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Gallardón rectifica y permitirá disfrutar de la justicia gratuita a las asociaciones medioambientales

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama - Velilla. Fuente: lne.es.

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama – Velilla. Fuente: lne.es.

El Partido Popular (PP) dio marcha atrás y rectificó ayer (día 29) en el Congreso su negativa a facilitar asistencia judicial gratuita a las asociaciones medioambientales, con independencia de sus recursos económicos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respondió así a las enmiendas a la totalidad presentadas por seis grupos de la oposición. Gallardón adelantó que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales “definido en su propia normativa” y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.

“Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga”, señaló el político, defendiendo una norma que para él supone “un avance social considerable”.

Las organizaciones ecologistas se sumarían así a los sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo que ya incluía el borrador del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Un texto que reconoce además la protección a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Tras esta declaración las asociaciones conservacionistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han apresurado a felicitar al ministro. En una nota de prensa han añadido, además, que las ONG ecologistas son “las mejores garantes” de la protección ambiental en los tribunales.

En el comunicado los conservacionistas han recordado también que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que supone un coste inasumible para las oenegés ambientales, y la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, que obliga a los magistrados a imponer las costas a las oenegés, hacen prohibitivo que éstas acudan a los tribunales. Ante tal situación la única oportunidad que quedaba era la de acogerse a la justicia gratuita. Una posibilidad que el nuevo proyecto de ley limitaba.

¿Globo sonda o error ministerial?

Hace tres semanas critiqué este proyecto aberrante. Denuncié que dejaba en el desamparo a muchas asociaciones ecologistas, o simplemente ciudadanas, a la hora de denunciar infracciones o delitos medioambientales. Ahora llamo la atención sobre algunos titulares periodísticos, que dicen que se amplía un derecho cuando en realidad simplemente se mantiene.

Logo. 'Sama-Velilla No'. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo.

Logo. ‘Sama-Velilla No’. 2009. Unecologistaenelbierzo.com.

La reforma, lógicamente, levantó ampollas entre los conservacionistas y hubo quien (entre ellos yo mismo) vio en el nuevo proyecto de ley un intento más del Gobierno de facilitar a las empresas la ejecución de algunos proyectos altamente depredadores del territorio, como lo es, por ejemplo, la línea de muy alta tensión eléctrica Sama-Velilla, por citar alguno.

De hecho, la propuesta del ministro ha sido un caballo de batalla de las organizaciones conservacionistas en los últimos meses, Éstas han criticado un borrador de ley que priva a las pequeñas organizaciones en defensa del medio ambiente de la posibilidad de litigiar por falta de recursos económicos.

Sin embargo, como entonces señalé, el proyecto tenía pocos visos de prosperar, principalmente porque atenta contra el Convenio de Aarhus (firmado por los miembros de la Comunidad Europea el 25 de junio de 2008), que garantiza el “acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Pero, incluso así, la cuestión no dejaba de ser preocupante puesto que obligaba al mundo ecologista a realizar una movilización que siempre es preferible dedicar a lograr algo nuevo que no a mantener lo ya conseguido.

De hecho, ciertas opiniones apuntaban a que la nueva propuesta del ministerio de Justicia podría impugnarse fácilmente por anticonstitucional. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Carlos González Antón, hizo unas declaraciones en este sentido, corroboradas por la también catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, Mercedes Fuertes López.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras la tala ilegal ordenada por el constructor F. Gómez. Foto: Juan M. Hernández.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras una tala ilegal. Foto: Juan M. Hernández.

Tales opiniones, sumadas a los avisos que ha debido recibir el ministro en este sentido, tanto de las grandes asociaciones medioambientales como probablemente de asesores gubernamentales, pienso que han debido influir definitivamente en que el ministro haya decidido rectificar su primera propuesta globo. Y también, posiblemente, el hecho de que su anterior propuesta de modificación de la ley del aborto ha levantado tal crispación y discrepancias, incluso dentro de las propias filas del PP, que han debido debilitar su posición.

