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El TSJA admite los recursos de la Junta y de los ecologistas al fallo que ‘legalizó’ el hotel ‘El Algarrobico’

El Algarrobico 'Hotel ilegal'. 12 mayo 2014. Fuente: greenpeace.org.

Greenpeace exige la demolición del hotel ‘ilegal’ de El Algarrobico. 12 mayo 2014. Greenpeace.org.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite los recursos de casación de la Junta de Andalucía, de Greenpeace y de Ecologistas en Acción, contra la sentencia de la Sección Tercera que declaró “urbanizable” el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de ‘El Algarrobico’, en Carboneras (Almería).

Hace unos pocos días Greenpeace protagonizó una espectacular acción en el Parque Natural en el Cabo de Gata para señalar el hotel en litigio judicial como un punto negro del litoral español. Una noticia sobre la cual ya informé el pasado día 13.

Creo que fue al día siguiente cuandopude ver unas imágenes en Televisión Española, en el informativo nacional, en la que se entrevistaba a vecinos del pueblo de Carboneras (donde se sitúa el hotel de marras) y estos  reclamaban su permanencia. Los manifestantes, varias decenas, repintaron la ‘’i” de ‘ilegal’ en el frontal del enorme edificio y lo  ‘retornaron’ a la legalidad con esa acción simbólica.

El hotel 'El Algarrobico' , cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.blogspot.com.es.

El hotel ‘El Algarrobico’ , cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.

Desde luego no se requiere un gran esfuerzo, ni inversión, para tapar una única letra. O al menos en comparación con los ocho mil metros cuadrados pintados por los ecologistas. Y he de decir también que de la protesta conservacionista no he visto ninguna imagen en la televisión pública. Corren en cambio los periodistas de la televisión (¿de todos los españoles o sólo de los empresarios y sus políticos?) a grabar a un grupo más bien pequeño que reclama el mantenimiento de una ilegalidad con la excusa del trabajo.

Pues nada, hagámos caso a este grupo y demos barra libre a cualquiera, destendiendo las exigencias legales o judiciales. ¡Como si no tuviésemos bastante ya con la corrupción actual (somos el segundo país de Europa en el ranquin actualmente) podemos mejorarla haciendo la vista gorda a cualquier ilegalidad cometida con tal de que dé de comer a alguien!

Pero más grave aún sería que la Unión Europea haya subvencionado las obras del edificio ilegal, tal y como argumentan los vecinos. Una información que no he podido confirmar,  pero que tampoco me sorprendería. Si así fuera, sería una prueba de pésimo funcionamiento de las instituciones europeas. O, tal vez, de su corrupción. Lo que todavía sería peor. ¡Luego se quejarán del elevado grado de abstención ciudadana que ya se anuncia de cara a las inmediatas elecciones europeas!

Por otra parte, de seguir esto sasí, con tanta corrupción, me pregunto dónde voy a tener que ‘enterrarme’ para que nadie me localice. Hace tiempo que dejé de publicar denuncias en mi tierra, porque había algunos me estaban haciendo la vida imposible, y presiento que si sigo denunciando me va a resultar imposible sentirme seguro en ninguna parte. Por el momento me siento obligado a cambiar nuevamente de residencia, algo que haré en lo inmediato para garantizar mi seguridad, y tampoco no descarto trasladarme a vivir fuera de España por los mismos motivos.

La resolución del Alto Tribunal, dictada el pasado día 13, se ha trasladado a la promotora Azata del Sol, personada en el procedimiento, para que pueda pronunciarse al respecto. En cuanto a los recursos, estos  se elevarán al Tribunal Supremo (TS) que dirimirá si los estima y anula la sentencia de 25 de marzo del corriente.

Cartel. Concentración en la playa del Algarrobico. 7 sept. 2011. Greenpeace.org.

Cartel. Concentración en la playa del Algarrobico. 7 sept. 2011. Greenpeace.org.

La Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio arguyó que esa sentencia era un “atentado” contra el principio de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, y que “desprotegía el paraje”.

