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Unas cinco mil personas defienden los consejos y entidades locales menores en León

Unos cinco mil manifestantes recorrieron el centro de León exigiendo un mayor consenso en la elaboración de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como ‘Ley Montoro’. Con la colorida presencia de los pendones de León, de banderas asturianas y de pancartas del país cántabro, numerosos pedáneos y vecinos de entidades locales menores denunciaron un proyecto que, según aseguran, significaría la puntilla para el mundo rural si no se enmienda el borrador de la ley.

La manifestación arrancó después de las 12 de la mañana en la glorieta de Guzmán El Bueno, para finalizar su recorrido en la plaza de la Inmaculada. Durante el trayecto los manifestantes reclamaron a gritos “poder comunal” y corearon consignas como “esto nos pasa por un gobierno facha”, además de hacer sonar pitos y silbatos. Hubo muchas banderas lilas de León y se notó la participación en la marcha de otras autonomías y provincias, como Galicia, Álava, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria o Zamora.

Organizaron la manifestación el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales, así como la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, además de diversos grupos, partidos políticos y sindicatos. La Asociación Cultural Ecobierzo acudió a la cita con una pancarta en la que podía leerse: “Ecobierzo contra el expolio de los pueblos”.

Ya en la plaza de la Inmaculada tomó la palabra el portavoz del Frente, Elías Álvarez Rico, quien destacó que “Las juntas vecinales no suponen ningún gasto, sino un ahorro”, antes dar paso a la lectura de un manifiesto consensuado entre los diferentes grupos participantes. Éste fue leído por el periodista Pedro Trapiello, quién en presencia de numerosos representantes de las juntas vecinales recordó que “el 55% de las tierras leonesas se encuentran actualmente en manos de los consejos”. Lo que equivale a decir que 3,5 millones de hectáreas podrían pasar a manos de los municipios con mayor número de habitantes, de la diputación en de las comunidades autónomas, y – denunció – “sobre todo del interés privado”.

El texto del manifiesto fue muy crítico con el proyecto de Reforma de la Administración local, al que acusó de pretender “generar negocio para una banda de especuladores acabando con el medio rural”. Trapiello advirtió también sobre el peligro a perder su personalidad jurídica que corren las pedanías, y con ella su patrimonio, pero también sus aprovechamientos y servicios públicos. Alargó su intervención defendiendo la continuidad de los “ancestrales consejos”, para acabarla con un “sí a la democracia y al gobierno del pueblo”.

Terminada la manifestación se procedió a una recogida de firmas promovida por la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y los grupos 15M de León y Toma la Calle.

Un ecologista en El Bierzo.

Manifiesto en defensa de los concejos y las entidades locales menores.

”En el Estado Español existen más de 3.700 entidades locales menores, la mayoría en el norte, siendo leonesas una tercera parte. Sin embargo, nos llamemos parroquias rurales, pedanías, juntas vecinales y concejos, o entidades locales menores en general, – según nos encontremos en Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria, Navarra, Euskadi o en cualquier otro lugar -, todos compartimos una misma realidad: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA y que, leyes aparte, son instituciones tradicionales conformadas secularmente”.

¡No a la supresión de las entidades locales menores!

“Esta ley, que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que será defendida por el diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza de supresión de todas las entidades locales menores, el expolio de sus bienes comunales (que pasarían a los Ayuntamientos), el control de la gestión de sus servicios por parte de las diputaciones o las CCAA y la imposición de un plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas”.

¡No a la privatización de servicios!

“Si esta Ley se aprobase, una diputación o una CCAA tendría capacidad, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los servicios que ofrecen los ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán imponer su privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos impondrá el Ministerio de Hacienda”.

¡No al expolio de los bienes comunales!

“Las diputaciones y las CCAA, en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un Plan económico Financiero. Denunciamos el agravio consistente en que los ayuntamientos con déficit presupuestario puedan disolver sus entidades locales menores, cuyo patrimonio pasaría a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes culpables de esa mala gestión seguirían conservando sus cargos”.