El retroceso en derechos ciudadanos que la nueva reforma habría significado para la conservación del territorio contra agresiones indebidas está claro. La modificación de la ley afectaba a espacios protegidos de la Red Natura 2000, y que son los que se suelen ver habitualmente implicados en litigios medioambientales. Pero la reforma también atacaba gravemente al derecho constitucional a la salud, puesto que pequeñas asociaciones ecologistas se encuentran en muchas ocasiones en la base de protestas contra la contaminación del aire, la tierra o el agua.

Por suerte, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Reino Unido por no defender adecuadamente a una ciudadana que vio su derecho a la información y justicia en materia ambiental cercenado por parte de una empresa y del propio gobierno británico. Sin embargo, las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que imponen determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, como por obliga, por ejemplo, el tribunal europeo.

El anuncio de rectificación por parte del ministro es, desde luego una buena noticia. Aún así, las principales asociaciones conservacionistas llaman a la prudencia, pues habrá que esperar a que se conozcan las enmiendas definitivas del grupo popular.

Un ecologista en El Bierzo.

Manifestación. 'Fraqui go home'. Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Manifestación contra el fracking en Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Gallardón amplía la justicia gratuita a las oenegés ecologistas. 29/04/2014. Lavanguardia.com.

Gallardón rectifica y amplía la justicia gratuita a las asociaciones ambientales. 30/04/14. Diariodeleon.es.

ONG ecologistas celebran su incorporación a la justicia gratuita anunciado por Gallardón porque “era de cajón”. 29/04/14. Europapres.es.

Gallardón quiere blindar los grandes proyectos medioambientales obligando a pagar tasas millonarias a los ecologistas. 09/04/14. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 20/11/12. Boe.es. Pdf. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 14/07/98. Boe.es.

Gallardón quiere blindar los grandes proyectos medioambientales obligando a pagar tasas millonarias a los ecologistas

Planeta feliz. Administracionpublica.com.

Planeta feliz. Administracionpublica.com.

A veces pienso que ya lo he visto todo con el partido que nos gobierna, pero me equivocaba. Tras la desaparición de la justicia gratuita establecida tal y como la conocíamos, impuesta por el ministro popular Alberto-Ruiz Gallardón, ahora quiere facilitar a los empresarios la ejecución de grandes proyectos medioambientales, a veces bloqueados por los recursos judiciales de grupos o plataformas ecologistas.

Ayer finalizó el periodo de alegaciones a la reforma de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero y actualmente en tramite en el Congreso de los Diputados. El texto que recibió el beneplácito del Gobierno ese día es casi idéntico al aprobado en primera vuelta hace un año. La novedad es que, entre los colectivos beneficiarios de justicia gratuita, ahora se incluye a las asociaciones de víctimas del terrorismo y se impone nuevas tasas a los ecologistas.

Está claro que el Gobierno popular está harto de tanta oposición ciudadana frenando sus planes e intereses. Y que ha decidido actuar. Si su reforma llegase a aprobarse, las ONG se verían abocadas a pagar tasas astronómicas en los juzgados, lo cual en muchos casos se situarían fuera de su alcance.

La iniciativa de Gallardón establece para éstas el pago de unas tasas judiciales proporcionales al presupuesto de los planes que recurran. Se da la circunstancia de que las entidades ecologistas son las únicas entidades de interés social que se han quedado fuera de un proyecto de ley que, en su artículo dos, ampara a otras asociaciones.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 23 dic. 2011. Hispanidad.com.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 23 dic. 2011. Hispanidad.com.

Con esta propuesta el Ministerio de Justicia añade un nuevo varapalo al que las organizaciones ecologistas han recibido con otras leyes, como la Ley de Tasas, que ha encarecido hasta diez veces los costes de los procesos judiciales, o la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que acorta los plazos de exposición pública, por lo que se dispone de menos margen para estudiar los proyectos y recurrirlos.

Todos los grupos de la oposición votaron en contra de aquella ley que, a petición del Gobierno se tramitó en el parlamento por vía de urgencia. Como apunte breve, recordaré solamente que uno de los puntos aprobados recoge la creación de bancos de hábitat o conservación, un sistema que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.

