificar el carbón sucio en el presente.

El llamado “carbón limpio” no existe, es solo una optimista promesa tecnocientífica para el futuro que hoy carece de viabilidad económica y técnica. No existe ni una sola planta comercial de secuestro y almacenamiento de carbón en el mundo. Solo existen plantas experimentales que ensayan unas técnicas discutibles a nivel ambiental, energético y económico. Hasta por lo menos el año 2020 no se sabrá los resultados de estos inciertos ensayos científicos.

4. Es una burda mentira afirmar que “el carbón sea la única fuente de energía autóctona”.

¿Acaso no son autóctonas otras fuentes energéticas como la eólica, la solar, la biomasa, la geotermia, la hidroelectricidad y la mareomotriz? ¿Acaso no son autóctonos la eficiencia, el ahorro, el reciclaje y la reutilización?

La autosuficiencia energética solo se conseguirá mediante una fuerte gestión de la demanda eléctrica hacia abajo, con medidas institucionales y de mejora técnica para reducir el consumo energético, con una revolución en la eficiencia (hacer más con menos) y con una máxima expansión de las energías renovables.

Para reducir la dependencia energética española se debería prescindir por completo del contaminante carbón, tanto del nacional como del importado. Es importante apuntar que el carbón español no sustituye la dependencia del petróleo, se podría reducir drásticamente la importación de petróleo mediante grandes cambios en el actual modelo de transporte, que sigue favoreciendo al contaminante motor de combustión.

Montaña de carbón autóctono apilada a la entrada de la Central Térmica Compostilla II. Ponferrada, 15 sept. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

Montaña de carbón autóctono apilada a la entrada de la Central Térmica Compostilla II. Ponferrada, 15 sept. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

5. Las subvenciones al carbón vulneran el Derecho Comunitario europeo sobre el mercado único.

Se violan las reglas del libre mercado interno y la competencia que prohíben a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.

Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón propuestas para el periodo 2010-2012 incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohíben el apuntalamiento de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad.

Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten distorsiones del mercado, salvo excepciones con una importante motivación social como es la lucha contra el cambio climático (caso de las ayudas públicas a las energías renovables).

Además, organismos como son la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía, han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y la “incongruencia” de subvencionar la quema del carbón.

6. Las subvenciones al carbón vulneran el Derecho Comunitario sobre las leyes ambientales europeas.

Una parte muy importante del carbón español subvencionado proviene de las minas a cielo abierto que destrozan ecosistemas, montañas y una valiosa biodiversidad.

Es algo que ocurre a pesar de las numerosas denuncias ciudadanas y sentencias judiciales españolas contra estas actividades mineras. Hasta la misma Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno español por vulnerar la Directiva Hábitat con la minería de cielo abierto en zonas de altísimo valor ambiental, reconocidas internacionalmente y situadas dentro de la Red Natura 2000, como el Valle de Laciana en la provincia de León.

¿Cómo se puede entonces otorgar masivas ayudas públicas al carbón extraído con actividades mineras de muy dudosa legalidad y con dictámenes judiciales de paralización?

7. No se pueden justificar unas primas económicas para la quema del carbón nacional a partir del inexistente problema de “seguridad de suministro eléctrico”.

La retórica empleada por el Gobierno español de “garantizar la seguridad de suministro” constituye una burda manipulación que oculta la sobreproducción eléctrica existente. La capacidad de generación eléctrica en España roza los 90 millones de kilowatios, mientras que la demanda media en noviembre de 2009 es de aproximadamente 20 millones de kilowatios.

Cada mes entra en funcionamiento más capacidad eólica y solar, además del gas natural, lo que elimina la necesidad de seguir quemando carbón, y con la actual crisis económica la demanda eléctrica se reduce más (un 5.6% en el último año).

España sigue siendo un exportador neto de energía eléctrica al mandar mucha más energía a Portugal y Marruecos que la cantidad importada que entra desde Francia.

8. Subirá el recibo de la luz por las nuevas ayudas al carbón.

Las leyes europeas obligan reflejar en los precios finales las ayudas estatales recibidas. Como España ya ha sido objeto de fuertes críticas y amenazas judiciales por no internalizar en los precios el total de los costes de producción de energía (el ”déficit tarifario”) tendrá que pasar al consumidor final cada euro de subvención que el Gobierno otorgue al sector minero.

