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Garoña: ¿el siguiente Fukushima o Chernóbil?

'No más fukushima'. Protesta en Garoña de Greenpeace. Greenpeace.org.

‘No más fukushima’. Protesta en Garoña de Greenpeace. Greenpeace.org.

He citado en el titular a estos dos últimos desastres nucleares por ser los de más reciente memoria y lamentablemente de los más graves acaecidos. Pero la lista de accidentes que no estaba previsto que ocurriesen, y que en teoría no podían ocurrir, es muy, muy, larga.

En diversas ocasiones he tratando el tema y el caso de Garoña en particular, sobre cuya central he escrito que no debería alargarse su vida útil más allá de los cuarenta años de servicio, ni tampoco improvisar experimentos que puedan acabar trágicamente. En este sentido recuerdo la célebre recomendación realizada por el filósofo y escritor Miguel de Unamuno, quien fuera tres veces rector de la Universidad de Salamanca, en cierta ocasión: “Mire usted, los experimentos hágalos con gaseosa y en su casa”.

Quiero decir con esto que hay experimentos no sólo prohibidos, sino prohibidísimos, y que ciertos asuntos no dejan espacio para ensayos de aprendiz de brujo, porque lo que está en juego es demasiado importante para correr riesgo alguno.

El radio de acción de un posible accidente nuclear en Garoña. 2009. Fuente: inigoortizdeguzman.wordpress.com.

El radio de acción de un posible accidente nuclear en Garoña. 2009: Inigoortizdeguzman.com.

Un posible accidente nuclear en Garoña (Burgos), que tiene la misma tecnología nuclear que Fukoshima pero mucho más antigua, tendría efectos en La Rioja y Vizcaya, con su capital Vitoria incluida, además de contaminar el agua del Ebro y del embalse de Ulibarri-Gamboa, del que bebe una buena parte del País Vasco (Bilbao). La contaminación llegaría incluso hasta Aragón.

Viene este comentario a cuento del titular publicado ayer enEl País’, anunciando que el Centro de Seguridad Nuclear (CSN) vuelve a la carga con la propuesta de reapertura de la central nuclear de Garoña, por más que ésta corresponda a un modelo anticuado y esté debidamente amortizada.

Para mí, detrás de la noticia se ocultauna vez más la codicia. En este caso la de  Nuclenor, que es la titular de la planta, una empresa integrada a partes iguales por las eléctricas Endesa e Iberdrola. Éstas no quieren desistir en el empeño de sacarle aún mayor tajada a lo que ya está sobradamente amortizado. Algo que, por supuesto, no se debería permitir.

Alegarán algunos que estoy hablando a la ligera de quienes tienen la responsabilidad de velar por nuestra seguridad, como es el caso de los trabajadores del Centro de Seguridad Nuclear (CSN), o los mismos ingenieros de Endesa e Iberdrola. Que conste que sobre su preparación y profesionalidad no me caben dudas, pero sí las albergo en lo que se refiere a su ética, condicionada como se encuentra ésta, -como suele suceder en cuanto abordamos el tema de lo humano-, a los intereses económicos. En este sentido citaré uno de los principios del escritor estadounidense y ganador del Premio Pulitzer (1943), Upton Sinclair: “Es difícil lograr que alguien comprenda algo cuando su sueldo depende de que no lo comprenda”.

Recordaré aquí también que cuando se produjeron graves hechos en la central nuclear de Ascó (2007), propiedad al 100% de Endesa, los vecinos no fueron inmediatamente alertados de ellos y que la dirección de la planta atómica retardó el aviso de los problemas al CSN. Quiero decir con esto que hoy, como ayer, no tenemos seguridad alguna de que los inmediatamente afectados por un posible escape nuclear sean avisados a tiempo.

Los intereses de las eléctricas por delante de los ciudadanos.

Protesta contra la reapertura de Garoña el pasado diciembre en Vitoria. Elpais.com. Foto: L. Rico.

Protesta contra la reapertura de Garoña el pasado diciembre en Vitoria. Elpais.com. Foto: L. Rico.

Reconozco que, detrás de estos movimientos en torno a la reapertura de la central, sólo veo intereses económicos que muy poco tienen que ver con el beneficio general. Estamos frente a una central que es la más antigua de España, que fue inaugurada hace 44 años y que tiene una producción eléctrica bastante limitada (500 megawatios). De hecho,  su cierre, -hace tres años-, no significó ningún desarreglo en el sistema eléctrico español, que se encuentra sobredimensionado.

La importancia del tema, a nivel social es relevante. Y eso parece haberlo comprendido muy bien el Partido Popular, y sus asesores populares y socialistas en las grandes eléctricas (las conocidas como puertas giratorias), como para que se obviara el debate social hasta superadas las elecciones generales. Metidos como se encuentran actualmente los partidos políticos en el embrollo de la constitución de un nuevo gobierno, por lo visto a alguien le ha parecido que ahora era un buen momento para sacar adelante este asunto.

Otro elemento importante a tener en consideración es que de reabrirse la central se marcaría un precedente que veo como muy peligroso. De hecho, tal vez esté ahí la clave de la petición de esta continuidad. Los expertos consideran que una aprobación podría actuar como punta de lanza para las otras cinco centrales que conforman el sector nuclear en España. Y todo ello sin abrir un pertinente debate público.

Nuclenor lo tiuene claro: quiere que el Ministerio de Industria le conceda 17 años más de funcionamiento. Una ampliación a la que Industria ha respondido dando varios pasos para permitirla. Aunque entes será necesario que el CSN dé su visto bueno.

El pleno del Consejo nuclear aprobó, en noviembre pasado, una modificación sobre las curvas de presión de la vasija del reactor de Garoña, uno de los requisitos exigidos para la continuidad de la planta. En cuanto a los demás (modificaciones del sistema eléctrico de la central y del edificio de almacenamiento de material usado, además de una revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento) serán aprobados probablemente hoy miércoles, gracias a los votos del Partido Popular, que tiene el control.

De hecho, este mismo partido es el que el 21 de febrero de 2014 aprobó un real decreto que establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Una reforma cuyo objetivo no era otro que permitir una ulterior reapertura de la central de Garoña y que fue catalogada como “muy positiva” por Nuclenor.