“Si esta ley se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades locales menores, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo de los servicios que presta. Los criterios para realizar el cálculo nuevamente serán impuestos por el Ministerio. En el caso de un mínimo déficit en cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser disueltas”.

”Los concejos, pedanías, juntas vecinales y parroquias rurales, muchos de ellos se remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin duda, la manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De hecho, en la mayoría de estas entidades, los habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo y los vocales de su junta vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones, nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno de turno”.

“Las juntas vecinales son, en gran parte, responsables además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la leña de los montes de su propiedad, la administración, o el prorrateo o alquiler de los pastos de sus prados. Son incluso los responsables de los campos santos, e incluso de las escuelas donde aún se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de las entidades locales menores, al menos el 55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos, que por otro lado son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son propietarias de 3,5 millones de hectáreas”.

“Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio de la historia hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los ayuntamientos. Un robo premeditado y diseñado para asaltar la democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando con el mundo rural”.

“Las entidades locales menores, además, no tienen deudas y sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos”.

“Por estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las diputaciones, en algunos casos de las CCAA y el sector privado, donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. Lo que significa un ataque incruento a la tradición de nuestros concejos, pedanías y parroquias rurales, que por derecho, por trabajo y por historia nos pertenece. Un proceso que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas.

– Que el régimen de las entidades locales menores, tal y como ha dictaminado el consejo de Estado, sea esencialmente autonómico o foral, y tienen que ser las comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico principal.

– Que es esencial mantener el carácter de entidad local, como verdaderas administraciones públicas territoriales, con plena personalidad jurídica.

– Que es absolutamente inadmisible que se pueda suprimir una entidad local menor por las deudas o déficit del municipio en cuyo territorio se encuentre.

– Que es necesario flexibilizar los plazos de rendición de cuentas, simplificando su formato y procedimiento, integrando estos procesos en un esfuerzo por fomentar y financiar la modernización y adopción de la Administración electrónica por las Entidades locales menores.

Nos comprometemos a seguir trabajando de manera horizontal y coordinada, por la defensa del común y de la autonomía local, por los servicios de calidad, por la sostenibilidad de nuestro trabajo, avanzando hacia el modelo de concejo abierto, garantía de participación vecinal y mantenimiento del común.

¡No al expolio de nuestros pueblos! ¡No a la supresión de los concejos, pedanías, juntas vecinales o parroquias rurales! ¡Si a la democracia y al gobierno del pueblo!”

Comunicado de la manifestación en Defensa de las Juntas Vecinales. León. 20/10/13.

Más de 3.000 personas de todo el noroeste se manifiestan en León a favor de las juntas vecinales. 20/10/13. Elnortedecastilla.es.

Todo el noroeste exigirá en León la pervivencia de las pedanías. 14/10/13. Uniondelpuebloleones.es.

500 cántabros participarán en León en la manifestación por las juntas vecinales. 19/10/13. Europapress.es.

Ecobierzo defenderá mañana la persistencia de las Juntas Vecinales en la manifestación prevista en León. 19/10/13. Ecobierzo.wordpress.com.

En defensa de las Juntas Vecinales. 19/10/13. Bierzocomarca.eu.

Moción de IU de Villablino para la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Reunión de IU en Villablino. 2013. Fuente: IU.

Reunión de IU en Villablino. 2013. Fuente: IU.

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el ayuntamiento de Villablino, Severino Álvarez Méndez, ha elevado al pleno de la Corporación una moción en la que insta al gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Un ecologista en El Bierzo.

Exposición de motivos.

“Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.

Desde este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de modificación presentada por el gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el Art. 142 de la Constitución española, menospreciando el principio de autonomía municipal, y modificando el modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.

Reunión de IU en Villablino. 2013. Fuente: IU.

Reunión de IU en Villablino. 2013. Fuente: IU.

El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

Es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones locales apenas asciende al 5% por ciento del total, respondiendo además al Ayuntamiento de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de convenir en que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles.