Esta subida de las tarifas eléctricas (hasta el 6%) será la forma de ‘socializar’ las pérdidas de beneficios que sufrirán las empresas eléctricas obligadas a comprar el caro carbón nacional. Es decir, se trata de que paguemos toda la ciudadanía tres veces por el carbón: una vez en la subida de nuestro recibo de la luz, otra vez en nuestros impuestos desviados a los empresarios mineros y, finalmente, en los gastos sanitarios por respirar un aire más contaminado y por nuestra mayor contribución al cambio climático.

A cada contribuyente español le tocará pagar bastante más por comprar los derechos de emisión de CO2 marcados por el Tratado de Kioto, puesto que con las primas al carbón serán cada vez más gravosos.

9. Poca luz y mucho humo.

El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica (según algunos cálculos recientes menos del 10%), pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva porque escupe hasta el 27% de las emisiones globales de CO2. En esta dantesca carrera ambiental al carbón solo le supera el sector de transporte motorizado, que es el responsable del 33% de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

10. El Gobierno Español serán la “oveja negra” en la próxima Cumbre de Copenhague contra el Cambio Climático.

Al subvencionar masivamente el carbón, España gana en irresponsabilidad lo que pierde en credibilidad en la lucha contra el cambio climático, y queda desacreditada para pedir a los países del Sur que se esfuercen en reducir su dependencia del carbón.

Tanto los países integrantes del G-20, así como la OCDE y la Agencia Internacional de Energía, están en contra de estas ayudas estatales al carbón.

Balsa ilegal destinada a la decantación de guas residuales del carbón de Uminsa, situada a la entrada de Fabero. Oct. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo.wordpress.com. Foto: Enrique L. Manzano.

Balsa ilegal de decantación de aguas residuales del carbón de Uminsa, en la entrada a Fabero. Oct. 2009. Unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

El Decreto propuesto por Sebastián promueve la emisión innecesaria de 25 millones de toneladas de CO. 31/10/09. Energelia.com.

Comentario por Paco el 04/12/2009.

Al hilo de las ayudas al carbón, nuevas noticias sobre el atentado ecológico de Laciana:

Minería contra Natura. 04/12/09. Publico.es.

Atentado ecológico y escándalo político. 04/12/09. Dbnews.blogspot.com.

Comentario por Un ecologista en El Bierzo el 09/12/2009.

Hace unos meses publicamos en estas mismas páginas un reportaje titulado “Laciana, territorio comanche”. En ese artículo se denunciaba la situación de inaudita ilegalidad en la que se mueve la minería lacianense, ahora y durante los últimos años, con episodios de auténtica vergüenza que no podrían darse en ningún otro país europeo.

Las connivencias políticas alcanzan tal sangrante corrupción que sólo la creación de un supermagistrado encargado de desvelar las irregularidades, con un equipo de incorruptibles juristas a su cargo, debidamente protegidos además, podría devolver la normalidad jurídica a una zona en la que todos los partidos políticos que han gobernado Villablino, con la disculpa del empleo y en colaboración con políticos de todo pelaje, han participado voluntariamente en el expolio de una tierra que no se merecía tan bárbaro menoscabo.

A los lectores les recomiendo que dediquen un tiempo a la lectura de los enlaces de correo remitidos en el comentario anterior. Podrán comprobar que no tienen desperdicio.

Desde aquí animo a David Bollero a continuar con su valiente denuncia de una situación aberrante y sobre la cual pesa una ‘omerta’ informativa no declarada. Sólo unos pocos, entre ellos el diario “Público”, han tenido el coraje de romper esta prohibición.

¡Confiemos en que algún día se haga justicia y que todos estos personajes corruptos, intervinientes en corruptelas sin nombre, puedan acabar en la cárcel!

Comentario por Teresa González el 29/01/2010.

De lo que se está hablando es de sustituir la quema del carbón importado (negociete de las eléctricas por su menor precio) por el poco carbón autóctono que queda (que emite la misma cantidad de CO2 que el de importación). Y hacerlo sólo durante unos pocos años más, para facilitar que las miles de familias que todavía subsisten gracias a él puedan acomodarse al cambio.