Tanto el PSOE, como Izquierda Unida y Podemos, ya se han manifestado partidarios de que la vida útil de las centrales nucleares no se prolongue más allá de los 40 años.  Sin embargo, recordaré aquí que los socialistas estando José Luis Zapatero al frente del país, y siendo Miguel Sebastián ministro de Industria, ya se aprobó y produjo un alargo de la vida útil de la central. Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, lo que quiere conseguir el Partido Popular es “atar las manos del Gobierno que entrará”.

En este contexto, tal y como dije, esal ministerio de Industria  al que le corresponde conceder la autorización final. Lo que de hecho significa que el proceso de reapertura tendría que concluir con una decisión política. De ahí que el nuevo mapa electoral resulte determinante en este caso.

En este asunto el portavoz de Equo y diputado por Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha manifestado una opinión muy clara sobre el mismo: “Es indecente que un Gobierno en funciones esté actuando así en el proceso para reabrir”.

En cuanto a Ciudadanos, el partido naranja ha preferido mostrarse prudente y ambiguo. David López, su coordinador de Medio Ambiente y Energía, ha planteado así la cuestión:“Lo más lógico sería no reabrir Garoña por criterios de seguridad, económicos y de sensibilidad social, pero no seremos dogmáticos y esperaremos al dictamen del CSN y analizaremos otros factores asociados”.

El rechazo a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha acercado al PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados. Ambos partidos, aunque por separado, presentarán proposiciones no de ley a la Mesa del Congreso en las que instan a que no se reabra esta central.

Por su parte, Greenpeace publicó ayer un artículo en su página oficial en la que se reafirma en su oposición a la apertura de la central.

Un ecologista en El Bierzo.

'Garona cierre ya'. Protesta de greenpeace para exigir el cierre definitivo de Garoña. Greenpeace.org.

‘Garona cierre ya’. Protesta de greenpeace para exigir el cierre definitivo de Garoña. Greenpeace.org.

El CSN impulsa la reapertura de la central nuclear de Garoña. 19/01/16. Elpais.com.

Nuclenor solicita alargar la vida de la central de Garoña 17 años más. 27/05/14. Elpais.com.

Tras tres años parada Garoña ha demostrado que es innecesaria para el sistema eléctrico. 18/12/15. Greenpeace.org.

La central de Garoña ya tiene una ley a medida para reabrir. 22/02/14. Elpais.com.

El rechazo a reabrir la central nuclear de Garoña une a PSOE y Podemos. 20/01/16. Elpais.com.

Garoña: ¿una jugada maestra del PP, Iberdrola y Endesa?
19/01/16. Greenpeace.org.

Únete para salvar nuestras tierras: ¡Fracking No!

Manifestación contra el TTIP y el fracking. Madrid, 11 oct. 2014. Twitter.com

Manifestación contra el TTIP y el fracking. Madrid, 11 oct. 2014. Twitter.com

El 22 de enero de 2014 la Comisión Europea renunció a regular la explotación de gas mediante la fractura de rocas con inyecciones de agua. El fracking, también conocido como fractura hidráulica, conseguía así vía libre en Europa.

En España, en abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley sobre Evaluación Ambiental en el que expresamente se regula la fragmentación hidráulica o fracking, utilizada para extraer gas atrapado entre las rocas a gran profundidad, como una de las actividades que precisa de un estudio de impacto ambiental previo.

El día 7 de abril de 2014, en una sesión de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, se debatió sobre el fracking y la oportunidad de prohibirlo en la comunidad, o al menos de conseguir una moratoria. La proposición no de ley, presentada por el PSOE, fracasó ante la oposición del Partido Popular.

Protesta contra el fracking. Marzo 2015. Avaaz.org.

Protesta contra el fracking. Marzo 2015. Avaaz.org.

En estos días me informan que la Junta de Castilla y León ha concedido permisos a empresas para llevar a cabo prospecciones relacionadas con la fractura hidráulica. Estas autorizaciones se localizarían en la provincia de Palencia. Por otra parte, hace algunos días tuve la oportunidad leer una petición de Avaaz al ministro de Industria, José Manuel Soria, a los gobiernos regionales y a todos los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y generales, para que impidan que multinacionales en busca de gas utilicen en nuestro país esta técnica. El argumento esgrimido por los peticionarios es que los riesgos que entraña tal técnica para el medioambiente y la salud de las personas son muy elevados.

Un temor que, atendiendo a mi conocimiento considero fundamentado. Asimismo, no encuentro necesarias ni fundamentadas tales prospecciones, a las que relaciono expresamente con el afán de lucro, y también con los intereses ocultos que suelen situarse tras operaciones que tantos millones mueven.

En mi comarca no corremos riesgos de que instalen este procedimiento, dada la especificad de nuestros suelos, pero no es el caso de otros lugares. Pero la laxitud de los gobiernos regionales a la hora de prohibir la fractura hidráulica está propiciando que las multinacionales estén a la caza de gas en nuestro país. Sin embargo, e en un espacio geográfico tan seco como el nuestro no parece sensato inyectar en su subsuelo millones de litros de agua mezclados con un coctel químico tóxico.

Dicen mis amigos que “la guerra contra el fracking se está librando pueblo a pueblo”. Y creo que tienen razón, que las empresas están aplicando una política discreta pero firme destinada a no llamar la atención de la ciudadanía. Y que nuestra Junta, que por un lado dice que se opone a estas prospecciones, en realidad está concediendo permisos por la puerta de atrás.

Qué es el fracking.

¿Cómo funciona la fracturación hidráulica. 350.org.

¿Cómo funciona la fracturación hidráulica. 350.org.

Para los que desconozcan lo que es el fracking les diré que es una técnica que permite extraer el gas acumulado en poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias mediante la excavación de una gran cantidad de pozos en los que se inyectan millones de litros de agua a presión.

Es de dominio público que el fracking puede provocar problemas de salud en las poblaciones cercanas debido a los químicos que se inyectan en el suelo, pero además puede incrementar los temblores de tierra por la inyección de aguas residuales en el subsuelo,  y también contaminar los acuíferos, motivo por los que en Francia y Bulgaria ya lo han prohibido.