Por su parte, los colectivos ecologistas argumentan que el hotel se construyó en un área protegida, y sitúan la paralización de las obras del hotel en estas causas.

Greenpeace ha criticado que haya tenido que pagar 1.290 euros por el nuevo recurso, de acuerdo con la nueva Ley de Tasas aprobada por Gallardón, y que ya he denunciado en este blog. También sostiene que la resolución judicial ahora recurrida “incumple” el derecho comunitario, puesto que los terrenos están situados dentro de la Red Natura 2000, lo que impide que puedan urbanizarse salvo por razones de interés público.

Un ecologista en El Bierzo.

Greenpeace confía en que TS anule la calificación de urbanizable de Algarrobico y culpa a la Junta del fallo. 16/05/14. Lainformacion.com.

El TSJA admite los recursos contra el fallo que declaró urbanizable el suelo del hotel de El Algarrobico. 15/05/14. Elmundo.es.

Vecinos de Carboneras pintan el Algarrobico para apoyar su legalización. 15/05/14. Lavanguardia.com.

Greenpeace exige la demolición del hotel El Algarrobico pintando un gran punto negro en su fachada. 13/05/14. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Greenpeace quiere que se proceda ya a la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico. 2011. Greenpeace.org.

Greenpeace quiere que se proceda ya a la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico. 2011. Greenpeace.org.

Ecologistas en Acción plantea 36 alegaciones al reglamento de Costas porque “culmina” la privatización del litoral. 02/04/14. Europapress.es.

Un reglamento que culmina la privatización iniciada con la Ley de Costas. 02/04/14. Ecologistasenaccion.org.

Greenpeace y Avaaz denunciarán la Ley de Costas ante la Comisión Europea. 30/06/13. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo anteproyecto de Ley de Costas. 16/07/12. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

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Gallardón rectifica y permitirá disfrutar de la justicia gratuita a las asociaciones medioambientales

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama - Velilla. Fuente: lne.es.

Una manifestación contra la línea de muy alta tensión eléctrica Sama – Velilla. Fuente: lne.es.

El Partido Popular (PP) dio marcha atrás y rectificó ayer (día 29) en el Congreso su negativa a facilitar asistencia judicial gratuita a las asociaciones medioambientales, con independencia de sus recursos económicos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respondió así a las enmiendas a la totalidad presentadas por seis grupos de la oposición. Gallardón adelantó que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales “definido en su propia normativa” y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.

“Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga”, señaló el político, defendiendo una norma que para él supone “un avance social considerable”.

Las organizaciones ecologistas se sumarían así a los sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo que ya incluía el borrador del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Un texto que reconoce además la protección a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Alberto Ruiz-Gallardón. 21 dic. 2013. Wikipedia.org. Foto: Pool Moncloa.

Tras esta declaración las asociaciones conservacionistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, se han apresurado a felicitar al ministro. En una nota de prensa han añadido, además, que las ONG ecologistas son “las mejores garantes” de la protección ambiental en los tribunales.

En el comunicado los conservacionistas han recordado también que dos leyes de este gobierno, la Ley de Tasas, que supone un coste inasumible para las oenegés ambientales, y la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, que obliga a los magistrados a imponer las costas a las oenegés, hacen prohibitivo que éstas acudan a los tribunales. Ante tal situación la única oportunidad que quedaba era la de acogerse a la justicia gratuita. Una posibilidad que el nuevo proyecto de ley limitaba.

¿Globo sonda o error ministerial?

Hace tres semanas critiqué este proyecto aberrante. Denuncié que dejaba en el desamparo a muchas asociaciones ecologistas, o simplemente ciudadanas, a la hora de denunciar infracciones o delitos medioambientales. Ahora llamo la atención sobre algunos titulares periodísticos, que dicen que se amplía un derecho cuando en realidad simplemente se mantiene.

Logo. 'Sama-Velilla No'. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo.

Logo. ‘Sama-Velilla No’. 2009. Unecologistaenelbierzo.com.