Son acuerdos que, incluso a mí, se me pasan por alto, ante la avalancha de informaciones que nos vemos obligados a procesar cada día. Ahora, de prosperar el proyecto de Gallardón, las ONG ecologistas no podrían acceder a la justicia gratuita más que acreditando su utilidad pública y que carecen de recursos económicos para litigar. Además, la reforma las obliga a pagar las costas judiciales en caso de una sentencia desfavorable.

Este plan dejaría fuera de la posibilidad de litigiar a decenas, o incluso cientos, de grupos y plataformas locales que surgen de manera espontánea por todo el país con ocasión de cualquier conflicto medioambiental. Pero también puede afectar de manera radical a grandes proyectos, como el de la estación de esquí de San Glorio, o la construcción de la línea de muy alta tensión eléctrica Sama-Velilla, ambos situados en el noroeste español. Los parques eólicos ilegales, con su elevado presupuesto, serían otro de los problemas con los que tendríamos que lidiar los ecologistas.

Eólicas cerca de la cima del Pico Becerril. Palacios de Compludo. 23 nov. 2008. Unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

Eólicas cerca de la cima del Pico Becerril. Palacios de Compludo. 23 nov. 2008. Fuente: unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

No hay que olvidar que algunos de estos parques, en la provincia leonesa (comarca de Omaña, Bierzo Alto, etc.) han acabado siendo clausurados por orden judicial después de la presentación de recursos ecologistas. Y no cuento los litigios medioambientales perdidos por la Administración autonómica, ya sea en León, Soria, Ávila, Valladolid, y en tantos otros lugares. Podría aportar muchos ejemplos, pero se haría excesivamente largo. En Laciana tenemos el de los cielos abiertos del carbón. Y en El Bierzo el de algunas canteras, encontrándose actualmente la de Catisa en este proceso.

También podría citar los litigios contra las cementeras, que el Gobierno pretende convertir en incineradoras, y detrás de cuya cortina de humo se mueve un negocio millonario de venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que la Coordinadora Estatal ha denunciado recientemente. Los Tribunales superiores de justicia en Cataluña y Castilla y León también han fallado recientemente sentencias en contra de estas cementeras.

Ayer me sentía abatido, ante tanta iniquidad. En Castilla y león, hace pocos días el Gobierno popular acaba de aprobar su Plan Integral de Residuos que autoriza la incineración de basuras domésticas en las cementeras. Por este motivo la Asociación Cultural Ecobierzo ha declarado a su consejero, Antonio Silván, “persona non grata”.

Pero hoy me siento mejor, porque tras la lectura de algunos textos esperanzadores creo que el proyecto de Gallardón, para que sus amigos tengan las manos libres, no llegará a ninguna parte. Es más que probable que no pueda prosperar. Sencillamente porque, entre otros motivos, atenta contra el Convenio de Aarhus, firmado por los miembros de la Comunidad Europea el 25 de junio de 2008, y que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Carlos González Antón, se podría impugnar planteando un recurso de anticonstitucionalidad. El también abogado experto en medio ambiente considera que con la nueva ley se protegerían las irregularidades administrativas y los intereses de las grandes empresas “sin tener en cuenta el daño ambiental que puedan generar.”

Representantes de asociaciones, partidos políticos y sindicatos contrarios a la construcción del tendido eléctrico Sama-Velilla. León, 30 enero 2010. Foto: Peio García.

Representantes de asociaciones, partidos políticos y sindicatos contrarios a la construcción del tendido eléctrico Sama-Velilla. León, 30 enero 2010. Foto: Peio García.

Por otra parte, no es el único que opina así, pues su colega, la también catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, Mercedes Fuertes López, jurista de reconocido prestigio, hace unos meses publicó un artículo muy interesante que apunta en la misma dirección.

Parecen claras las intenciones de la reforma planteada, tanto como que el retroceso en los derechos ciudadanos que su aprobación significaría para la preservación de la naturaleza y el territorio contra agresiones ilícitas. La modificación de la ley afectaría, sobre todo, a los espacios protegidos, incluidos en la Red Natura 2000, y que son los habitualmente implicados en litigios medioambientales. Pero también al derecho constitucional a la salud, que podría verse menoscabado si la reforma llegase a prosperar.

Un ecologista en El Bierzo.