Es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es perniciosa para ciudadanos y ciudadanas porque desdeña el respeto debido a sus derechos más básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus actuaciones y sus presupuestos, y por ende sus criterios políticos, el más mínimo ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad política de desarrollarla.

Tal situación se cierne en todo su amenazante potencial sobre el municipio de Villablino si efectivamente como parece el Consejo de Ministros acaba consolidando dicho borrador en una modificación legal vía decreto Ley o proyecto de ley. Es preciso pues que su Ayuntamiento tome conciencia de esta situación, y se apreste a hacerle frente. Por todo ello, y desde el grupo municipal de IUCyL planteamos los siguientes acuerdos:

1. El Pleno del ayuntamiento de Villablino insta al gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Insta del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal.

La población de Caboalles de Abajo, en Laciana.

La población de Caboalles de Abajo, en Laciana.

2. El Pleno del ayuntamiento de Villablino insta al gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública.

3. El Pleno del ayuntamiento de Villablino insta al gobierno de Castilla y León a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redactado actual, supondría para el Ayuntamiento de Villablino incluido su personal, y para la ciudadanía de Villablino.

4. El Pleno del ayuntamiento de Villablino insta al gobierno de Castilla y León a participar e impulsar cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la aplicación después, de dicha ley.

5. El Pleno del ayuntamiento de Villablino insta al gobierno de Castilla y León a iniciar un proceso de participación con la FRMPCyL, que permita la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios de Castilla y León, teniendo en cuenta las especiales características y la realidad de esta Comunidad, de manera que se garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública.

Logo Izquierda Unida.

Logo Izquierda Unida.

6. El Pleno del ayuntamiento de Villablino reprueba al ministro Cristóbal Montoro por presentar la nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución; puesto que apenas sé reduce un 1% dicho número de concejales y sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las personas que, sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos”.

El portavoz de Grupo Municipal IUCyL, Severino Álvarez Méndez. 25/03/2013.

Ley AntiAyuntamientos. 02/04/13. Izquierdaunidavillablino.blogspot.com.es.

IU considera que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local busca el vaciado de los municipios a favor de las diputaciones

Reunión de alcaldes pedáneos en defensa de las juntas vecinales y lo concejos. Fuente: esllabonlleonesista.blogspot.com.

Reunión de alcaldes pedáneos en defensa de las juntas vecinales y lo concejos. Fuente: esllabonlleonesista.blogspot.com.

El viernes pasado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hizo público el plazo máximo para que las juntas vecinales y concejos presenten las cuentas de una manera ‘profesional’, fijándolo en tres meses.

Pero, incluso si se supera esta primera exigencia, que precisaría de un apoyo administrativo a los afectados, estos deberán aprobar al cabo de un año una segunda prueba, cuando se presenten las auditorías sobre la capacidad para ejercer sus competencias. De lo contrario serán disueltas.

El ministro argumenta que con la nueva ley se evitarán disfuncionalidades y que ahorrará al Gobierno entre 3.500 a 7.129 millones de euros anuales. Pero tanto el PSOE, como IU, temen que esta ley sea un pretexto para posteriores privatizaciones de los bienes comunales.

Los cambios proyectados afectarían a 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores, así como a los 86.462 miembros electos que los gobiernan.

Un ecologista en El Bierzo.

Valoración del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por Santiago Ordóñez, Coordinador Provincial de IU-León.

El coordinador provincial de  IU León, Santiago Ordóñez. 2013. Leon7dias.com.

Santiago Ordóñez. IU-León. 2013. Leon7dias.com.

Efectos sobre los concejos.

El primer aspecto a tener en cuenta es el plazo de tres meses para regularizar las cuentas y evitar la apertura de expediente de disolución. Estamos ante un proyecto de Ley que empeora el borrador que ya conocíamos, que ataca de forma salvaje a las juntas vecinales y marca dos plazos muy concretos para eliminarlas. Una tres meses después de la entrada en vigor de la Ley y otra dentro de un año, cuando se presenten las auditorías sobre la capacidad para ejercer sus competencias. De no pasarlas desaparecerán igualmente. Esta Ley ha permitido que el PP se quite la careta por fin y demuestra que no se recorta en gastos políticos se recorta en democracia.