La reforma, lógicamente, levantó ampollas entre los conservacionistas y hubo quien (entre ellos yo mismo) vio en el nuevo proyecto de ley un intento más del Gobierno de facilitar a las empresas la ejecución de algunos proyectos altamente depredadores del territorio, como lo es, por ejemplo, la línea de muy alta tensión eléctrica Sama-Velilla, por citar alguno.

De hecho, la propuesta del ministro ha sido un caballo de batalla de las organizaciones conservacionistas en los últimos meses, Éstas han criticado un borrador de ley que priva a las pequeñas organizaciones en defensa del medio ambiente de la posibilidad de litigiar por falta de recursos económicos.

Sin embargo, como entonces señalé, el proyecto tenía pocos visos de prosperar, principalmente porque atenta contra el Convenio de Aarhus (firmado por los miembros de la Comunidad Europea el 25 de junio de 2008), que garantiza el “acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Pero, incluso así, la cuestión no dejaba de ser preocupante puesto que obligaba al mundo ecologista a realizar una movilización que siempre es preferible dedicar a lograr algo nuevo que no a mantener lo ya conseguido.

De hecho, ciertas opiniones apuntaban a que la nueva propuesta del ministerio de Justicia podría impugnarse fácilmente por anticonstitucional. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Carlos González Antón, hizo unas declaraciones en este sentido, corroboradas por la también catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, Mercedes Fuertes López.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras la tala ilegal ordenada por el constructor F. Gómez. Foto: Juan M. Hernández.

Aspecto del Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras una tala ilegal. Foto: Juan M. Hernández.

Tales opiniones, sumadas a los avisos que ha debido recibir el ministro en este sentido, tanto de las grandes asociaciones medioambientales como probablemente de asesores gubernamentales, pienso que han debido influir definitivamente en que el ministro haya decidido rectificar su primera propuesta globo. Y también, posiblemente, el hecho de que su anterior propuesta de modificación de la ley del aborto ha levantado tal crispación y discrepancias, incluso dentro de las propias filas del PP, que han debido debilitar su posición.

El retroceso en derechos ciudadanos que la nueva reforma habría significado para la conservación del territorio contra agresiones indebidas está claro. La modificación de la ley afectaba a espacios protegidos de la Red Natura 2000, y que son los que se suelen ver habitualmente implicados en litigios medioambientales. Pero la reforma también atacaba gravemente al derecho constitucional a la salud, puesto que pequeñas asociaciones ecologistas se encuentran en muchas ocasiones en la base de protestas contra la contaminación del aire, la tierra o el agua.

Por suerte, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Reino Unido por no defender adecuadamente a una ciudadana que vio su derecho a la información y justicia en materia ambiental cercenado por parte de una empresa y del propio gobierno británico. Sin embargo, las ONG ecologistas exigen que se eliminen las desorbitadas cauciones que imponen determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental, como por obliga, por ejemplo, el tribunal europeo.

El anuncio de rectificación por parte del ministro es, desde luego una buena noticia. Aún así, las principales asociaciones conservacionistas llaman a la prudencia, pues habrá que esperar a que se conozcan las enmiendas definitivas del grupo popular.

Un ecologista en El Bierzo.

Manifestación. 'Fraqui go home'. Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Manifestación contra el fracking en Sotopalacios, 19 abril 2014. Diariodevurgos.com.

Gallardón amplía la justicia gratuita a las oenegés ecologistas. 29/04/2014. Lavanguardia.com.

Gallardón rectifica y amplía la justicia gratuita a las asociaciones ambientales. 30/04/14. Diariodeleon.es.

ONG ecologistas celebran su incorporación a la justicia gratuita anunciado por Gallardón porque “era de cajón”. 29/04/14. Europapres.es.

Gallardón quiere blindar los grandes proyectos medioambientales obligando a pagar tasas millonarias a los ecologistas. 09/04/14. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 20/11/12. Boe.es. Pdf. 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 14/07/98. Boe.es.