La ley de justicia gratuita deja fuera a las organizaciones medioambientales. 14/03/14. Elpais.com.

Recurrir conflictos ambientales exige a las ONG pagar tasas millonarias. 08/04/14. Diariodeleon.es.

González Antón: «Esta ley protege las ilegalidades administrativas». 08/04/14. Diariodeleon.es.

De la obligación de facilitar información ambiental. 23/01/14. Administracionpublica.com.

Las víctimas de accidentes graves o negligencia tendrán justicia gratuita. 11/01/13. Elpais.com.

Gallardón ignora al Supremo y recupera las tasas judiciales para recurrir los despidos. 24/02/14. Elboletin.com.

El Supremo anuló el plan de la Junta de Castilla y León para San Glorio. 2012.

El Supremo anuló el plan de la Junta de Castilla y León para San Glorio. 2012.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo tendrán justicia gratuita. 14/03/14. Elpais.com.

El PP aprueba en solitario la Ley de Evaluación Ambiental. 30/10/13. Elpais.com.

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 10/01/96. Boe.es.

Asistencia Jurídica Gratuita. Mjusticia.gob.es.

 

Laciana, territorio comanche

‘Laciana, territorio comanche’. Con este titular, el programa de la TV2 ‘El escarabajo verde’ presentó esta mañana un documental sobre la situación de la minería a cielo abierto en el Valle de Laciana. Un video que firman Joan Sella y Julio de la Parra.

El valle de Laciana se sitúa al norte de la provincia leonesa, es una zona considerada de muy alto valor ambiental. Es así, en parte porque en sus frondosos bosques se crían osos y urogallos, dos de las especies con mayor peligro de extinción en Europa. Sin embargo, el futuro de estos animales es incierto, pues se está viendo gravemente amenazado por la presencia de numerosas y vastas minas de carbón a cielo abierto. Y el peligro para la pervivencia de estas especies puede incluso llegar a aumentar en el futuro debido a un plan de ampliación de las mencionadas explotaciones mineras que la Junta de Castilla y León ya ha aprobado.

El reportaje comienza mostrándonos el recorrido de un coche por una zona de la explotación minera a cielo abierto. Dos ecologistas circulan por una carretera de paso legalmente autorizado cuando su marcha se ve entorpecida por una pala excavadora perteneciente a la empresa Coto Minero Cantábrico. Ésta les cierra  el paso y no duda en levantar un muro infranqueable de cascotes delante del todoterreno. Entre tanto, un camión provisto de una lanzadora agrede a los ocupantes del mismo proyectándoles un chorro de agua a gran presión. Una situación que les obliga a retroceder.

Los ecologistas son Luis Álvarez y Eduardo González, ambos pertenecientes al colectivo ‘Filón Verde’.  Ante la agresión intentan huir llevando su vehículo hacia  otro punto de la carretera, pero la agresiva excavadora acude raudamente a cerrarles el paso por el otro lugar también. Finalmente, a los automovilistas no les queda más recurso que telefonear a la Guardia Civil para que acuda a su rescate.

Este es, resumido, el inicio de un documental en el que los conservacionistas, como en ocasiones ocurre con los periodistas, son las víctimas inocentes -en tanto que testigos incómodos- de una realidad que se intenta ocultar.

Posturas encontradas.

El video recoge las posturas de las diferentes partes en conflicto. Por un lado, la de la empresa, que asegura cumplir con la legalidad en las explotaciones mineras a cielo abierto de su propiedad, así como con su obligación de regenerar el paisaje una vez finalizada la obra. Y por el otro lado, la de los ecologistas y hoteleros, que ven en lo que consideran un aprovechamiento mal concebido y aún peor realizado, la ruina faunística, pasajística y económica del valle.

Desde luego hay denuncias muy graves. Como la del hotelero Antonio Arias Tronco, propietario de la finca situada al lado de la mina del Feixolín, que refiere graves amenazas, incluso con pistola. Por otra parte, el presidente de la Fundación Oso Pardo‘, Manuel Santana, también ha denunciado el peligro que suponen las explotaciones, -situadas a veces en zonas muy críticas-, para la conservación del plantígrado. También relata como un robledal centenario despareció bajo escombros procedentes de la mina.