Además,  como bien dice Greenpeace,  ¿para qué queremos más gas? Es cierto que padecemos déficit de petróleo y de gas pero, en compensación, nuestro país cuenta con energías renovables en abundancia.

Mociones municipales contra el fracking.

Una protesta de la plataforma Andalucía Libre de Fracking. 2014. Eldiario.es.

Una protesta de la plataforma Andalucía Libre de Fracking. 2014. Eldiario.es.

En España, municipios como Cádiz, Jaén, Sevilla y Córdoba se han declarado “libres de fracking”. Y ahora que se aproximan las elecciones es un buen momento para conseguir que nuestra oposición al fracking aparezca en todas las propuestas electorales. , al contrario, para que quienes lo defienden queden claramente retratados.

Es por lo que te pido que, si estás en la política o si conoces a alguien que lo esté, le traslades esta petición. Y que tú mismo  la firmes. Así nos podremos evitar algunos graves disgustos que otras poblaciones han conocido, o están conociendo. En algunas, debido al escape de gas metano que llega a los domicilios tras las perforaciones, hemos visto las imágenes sorprendentes de ver cómo éste se encendía éste al aproximar una cerilla a la boca del grifo.

Firma aquí para ahuyentar a las multinacionales y comparte la petición con todos tus conocidos.

Avaaz financiará encuestas nacionales y regionales y luchará por conseguir de los principales partidos un compromiso por la prohibición de esta práctica.

Un ecologista en el Bierzo.

11 oct. 14. Día Internacional contra el Fracking. Ecologistas en Acción.

11 oct. 14. Día Internacional contra el Fracking. Ecologistas en Acción.

La Comisión Europea cede y da vía libre al ‘fracking’. 22/01/14. Eldiario.es.

El ‘fracking’, doble amenaza para las zonas españolas con escasez de agua. Eldiario.es. 28/02/14. Eldiario.es.

El ‘fracking’, por la puerta de atrás. 17/07/13. Elpais.com.

La carrera del ‘fracking’ en Castilla y León. 07/04/13. Elmundo.es.

El Gobierno valenciano abre la puerta al ‘fracking’ en el norte de Castellón. 05/02/13. Elpais.com.

Municipios de Cádiz, Jaén, Sevilla y Córdoba se declaran “libres de fracking”. 29/08/13. Eldiario.es.

No al fracking en Europa. 30/09/12. Youtube.com (en inglés con subtítulos en castellano).

La CNMC sanciona a varias petroleras por prácticas en contra de la competencia

Un empleado de una gasolinera en la provincia de Madrid. Elpais.com. Foto Santi Burgos.

Un empleado de una gasolinera en la provincia de Madrid. Elpais.com. Foto Santi Burgos.

El pasado miércoles (día 25) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública la sanción impuesta a cinco petroleras por prácticas en contra de la competencia, tales como coordinación de precios, intercambio de información y pactos de no agresión.

Por estos motivos Competencia sanciona a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, con multas por un total de 32,4 millones de euros, en las que el grueso de las mismas corresponde a Repsol (20 millones de euros) y a Cepsa (10 millones). Otras multas menores son las impuestas a la petrolera canaria Disa (1,3 millones), a la filial española de Galp (800.000 euros) y a Meroil (300.000 euros).

En tanto que consumidor, y por lo tanto perjudicado por estas prácticas fraudulentas, me he interesado por esta noticia, por otro lado no es novedosa, ya que hace años que me llegan noticias sobre medidas similares aplicadas por la CNMC. Peor aún, la anterior Comisión Nacional de la Competencia (CNC) denunció, en sucesivos informes, que las gasolineras habían llevado a cabo en España incrementos en el precio de los carburantes de mucha mayor envergadura a los registrados en los países de su entorno.

Buena prueba de esto es que, en estos momentos, el precio de los carburantes sea en Francia sea prácticamente el mismo que en nuestro país (disfrutando este país de un salario mínimo que dobla el nuestro), cuando yo recuerdo con claridad que anteriormente siempre repostaba antes de cruzar la frontera, porque este hecho me significaba un ahorro importante.

En relación con este tema destacaré también el “efecto lunes”. Es decir, el acuerdo entre las petroleras para reducir el precio de los carburantes ese día, que luego ascendía de forma progresiva durante los restantes antes de recaer nuevamente el lunes. Detrás de tal actuación cabe situar un control estadístico de la Unión Europea, que se efectuaba el mencionado primer día de la semana. De hecho, en marzo de 2013 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acusó al sector por practicar esta práctica ilegal, que las petroleras siguieron practicando de todos modos.

He intentado aclarar algunos aspectos relacionados con la multa millonaria, pero algunos debido a su complejidad se me resisten, en especial los jurídicos. Aún así, me he esforzado por aportar alguna claridad al lector sobre algunos aspectos de este asunto. Más complicado aún si tenemos en consideración que algunas de las informaciones aportadas por los medios se contradicen en algunos casos. Llegando incluso a diferir, hasta en el mismo medio, de un artículo a otro.

De este modo, en algún momento de que Cepsa no recusó finalmente la decisión adoptada por la CNMC, mientras que una semana se dice lo contrario.

En cualquier caso, en lo que las informaciones parecen coincidir es en que la decisión de la CNMC cierra el expediente 474/13 abierto en julio de 2013 por el equipo de la extinguida Comisión Nacional de Competencia (sustituida por la CNMC) a raíz de las múltiples denuncias recibidas.

Las raíces del enconado enfrentamiento actual podemos encontrarlas en una resolución de 2009 (relacionada con el expediente sancionador 652/07 – número 2804/07 de la Dirección de Investigación, iniciado de oficio en 2007 por presuntas conductas prohibidas por la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia). En esa resolución se castigaba a Repsol, Cepsa y BP por la fijación indirecta de los precios de los carburantes a empresarios independientes que operaban bajo su marca. La resolución, que se encuentra recurrida, establecía multas millonarias a las petroleras y les obligaba a cambiar una serie de prácticas.

Los datos que he logrado encontrar sobre las compañías Repsol, Cepsa y BP, referidos al año 2009, señalan que en ese momento estas empresas controlaban el 70% de las 8.650 gasolineras del país.