A mayores destacar que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local del Partido Popular (PP) afecta directamente a los concejos la propia nomenclatura de la división territorial que utiliza el Gobierno en su anteproyecto. Limita la administración del Estado a las diputaciones, cabildos, islas y municipios en un espacio más secundario. Las entidades locales menores pierden su carácter de “Estado” al pasar a considerarse como “entidades de ámbito territorial inferior al municipio”. Este aspecto cuestiona la jurisprudencia existente que considera a las juntas vecinales como municipios en todos los aspectos que no están expresamente regulados por la normativa autonómica.

A pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia defiende la regulación de los concejos por parte de las CCAA el Gobierno central incorpora una cuña entre las mismas regulando competencias exclusivas de la Junta recogidas en el Estatuto de autonomía de Castilla y León. Que recoge como administración propia de la comunidad las juntas vecinales y obliga a la Junta de CyL a su defensa.

Esta nueva consideración no es baladí la disposición adicional décima impide la constitución de nuevas juntas vecinales con personalidad y competencias propias limitándolas al papel “de órganos de gestión desconcentrada del municipio y carecerán de personalidad jurídica”. Literalmente lo que propone el PSOE en su proyecto de Ley. No pasarían de ser meros órganos de gestión de competencias del consistorio controladas por este.

Este problema legal se puede trasladar a aquellas entidades menores en proceso de constitución. La disposición adicional cuarta impone que se legislarán según el contenido del artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local que transcribo.
La traducción práctica de este precepto reduce el nivel de autonomía de cualquier nueva junta vecinal en materia económica y puede poner en solfa la legislación vigente en Castilla y León. Esto no quiere decir que se elimine la elección directa de los alcaldes pedáneos pero si su capacidad para designar a los vocales que conforman la junta vecinal. Que podrían ser designados por el Ayuntamiento correspondiente. Este precepto choca con el modelo de elección recogido en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Manifestación en defensa de las juntas vecinales. Riello, 2 oct. 2012. Fuente: esllabon.blogspot.com.

Manifestación en defensa de las juntas vecinales. Riello, 2 oct. 2012. Fuente: esllabon.blogspot.com.

Siguiendo con los efectos de la nueva Ley en las juntas vecinales, la disposición adicional tercera recoge que una entidad que no remita sus cuentas a los órganos de control público anualmente será disuelta. Estamos ante un atropello y una medida desproporcionada. Cualquier ayuntamiento que incumpla esta obligación será multado pero una junta vecinal que incumpla será disuelta. Esto demuestra que el objeto de la nueva regulación no es facilitar a los concejos cumplir sus obligaciones, es eliminarlas mediante un proceso administrativo sumarísimo y desproporcionado.

Para terminar debemos analizar la disposición adicional séptima; que impone a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio al proceso de evaluación económica que impone procesos de supresión y privatización de las competencias municipales.

Por literalidad del texto y analogía respecto a las competencias antes descritas si una entidad de este tipo sufre un proceso de evaluación negativo dicha administración deberá ser suprimida. Para lo cual se aplicará finalmente la disposición adicional tercera a la que antes hice referencia.

El resultado en ambos casos será el mismo: El personal pasará al ayuntamiento correspondiente. Así como sus derechos y obligaciones.

Aquí es necesario recordar que la regulación aprobada por la Junta para los montes de utilidad pública permitirá que la comunidad autónoma asuma la titularidad, lo único que le falta, de todos los montes de utilidad pública.

Estamos ante un ataque incruento a la tradición de los concejos. La disposición adicional cuarta del anterior borrador disolvía de un plumazo las entidades locales menores. El anteproyecto que maneja ahora mismo el Gobierno les deja sin autonomía y limita su capacidad jurídica tanto en las que se encuentran en proceso de constitución como aquellas que se creen en el futuro. La posibilidad de modificar por imposición la elección de los vocales de las juntas vecinales afectadas por el artículo 45 de la Ley es muy grave.