Por su parte, la alcaldesa de Villablino, la socialista Ana Luisa Durán, que siempre ha ido de la mano del empresario Victorino Alonso, el propietario de las minas, niega que éstas se vayan a explotar en zonas protegidas y ‘justifica’ que existe una colaboración con la Fundación Oso Pardo, como si este hecho pudiese impedir de alguna manera que se estén cometiendo abusos o ilegalidades. Sin embargo, se nota a la legua que la alcaldesa aprueba a pies juntillas los planes del propietario de Coto Minero Cantábrico. En cuanto a éste, en el video defiende con gran satisfacción su trabajo, ya que -según él- para Laciana “el carbón sigue siendo todo”. Unas declaraciones que el concejal del Partido Popular, José Luis Suárez Pastor, no parece compartir en absoluto, ya que defiende que un modelo de economía verde para el valle sería mucho mejor

Finalmente, el abogado Carlos González Antón se presenta como extremadamente crítico con la situación, llegando a afirmar que “Laciana, jurídicamente hablando, es territorio comanche, porque el poder del Coto Minero Cantábrico se sobrepone al de las administraciones”. González Antón insiste en que todas las minas son ilegales y denuncia que el industrial leonés haya podido sacar adelante su proyecto gracias al beneplácito de la Junta y del ayuntamiento de Villablino, que estarían haciendo la vista gorda ante tanto delito.

Sin exagerar yo podría decir que los intereses económicos de un pequeño grupo de  asociacionistas está acabando con uno de los parajes más extraordinarios de la montaña leonesa. Y también que todo esto está sucediendo, con total impunidad y desde hace más de una década, bajo la mirada condescendiente de la Administración.

Mientras tanto, en la espera de que estos litigios se diriman, el valle de Laciana se desintegra cada día un poco más. Las verdes laderas que yo admiré antaño desde la cima del cercano Cueto del Oso han dado paso a desfiguradas montañas grises y a planícies llenas de escombros. De poco o nada habrá valido el reconocimiento, por el Comité del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Unesco, en 2003, de este espacio como Reserva de la Biosfera. No más que el valle forme parte actualmente del proyecto de de la Junta de Castilla y León para que sea declarado ‘Parque Natural Alto Sil’ . Ni tan siquiera sirve que haya sido declarado Lugar de Interés Comunitario (al amparo de la Directiva 92/43 de la CE) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) al amparo de la  79/409. Tampoco le ha librado el decreto de protección del oso pardo 108/1990 de la Junta de Castilla y León, ni que todo este territorio esté reconocido como zona de protección del hábitat del animal.

Asegurar unos puestos de trabajo coyunturales, -puesto que el empresario leonés tiene planes para acabar la explotación de todos los recursos mineros del valle en un plazo de diez años-, o asegurarse una poltrona, puede parecerle a alguno una causa de fuerza mayor capaz de justificar los mayores desmanes. Pero la realidad es que, los que así traicionan nuestra confianza, lo hacen únicamente por su beneficio particular. Algo que sitúan por encima de lo que debiera de ser su preocupación, u obligación en el caso de la alcaldesa, de preservar y transmitir vírgenes estos paisajes  a las generaciones venideras.

Lo que sucede hoy es muy triste y lamentable, y podría resumirse a la perfección con una única frase: “Pan para hoy, y hambre para mañana”.

Un ecologista en El Bierzo.

La alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán (PSOE). Fuente: aytovillablino.com.Nota: Aproximadamente un año después de la publicación de este artículo, la Unión Europea sancionó a España por las ilegalidades cometidas en Laciana. Multa que acabaríamos pagando entre todos con dinero público.

En cuanto al ‘noviazgo’ entre la alcaldesa y también presidenta de la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana, Ana Luisa Durán, éste se rompería en el año 2013 cuando el empresario toma la decisión de cerrar algunas de las explotaciones mineras de su propiedad al ver reducirdas las ayudas que el Estado le venía suministrando desde hacía más de dos décadas.

Europa sanciona a España por la minería leonesa. 22/10/10. Publico.es.

Victorino Alonso condenado por fraude. 23/10/10. Lygeum.es.