Reacciones ante las sanciones.

Los precios de los carburantes se han disparado en los últimos cinco años. Adicae.net.

Los precios de los carburantes se han disparado en los últimos cinco años. Adicae.net.

Las reacciones ante las sanciones, tanto por parte de los sancionados como por la de las asociaciones de consumidores, no se han hecho esperar. Así, Repsol ya ha anunciado que la recurrirá en los tribunales. En el lado opuesto, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, no ha dudado en calificar la multa de “microsanción”.

En su página web esta asociación recuerda que, a finales de los años 90, el Gobierno abandonó el sistema de fijación de precios máximos para dar libertad total al sector para fijar los precios, “con el falaz argumento de que ello incentivaría la competencia y el abaratamiento de los combustibles”. FACUA denuncia los beneficios abusivos e insiste en que la regulación de precios por parte del Ejecutivo es la única forma de poner freno a “las escandalosas prácticas oligopolísticas del sector”.

La asociación también critica la pasividad mostrada por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP ante la injustificada carestía de los carburantes e insiste en que la solución no está en aplicar “pequeñas multas” como la que acaba de trascender, sino en asumir que la liberalización del sector ha tenido justo el efecto contrario al anunciado.

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios) CECU ha denunciado que son múltiples los informes de la CNMC que, año tras año, “ponen de manifiesto el mal funcionamiento de este mercado y el grave perjuicio que causan constantemente al bolsillo de los consumidores”. Y para subrayar su afirmación ha puesto como ejemplo la “opacidad que hemos vuelto a ver en los últimos meses cuando, de nuevo, no se traducían de forma inmediata y equivalente al precio de los carburantes los profundos descensos en el barril de crudo”. Una situación que –recalca- “se opone a los instantáneos incrementos cuando el precio del petróleo repuntaba”. Con un comunicado, CECU, ha insistido en su exigencia de que el Ministerio de Industria tiene que actuar “de forma decidida para profundizar en la competencia de este sector”.

Algunos de los correos electrónicos intercambiados entre las petroleras, en los que éstas se consultaban para pactar precios, fueron publicados el pasado día 26 por ‘Eleconomista.com’. Entre ellos los hay que se refieren a qué precio poner en los surtidores los lunes. Y otros evidencian cómo los grandes presionan a los hipermercados para que moderen sus descuentos.

El informe de la CNMC.

Correos que demuestran el pacto entre gasolineras. 2015- Fuente eleconomista.com.

Correos que demuestran el pacto entre gasolineras. 2015. Eleconomista.com.

En su informe la CNMC identifica varias infracciones cometidas por las petroleras. Así, cita un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (Zaragoza) en julio de 2013; un pacto de no agresión entre las mismas compañías fechado en julio-agosto de 2011 (en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra); y varios intercambios de información estratégica entre ellas durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora.

Un segundo apunte hace referencia a un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa establecido entre julio y septiembre de 2011 y a un acuerdo entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013.

Un tercero refiere diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 y 2013 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (Barcelona) en relación a sus márgenes operativos.

Y, finalmente, un cuarto establece un intercambio de información entre Galp y Meroil relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.

Repsol recusa al presidente de la CNMC.

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Luis Sevillano. Elpais.com.

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Luis Sevillano. Elpais.com.

Con anterioridad a la decisión adoptada por la CNMC, la semana pasada la empresa Repsol presentó un duro escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que recusa a su presidente, José María Marín, y a dos consejeras, Idoia Zenarrutzabeitia y María Ortiz. Es decir, atacando a tres de los cinco que consejeros que integran la sala de Competencia de la CNMC. En su escrito la mayor petrolera española alegó falta de imparcialidad objetiva y “enemistad manifiesta” (que es una causa recogida por la ley), y denunció lo que considera que es “un caso claro de desviación de poder”.

Hace unos meses hemos asistido a las prospecciones de esta compañía en aguas del Atlántico, frente a las costas canarias, en búsqueda de petróleo. Trabajos que, pese al enfrentamiento frontal del gobierno canario, se llevaron a cabo con el respaldo de la Armada Española, que las protegió frente a los intentos de Greenpeace por impedirlas, resultando el 15 de noviembre herida de gravedad una activista.

Sea como sea, tanto por el fracaso económico de esa operación, como por el descarado apoyo gubernamental a una empresa privada que evidenció tal operación, es posible que la compañía se sienta un tanto irritada, y al mismo tiempo segura de su influencia ante el gobierno. Esta certeza justificaría que haya llegado incluso a amenazar con demandar a los tres consejeros por “daños y perjuicios” en caso de que “los recusados persistan en su actitud de seguir conociendo del asunto, actuando de manera absolutamente parcial y sesgada y por ello ocasionando continuos agravios e irregularidades”.

Sobre el funcionamiento de la CNMC.

Las multas impuestas a las petroleras por la CNMC me han llevado a interesarme por este organismo que, felizmente para los consumidores, mantiene cierto nivel de independencia con respecto a las decisiones del gobierno. Algo que probarían estas sanciones, aunque a algunos les parezcan insuficientes.

La CNMC está organizada en dos salas, la de Competencia y la de Supervisión Regulatoria, que cuentan cada una con cinco miembros. Los diez forman el Pleno del consejo.

Lógicamente sería deseable que estas diez personas se situaran al margen de cualquier interés de las petroleras. Lo que, por desgracia, no parece ser el caso. Al menos es lo que deduzco de la lectura de los medios, que señalan la vinculación pasada de su presidente con una de ellas, y con la que, por otra parte, ya no parece comulgar demasiado.

Pero también el hecho que trasluce la frontal división entre los miembros de la sala de la Competencia. Esta última se encuentra claramente dividida en dos. En casi todas las decisiones importantes los tres consejeros recusados por Repsol votan en un sentido y los otros dos (Fernando Torremocha y Benigno Valdés) formulan votos particulares en que descalifican la decisión aprobada.

Una división que sería de gran utilidad a las petroleras la hora de impugnar las decisiones del organismo de la Competencia, ya que los dos consejeros en la oposición, al señalar las debilidades del organismo, facilitan información valiosa a las empresas. En este sentido, vale la pena remarcar que entre los argumentos que Repsol utiliza cita expresamente la “división radical en la sala, que ponen de manifiesto los constantes y contundentes votos particulares a sus resoluciones principales en este asunto”.