Sin embargo los aspectos más sibilinos debemos encontrarlos en las disposiciones adicionales séptima y tercera. La primera impone una evaluación que de forma arbitraria según las condiciones recogidas en el artículo 26.3, que amenaza pero no describe cuales serán los estándares de calidad impuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda. Haciendo imposible cumplir estos requisitos si la administración central así lo dispone. En el segundo de los casos se obliga a cumplir requisitos que ya existían pero no recoge la facilitación de medios para hacer efectiva esta obligación de cumplir con las obligaciones presupuestarias de las entidades. Imposible será cumplir sin los medios necesarios para ello.

Logo. IU de León. 2012.

Logo. IU de León. 2012.

En mi opinión estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las diputaciones donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. El proceso de evaluación se ha diseñado para evitar movilizaciones en defensa de los concejos mientras se imponen condiciones leoninas imposible de cumplir por parte de las entidades que desaparecerán una por una en el plazo de un año.

Santi Ordóñez, Coordinador Provincial de IU León. 16/02/2013.

El patrimonio de las pedanías leonesas podría superar los 3.000 millones. 28/10/12. Lacronicadeleon.es. (Este enlace no se localiza, pero he encontrado  otro durante la revisión en octubre de 2014).

El patrimonio de las pedanías leonesas podría superar los 3.000 millones. 28/10/12. Juntasvecinalesdeleon.blogspot.com.es Juntasvecinalesdeleon.blogspot.com.es.

La Diputación asumirá los servicios que no puedan financiar los ayuntamientos. 20/06/12. Diariodeleon.es.

Las Diputaciones podrán asumir servicios de hasta 7.717 municipios. 15/02/13. Tiojimeno.es.

La reforma de la Administración prohíbe pagar sueldo a 55.000 ediles. 13/02/13. Elpais.com.

Intervención del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales en la reunión sobre ordenación del territorio de IUCyL en León

Logo. Frente para la Defensa de las Juntas Vecinales. 2012. Fuente: esllabon,blogspot.com.

Logo. Frente para la Defensa de las Juntas Vecinales. 2012. Fuente: esllabon,blogspot.com.

Buenos días, queremos agradecer a esta asamblea de Izquierda Unida la invitación para explicar quiénes somos y qué tratamos de conseguir desde el Frente en Defensa de las Juntas Vecinales, también conocidas como entidades locales menores.

El Frente está formado por personas físicas y asociaciones culturales, que por no ser miembros de las juntas vecinales, no pueden participar o formar parte de las Federaciones formadas por estas entidades para su organización y/o coordinación y, en estos momentos por la defensa de su existencia ante las propuestas de organización territorial de los gobiernos nacional y autonómico.

Pero por el hecho de no por ser miembros de estas federaciones, estas personasy asociaciones no dejan de estar, es más lo estamos, preocupados por la supervivencia de nuestros concejos. A este Frente también se han sumado una gran parte de las propias juntas vecinales, y partidos políticos como Izquierda Unida.

En esta breve explicación de quiénes somos, también os hemos dicho por qué nacimos, en la defensa de las juntas vecinales, y para ello hemos organizado mesas redondas, cortes de carretera, asambleas locales. Se trata de explicar a los ciudadanos el peligro que se cierne sobre las entidades locales menores, el por qué, y de qué manera piensan hacerlo. Nuestro campo de acción se centra por razones logísticas en la provincia de León, pero mantenemos contactos con las federaciones de estas entidades hasta el punto de haberse desplazado, desde Andalucía y Cantabria, algunos de sus miembros a algunas de nuestras movilizaciones de cortes de carreteras.

Pues bien, porque ahí está nuestro interés en esta defensa.

Presentación del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales. León, 25 enero 2013. Fuente: ileon.com.

Presentación del Frente en Defensa de las Juntas Vecinales. León, 25 enero 2013. Fuente: ileon.com.