Los contratos de la polémica.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ferviente defensor de las compañías petroleras. Vixpopuli.com. Foto Gtres.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ferviente defensor de las compañías petroleras. Voxpopuli.com. Foto: Gtres.

Competencia consideró en 2009 que los contratos de suministro en exclusiva de Repsol, Cepsa y BP incluían cláusulas y prácticas que suponían una fijación indirecta de precios y limitaban la competencia. Por esto instó a cambiar los contratos de las gasolineras, tanto DODO (dealer owned-dealer operated, en la que empresarios independientes son dueños y gestores) como CODO (company owned-dealer operated, propiedad de la petrolera pero gestionadas por un tercero).

La ley 11/2013 prohibió que los contratos de suministro en exclusiva contengan cláusulas que “fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible”. Pero esa prohibición se limita a las gasolineras DODO y no a las CODO.

La Dirección de Competencia y dos de los cinco consejeros de la sala de Competencia consideran que no se puede sancionar a Repsol si cumple la ley. En cambio, los tres consejeros recusados creen que el cambio legal no exime a Repsol de multa si no cumple su resolución de 2009.

Una estafa al consumidor que dura más de una década.

En los papeles de la CNC he encontrado referencia a un escrito de la Unión de Consumidores de Ávila (UCA), con fecha de entrada en el organismo del 28 de mayo de 2004, en el que solicita la intervención del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) a la vista de los precios aplicados por las ocho Estaciones de Servicio (EESS) de dicha ciudad, denunciando la posible existencia de “un acuerdo de precios perjudicial para los consumidores”, así como sobre el que los precios en Ávila fueran los más caros de Castilla y León y unos de los más elevados de España”.

Un ecologista en El Bierzo.

Una gasolinera de Repsol en Perú. 2014. Larepublica.pe.

Una gasolinera de Repsol en Perú. 2014. Larepublica.pe.

Resolución de la CNC del 30 de julio de 2009 (Expediente 652/07 REPSOL/CEPSA/BP). 30/07/09. Revistaeestacionesdeservicio.com. Pdf.

Competencia multa a las grandes petroleras por fijar precios. 31/07/09. Elpais.com.

La CNE detecta un marcado efecto lunes de las gasolineras para camuflar precios. 14/06/13. Elpais.com.

Las petroleras elevan sus márgenes un 20% desde el inicio de la crisis. 15/10/12. Elpais.com.

Competencia expedienta a las gasolineras por indicios de que pactan los precios. 30/07/13. Elpais.com.

Competencia multa con 32,4 millones a cinco petroleras por pactar precios. 26/02/15. Elpais.com.

Repsol recusa al presidente de la CNMC por “enemistad manifiesta”. 23/02/15. Elpais.com.

¿Cómo pactaban las petroleras el precio de la gasolina? 26/02/15. Lasexta.com.

Soria defiende a las petroleras, que disparan su margen un 5% pese a las bajadas del crudo. 02/12/14. Voxpopuli.com.

Los carburantes en España se encarecen un 40% en cinco años. Adicae.net.

FACUA reclama al Gobierno que intervenga el precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5 petroleras. 25/02/15. Facua.org.

Paco Ramos: “Sama-Velilla nunca fue necesaria, ahora menos que nunca”

Ignacio Martínez y Paco Ramos, durante su charla en Pola de Lena. 21 enero 2015. Lne.es. Foto: J. R. Silveira.

Ignacio Martínez y Paco Ramos durante su charla en Pola de Lena. 21 enero 2015. Lne.es. Foto: J. R. Silveira.

La línea de muy alta tensión Sama – Velilla ha vuelto a situarse en el candelero a raíz de la publicación por el Ministerio de Industria, el mes pasado, del borrador de la planificación energética nacional para 2015 – 2020, que felizmente no contempla su construcción prioritaria. De ahí las nuevos posicionamientos, en estos días, de unos y otros partidos políticos, tanto a favor como en contra.

Sobre la línea de muy alta tensión Sama –Velilla llevo publicados  una docena de artículos informativos y de opinión, y lo que me gustaría, creo que al igual que la mayoría de los otros 27.500 firmantes contrarios a este proyecto aberrante, sería es olvidarme definitivamente de él. No creo equivocarme al asegurar que, como también muchos de esos miles de opositores al tendido eléctrico,incluso pagaría incluso porque así fuera. Y también porque este proyecto, que afecta a una buena parte de los espacios más protegidos de la montaña asturiana, leonesa y palentina, y que llevaba hasta el 2007 más de un cuarto de siglo arrinconado en algún polvoriento cajón de Red Eléctrica de España (R.E.E.), retornase al mismo.

Mientras tanto en Asturias, la patronal y CCOO, en una extraña y sorprendente simbiosis, continúan defendiendo este aberrante tendido eléctrico, en sintonía con el gobierno socialista asturiano. Con el respaldo de UGT. Pero el Partido Popular no lo ve tan claro e Izquierda Unida más de lo mismo, aunque con la diferencia que, desde un principio, se manifestó claramente opuesta al mismo. Una opinión que comparten los ecologistas.

“Costes ambientales de la energía en Asturias”.

Propuesta del Principado para la red eléctrica de transporte. 2015. Elcomercio.es.

Propuesta del Principado para la red eléctrica de transporte 2015-20. Elcomercio.es.

“Llevan 25 años engañándonos con Sama-Velilla”, afirmó con rotundidad Ignacio Martínez, de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza ANA), ayer en la Casa de Cultura de Pola de Lena (Asturias). En un coloquio organizado por el círculo de Podemos del concejo bajo el título “Costes ambientales de la energía en Asturias”, y en él que también participó el miembro de Ecoloxistes n’Aicción d’Asturies, Paco Ramos.

“Cuando se planificó esta línea estábamos en un momento social alcista, nos parecía que todo iba a ser poco”, introdujo Martínez. De hecho, -aseguró- se planificaron nueve centrales térmicas para Asturias, aunque finalmente sólo se construyeron dos, ambas en Soto de Ribera.

Martínez explicó que “actualmente estamos por los 120.000 megavatios (producción eléctrica) y sólo se utiliza una tercera parte”. Una afirmación que Ramos respaldó con un ejemplo muy gráfico: “Hace dos inviernos se cayó la línea (eléctrica) de Pajares durante veinte días. Nadie notó nada, la distribución de energía siguió con normalidad”, aseguró.

La innecesaridad de este línea ha sido señalada por algunos expertos, que avalan su posición con datos muy precisos, algunos provenientes de Red Eléctrica. Y así lo defendió la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies en una nota publicada en diciembre pasado.

Para los ecologistas de ANA el abandono del proyecto por parte del Gobierno central es una buena noticia, aunque “temporal”. De hecho, “Lena y Aller (otro concejo asturiano afectado por el trazado) tienen un problema, que es que forman parte de la franja no protegida para el paso de infraestructuras”, añadió Martínez. En este punto el representante de ANA explicó que la planificación de espacios protegidos de la región “dejó un pasillo abierto para el paso de infraestructuras, aunque no hay ninguna justificación para que ese pasillo sea en la Montaña Central”.

La “desprotección” de Lena y el posible paso de Sama-Velilla por el parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa es una preocupación recurrente de los ecologistas. Según Martínez, “las líneas de alta tensión pueden acarrear muchos problemas, tanto medio ambientales como para la salud de las especies que habitan en un espacio y para vecinos”.

Algunos de estos riesgos son el posible daño al patrimonio natural y al arqueológico, además del probable freno a la actividad económica. Un ejemplo de esta preocupación sería la línea Boimente-Pesoz y las alegaciones, hasta ahora aceptadas, presentadas en los Oscos. “Muchos vecinos, con el gobierno de Santa Eulalia (PSOE) a la cabeza, hicieron ver a la administración que la zona perdería en riqueza natural y esto afectaría muy negativamente al turismo rural”, destacó Martínez.

La postura ecologista la resumió Paco Ramos de una forma muy concreta al finalizar el encuentro: “Sama-Velilla nunca fue necesaria, ahora menos que nunca”.

Comunicado de la Coordinadora Ecoloxista sobre la Sama-Velilla.

La línea Sama-Velilla influiría negativamente en el programa europeo de conservación del oso pardo. Elrincondelascuatropatas.com.

La línea Sama-Velilla influiría negativamente en el programa europeo de conservación del oso pardo. Elrincondelascuatropatas.

El pasado mes de diciembre la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies hizo pública su postura sobre el aplazamiento de la línea por parte de Industria. Una buena noticia, a su entender después de los dos anteriores aplazamientos.

Señala la Coordinadora su inicial oposición al paso de la línea por Caso “cuando se hizo el primer trazado que era desde Lada”, luego a su paso por Aller “saliendo desde Sama”, y ahora con un enésimo trazado saliendo de Lena.

“Hay que recordar que desde hace décadas el Gobierno de Asturias es el único defensor de tan disparatada infraestructura”, subrayan los ecologistas. “De hecho todavía son visibles las torretas que se construyeron en 1999 en el actual Parque Natural de Redes, que no continuaba para León, donde los tribunales tumbaron el trazado que continuaba por la montaña de Riaño en 2003”.

Señala el comunicado los argumentos “ridículos” para justificar el tendido utilizados anteriormente por el actual Consejero de Industria, “que declaraba que si no se hacía volvíamos a las velas, o del responsable federal de medio ambiente del PSOE, Hugo Moran (exalcalde de Lena) que si no se hacía no podría funcionar el AVE”. Y recuerda que “en lo más de 25 años hablándose de su imperiosa necesidad, en este tiempo Asturias nunca ha dejado de exportar energía eléctrica”.

“Si no exporta más es porque no hay demanda, porque tenemos gran parte del parque termoeléctrico (de carbón de importación como el gas africano) parado por falta de demanda, no de líneas de evacuación”, apostilla.

“Hay que recordar que cuando producíamos el doble de la energía eléctrica que consumíamos nunca hubo problemas de exportación, ni de saturación de la red (no teníamos la línea Soto a Penagos), y a pesar que todos los años se les cae una torre en Pajares de la dos líneas de 400, por eso no pararon las térmicas de producir energía. La propia Red Eléctrica reconoce en sus memorias que presentemos unas líneas muy seguras y sin problemas de saturación”, continúa exponiendo.

“Por eso sorprende el intento de hablar de la necesidad de una mas con León, cuando ya tenemos 3 líneas de alta tensión que nos interconectan con esa región, dos líneas de 400 KV Soto- La Robla, Lada – La Robla, y una de 220 KV de Soto a Villablino”.

“Con la potencia instalada en Asturias de más de 4.276 MW (3.290 de régimen ordinario, 539 de régimen especial) de los que 2.700 son térmicos de carbón y 800 de gas, en función de la demanda, puede subir un año cualquiera a más de 24.000 Mw/hora o bajar a 11.478. El consumo, por otra parte, está situado, con ligeras oscilaciones, en los 8.500 GW/hora, con un pico de 9.619 (año 2006) anual. Esto significa que podemos producir y exportar mucha energía eléctrica. Tenemos el 2,4% de la población española y hemos representado el 6,5% de la energía que vierte a la red, nunca hemos necesitado más líneas de alta tensión”, subrayan.

Y termina su comunicado manteniendo que “no es necesaria esta línea para nada para el futuro energético de la región”.

Un ecologista en El Bierzo.

El director general de MInería y Energía, Isaac Pola, en Oviedo. 17 enero 2015. Elcomercio.es. Foto: Mario Rojas.

El director general de MInería y Energía, Isaac Pola, en Oviedo. 17 enero 2015. Elcomercio.es. Foto: Mario Rojas.

Ignacio Martínez: “Llevan 25 años tomándonos el pelo con la línea Sama-Velilla”. 21/01/15. Lne.es.

El Principado dará la batalla para que Sama-Velilla se ejecute antes de 2020.
18/01/15. Elcomercio.es.

Camino Alonso “El futuro de la Sama-Velilla sigue en el aire”. 29/12/14. Diariodigitaldeleon.com.

IU anuncia medidas si se retoma la línea Sama-Velilla. 19/01/15. Diariodeleon.es.