Los Concejos abiertos en el País leonés se remontan al siglo XVI, donde el pueblo reunido en asamblea decidió de un modo democrático las actitudes a realizar o cómo y de qué manera se debería realizar, por ejemplo, las facenderas. Siendo la manera más democrática de organizarse en los pueblos. En la actualidad los habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo y los vocales de la junta.

En la provincia de León tenemos más de 1.200 juntas vecinales representando el 33 % de la totalidad del Estado español.

Estas juntas vecinales son, en gran parte, responsables del suministro del agua en sus localidades, cotos de caza, reparto y recogida de leña en los montes de su propiedad, administración, prorrateo o alquiler de los pastos de sus prados. En muchos casos son las responsables de los campos santos, o de las escuelas, donde aún se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de las juntas vecinales, es decir, que son propiedad de los vecinos de los pueblos, asciende al 55 % de la superficie de la provincia de León.

Para aclaración de los presentes, las juntas vecinales en la provincia de León, no disponen de dinero en efectivo, ni tampoco tienen deudas, pero si son administradores de las propiedades de los vecinos con una gran riqueza. Los alcaldes y alcaldesas pedáneas y los vocales de las juntas vecinales son personas que no cobran por ejercer como administradores de las propiedades de todos los vecinos.

Por el contrario, si desaparecieran estas propiedades serian arrebatadas a los ciudadanos al pasar a otras administraciones, perdiendo a la vez una forma de gobierno muy arraigada en nuestra tierra, y entre nuestro pueblo.

La intención en un primer momento en junio del año pasado fue eliminarlas mediante decreto ley, con lo cual se hubiese apuntado el gobierno la medalla de haber suprimido algo más de 3.500 alcaldes, ¡Menudo recorte! Ante las presiones, pretende hacerlo de una manera más sibilina y que las propiedades de estas juntas vecinales pasen a propiedad de la Junta de Castilla y León, en el caso de los montes de utilidad pública, o de las diputaciones y ayuntamientos. Ayer mismo se aprobó la otra pata de la Ley que nos ha traído aquí. La mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que une a todas las entidades locales, mayores y menores como víctimas del Partido Popular (PP) y su interés por acabar con la democracia más cercana a favor de un modelo caduco y caciquil como el de las diputaciones.

Si el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio acoge una herramienta que servirá para dar a las Diputaciones los servicios que ahora se han mancomunado, mancomunidades de interés general, afectando por igual a municipios y juntas vecinales, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es todavía más dañina. Comienza por dañar directamente a los concejos en la propia nomenclatura de la división territorial que utiliza el Gobierno en su proyecto. Limita la administración del Estado a las diputaciones, cabildos, islas y municipios en un espacio más secundario. Las entidades locales menores pierden su carácter de entidades locales menores para ser meras comparsas de unos ayuntamientos que de por si estarían vacíos de competencias a favor de los entes provinciales.

A pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia defiende la regulación de los concejos por parte de las CCAA, el Gobierno central incorpora una cuña entre las mismas regulando competencias exclusivas de la Junta recogidas en el Estatuto de Autonomía de CyL. Que recoge como administración propia de la comunidad las juntas vecinales y obliga a la Junta de CyL a su defensa.

Esta nueva consideración no es baladí ya que la disposición adicional décima impide la constitución de nuevas juntas vecinales con personalidad y competencias propias, limitándolas al papel “de órganos de gestión desconcentrada del municipio y carecerán de personalidad jurídica”. Literalmente lo que proponía el PSOE en su proyecto de Ley alternativo al del PP que conocimos el verano pasado. No pasarían de ser meros órganos de gestión de competencias del consistorio controladas por éste.

Este problema legal se puede trasladar a aquellas entidades menores en proceso de constitución. La disposición adicional cuarta impone que se legislarán según el contenido del artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local que paso a leer literalmente.

Artículo 45.

250113. Pasquín. Imagen. Mesa redonda del Frente de Defensa de la Juntas Vecinales de León.1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.

2. En todo caso se respetarán las siguientes reglas:

a. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.

b. La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de concejales que integren el respectivo ayuntamiento.