Un ex agente del Cesid acusa al Gobierno de querer cerrarle la boca manteniéndolo “secuestrado”

Ficha del interno Ramón Francisco Arnáu de la Nuez. 23 dic. 2013.

Ficha del interno Ramón Francisco Arnáu de la Nuez. 23 dic. 2013.

He encontrado en la página web de Despertares’, que consulto de cuando en cuando, un sorprendente artículo referido a un tal Ramón Francisco Arnáu de la Nuez, un supuesto agente del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) quien desde las redes sociales acusa al Gobierno de mantenerlo “secuestrado” en una cárcel de Segovia.

El supuesto ex agente (y digo supuesto porque no he encontrado ningún documento que acredite tal condición) se presenta a sí mismo con el apodo de ‘La Araña’ y asegura ser una víctima de los tejemanejes del Partido Popular debido a su privilegiado conocimiento de ciertas informaciones relacionadas, entre otras figuras destacadas, con el rey Don Juan Carlos I.

Del monarca, que este año abdicó la corona en su hijo Felipe VI, asegura que tiene documentación de hasta 1.051 delitos diferentes cometidos por éste en los últimos treinta años. Razón que a su entender estaría detrás de su encierro más allá de los plazos legales al que estaría sujeto.

Documento. Lisboa, 4 julio 2013

Documento. Lisboa, 4 julio 2013

El ex agente del Cesid (vamos a dar por bueno que lo sea) se muestra a través de su página web como una persona instruida, aspecto que acreditan otros muchos artículos subidos a su blog particular. En uno de ellos, fechado del pasado 10 de agosto y titulado Conoce la verdad de porque ‘abdicó’ el Rey Juan Carlos I debido a las acusaciones de un ex-agente del Cesid“, procede a listar una serie de cuestiones relacionadas con su detención en Lisboa, el pasado verano, y la que considera irregular.

Estando los comentarios abiertos en la página virtual abundan en ella los anónimos, tal vez por la naturaleza de las graves acusaciones vertidas, dirigidas a una de las más altas instancias del país. Y entre ellos, lógicamente, los hay de todas las opiniones. Es decir, desde aquellos que piensan que se las tienen que ver con un enfermo mental  o con alguien fantasioso que se aburre en la cárcel, hasta quienes dan crédito a su denuncia.

Nada es común en la historia de este ex agente, del que leemos que es canario, nacido en Las Palmas, y que está enfermo de diabetes. Una historia, por otra parte, casi imposible de verificar y que nos recuerda por momentos a las novelas de espías. De hecho, ésta empieza cuando se nos muestra un documento, fechado del 4 de julio de 2013, que hace referencia a su detención en Portugal por supuestos graves delitos relacionados con el terrorismo y el tráfico ilegal de armas.

Más real parece, tras revisar los documentos, su paso por la cárcel de Teruel, y ahora de Segovia, en la que se encuentra, lo que quedaría acreditado por la documentación postal y judicial aportada.

Un ex agente del Csid que se jacta de haber provocado la dimisión del rey Juan Carlos I.

Juan Carlos I de España. 27 April 2011. Wikipedia.org. Foto: Andrus.

Juan Carlos I de España. 27 April 2011. Wikipedia.org. Foto: Andrus.

Ya en la primera línea de su escrito el ex agente se vanagloria de haber provocado la abdicación del rey Juan Carlos I tras haberle amenazado “con hacer públicos sus delitos ocultos; muchísimos”.

También se presente a sí mismo como el “conocido por todos los espías mundiales” como ‘La Araña’. Lo que parece indicar cierta tendencia a la megalomanía. En otra parte del texto subraya que está convencido de que intentarán “a cualquier precio” impedir que pueda testificar sobre sus acusaciones. Y se vanagloria de tener “las pruebas de todo”.

El ex espía del Cesid, que facilita públicamente su número de DNI y el de la prisión (el 86.225.000.04), asegura que a día de hoy lo tienen preso “en un modulo conflictivo”. Pero no escribe “me” tienen preso, sino que habla de sí mismo como si estuviese hablando de otra persona o enviando un comunicado público a algún medio.

Se queja después el ex agente del supuesto ocultamiento de sus denuncias contra el monarca por parte del presidente del Tribunal Constitucional, y de que “los Gobiernos de España de los últimos 20 años” le tengan “secuestrado” (siempre refiriéndose a sí mismo en tercera persona), y de que le estén “trasladándo de cárcel cada varios meses”. Un poco más abajo señala que “llevan 20 años torturándolo, física y psicológicamente; agrediéndolo; manteniéndolo aislado, incomunicado de su familia y amigos”. Y de que “jamás los han llevado a un médico forense”. Sin embargo, esta última información se contradice con un informe médico sobre su persona facilitada por él mismo en otra página, y a cuya visita dice no haberse presentado jamás.

“Todas las sentencias judiciales; los autos; providencias; y todo su expediente penitenciario son falsos y están prefabricados para justificar su secuestro como un delincuente común”, continúa escribiendo un poco más lejos. Y se queja de que, siendo un enfermo de diabetes tipo 1, no se le esté facilitando sin la dieta de comidas ni los cuidados necesarios para así “buscar su muerte y silenciar para siempre sus denuncias”.

Nuevamente se jacta de conocer “la gran mayoría de mentiras y los secretos de todos los gobiernos de España desde 1982 hasta hoy” y de ”tener ‘los documentos’ que lo demuestran, los cuales quiere hacer públicos” (a notar que ‘los documentos’ es el propio Arnáu de la Nuez quien los encomilla, como si quisiera facilitar la redacción de un comunicado al periodista).

Sigue el autor del escrito, que se presenta como ex agente del Cesid y dependiendo del Ministerio de Interior español en terceros países “durante más de 20 años”, diciendo que ya le han mantenido preso “en mas de 57 cárceles españolas, calificado como interno F.I.E.S. (muy peligroso)“ y “bajo un estricto control y la intervención de sus comunicaciones: orales; escritas; telefónicas; todo sin orden judicial ninguna”. Y subraya que “conoce perfectamente ‘La Casa’ y sus cloacas del estado; aunque el gobierno lo niegue”.