La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal.

No obstante, podrá establecerse el régimen de Concejo abierto para las entidades en que concurran las características previstas en el número 1 del artículo 29.

c. Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el ayuntamiento.

La redacción del art. 29 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local cambió en 2011. La Ley Orgánica 2/2011 incluyó en su disposición final primera una nueva redacción del art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL):

1. Funcionan en Concejo abierto:

a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.

b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión delos intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

La traducción práctica de este precepto reduce el nivel de autonomía de cualquier nueva junta vecinal en materia económica y puede poner en solfa la legislación vigente en Castilla y León. Esto no quiere decir que se elimine la elección directa de los alcaldes pedáneos, pero si su capacidad para designar a los vocales que conforman la junta vecinal. Que podrían ser designados por el Ayuntamiento correspondiente. Este precepto choca con el modelo de elección recogido en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Siguiendo con los efectos de la nueva Ley en las juntas vecinales, la disposición adicional tercera recoge que una entidad que no remita sus cuentas a los órganos de control público anualmente serán disueltas. Tienen además un plazo de 3 meses para regularizar su situación y evitar la apertura de un expediente de disolución. Estamos ante un atropello y una medida desproporcionada que intenta acabar con la democracia directa y participativa que significan los ayuntamientos y las entidades locales menores. Cualquier ayuntamiento que incumpla esta obligación será intervenido a su vez. Esto demuestra que el objeto de la nueva regulación no es facilitar a los concejos cumplir sus obligaciones, es eliminarlas mediante un proceso administrativo sumarísimo y desproporcionado. Aplicando medidas de excepción dignas de una república bananera a los ayuntamientos.

Para terminar debemos analizar la disposición adicional séptima; que impone a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio al proceso de evaluación económica, estándares de calidad impuestos por Decreto y que no conocemos, pero que sabemos impondrá procesos de supresión y privatización de las competencias municipales e incluso de los propios consistorios.

Por literalidad del texto y analogía respecto a las competencias antes descritas si una entidad de este tipo sufre un proceso de evaluación negativo dicha administración deberá ser suprimida. Para lo cual se aplicará finalmente la disposición adicional tercera a la que antes hice referencia.
El resultado en ambos casos será el mismo: El personal pasará al ayuntamiento correspondiente. Así como sus derechos y obligaciones.

Aquí es necesario recordar que la regulación aprobada por la Junta para los montes de utilidad pública permitirá que la comunidad autónoma asuma la titularidad, lo único que le falta, de todos los montes de utilidad pública.

Estamos ante un ataque incruento a la tradición de los concejos. La disposición adicional cuarta del anterior borrador disolvía de un plumazo las entidades locales menores. El proyecto que aprobó ayer el Gobierno les deja sin autonomía y limita su capacidad jurídica tanto en las que se encuentran en proceso de constitución como aquellas que se creen en el futuro. La posibilidad de modificar por imposición la elección de los vocales de las juntas vecinales afectadas por el artículo 45 de la Ley es muy grave.

Sin embargo los aspectos más sibilinos debemos encontrarlos en las disposiciones adicionales séptima y tercera. La primera impone una evaluación que de forma arbitraria según las condiciones recogidas en el artículo 26.3, que amenaza pero no describe cuales serán los estándares de calidad impuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda. Haciendo imposible cumplir estos requisitos si la administración central así lo dispone. En el segundo de los casos se obliga a cumplir requisitos que ya existían pero no recoge la facilitación de medios para hacer efectiva esta obligación de cumplir con las obligaciones presupuestarias de las entidades. Imposible será cumplir sin los medios necesarios para ello.

En nuestra opinión estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las diputaciones donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. El proceso de evaluación se ha diseñado para evitar movilizaciones en defensa de los concejos mientras se imponen condiciones leoninas imposible de cumplir por parte de las entidades que desaparecerán una por una en el plazo de un año.

Frente en Defensa de las Juntas Vecinales de León. 16/02/2013 .

Cenefa. Frente para la Defensa de las Juntas Vecinales de León.