Acusa al rey Juan Carlos I de haber amasado una fortuna superior a los 33.000 millones de euros, “que tiene ocultos en cuatro paraísos fiscales”, y de haberse apropiado de 16.000 millones de euros “de los preferentistas de Bankia y de las Cajas de Ahorro”.

Otra acusación más alude al beneficio real “por intermediar en la privatización de Repsol-Ypf”, que sitúa en un orden de 3.800 millones de euros. Acusación que amplía a1.040 millones de dólares más por la O.P.A de la LUKOIL “junto ‘su amante’ la princesa alemana Corinna”.

Torres KIO y Obelisco Calatrava. Madrid.

Torres KIO y Obelisco Calatrava. Madrid.

No se acaban aquí las acusaciones, ya que Arnáu de la Nuez denuncia que el rey se embolsó otros 2.000 millones de pesetas “con el asunto de las torres KIO, recibidos de Javier de la Rosa y un grupo inversor árabe”, y de que “lleva más de 25 años cobrando comisiones por los barriles de crudo que España compra a Arabia Saudí”. A más a más acusa al rey de “utilizar ‘La Caixa’ para lavar su fortuna y sacar de España miles de millones; parte del erario público y parte de sus negocios ilícitos o mediaciones mafiosas”.

Otras denuncias entran ya en el terreno personal, al señalar que el monarca tiene “cinco hijos más” fuera del matrimonio (tres hombres y dos mujeres), y al acusarle de “una vida licenciosa y de adicciones a drogas”.

Señala el ex agente que el Fiscal General del Estado mantiene ocultas todas estas denuncias y que “el Gobierno niega su existencia”, para a continuación pedir que la Casa Real haga públicos los 223 documentos y las 31 cartas que ha recibido de su parte en los últimos tres meses, así como una carta de doce folios con la que el ex-agente supuestamente “obligó a abdicar” a Juan Carlos I. Asimismo pide que el presidente del Tribunal de Cuentas “exhiba públicamente” las cartas y escritos enviados por el ex agente, un total de 71 en la Acción Publica Nº:18/14”.

Otra petición está dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que enseñe públicamente los contenidos de los noventa y un documentos que habría recibido entre febrero y junio de este año. A la que sigue otra dirigida al presidente del Congreso de los Diputados para que explique “el por qué tienen paralizados hace más de dos años la petición Nº 380 de la comisión de Investigación Parlamentaria por Corrupción Judicial y Política presentada por el ex agente ‘con pruebas’”. A más a nás  exige que la vice-presidenta Sáenz de Santamaría enseñe las cartas que le ha enviado y que diga a los ciudadanos “la verdad”.

Continúa su texto con una serie de peticiones dirigidas al Fiscal General del Estado, denunciando los desahucios bancarios “por cuatro perras gordas” y a quienes supuestamente se lucran con ellos, para a continuación mencionar a la presidenta de Castilla la Mancha, Maria-Dolores de Cospedal, y pedirle que explique “por qué ayudó a este ex agente a escaparse de la prisión de Teruel en enero de 2013″. Y que el ministro de Exteriores, Garcia-Margallo, explique también por qué volvieron a detenerle en Portugal el 3 de julio de 2013. Y por qué se le extraditó “ilegalmente” a la Audiencia Nacional “sin orden judicial”.

Seguidamente, pide el ex agente al Secretario General de Instituciones Penitenciarias y al Ministro del Interior que expliquen públicamente por qué tienen abierto un expediente penitenciario de doce mil folios “todos falsificados y con qué finalidad”. Y  al magistrado de la Audiencia Nacional, Felix A. Guerra Marcos, que explique por qué “manipulo” el Mandato de Detención Europeo de Extradición “con documentos falsos”. Y también que el presidente Mariano Rajoy explique por qué ordenó al primer ministro de Portugal, Passos Coelho, que le entregaran sin que se respetase su asilo político.

Acusa entonces al presidente Mariano Rajoy, al fiscal General del Estado y al presidente del Tribunal Supremo, de ocultar “las querellas y denuncias por pedofilia y pederastia “que se interpusieron contra cientos de ex-ministros; diputados; senadores; obispos; políticos; etc.”.

’23-F la película’. Estrenada el 23 febr. 2011.

’23-F la película’. Estrenada el 23 febr. 2011.

Confirma además “la absoluta veracidad” del libro sobre el el 23-F, escrito por la periodista Pilar Urbano, y también que el 23 de febrero de 1981 la autoridad militar competente bajo el pseudónimo de “El Elefante Blanco”, que tenía que comparecer en el Congreso de los Diputados, era el propio rey Juan Carlos I. Una aseveración sobre la que asegura poseer documentos clasificados que la acreditan. Igualmente confirma la asistencia del rey, “de forma disfrazada” a varias de las reuniones previas al 23-F, en un piso de calle General Cabrera en Madrid, junto a generales y efes de las Fuerzas Armadas y seis civiles.

Sigue con más peticiones para que se publiquen documentos por él remitidos, como el dirigido al presidente del Tribunal Constitucional para que explique “el acuerdo” cerrado con el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela el jueves 22 de mayo de 2014 “antes de anunciar su abdicación; y después de recibir los documentos que el ex agente le envió”. O la dirigida al presidente de la Audiencia Nacional para que dé a conocer públicamente el contenido de la carta que supuestamente el ex agente le habría remitido el viernes 23 de mayo de 2014 para que mostrase “íntegramente” los documentos que había recibido días antes.

También pide al presidente Rajoy que explique a que trato llego el sábado 25 de marzo de 2014 en Las Palmas de Gran Canaria con el presidente canario Paulino Rivero, con José Miguel Pérez y con el ministro de Industria José Manuel Soria, “a cambio de mantenerle secuestrado.  Y acaba su escrito denunciando “la gran estafa social de las clases dirigentes” y exigiendo “a toda la sociedad española” una campaña de protestas para exigir su liberación y que “le dejen hablar y probar públicamente la verdad de todas sus acusaciones”.

Y hasta aquí este resumen, que pueden leer directamente en el enlace anteriormente facilitado. Un texto que, a mi entender, suena mucho a fabulación, y que presenta –como señalan los comentarios- muchas incongruencias. Sin embargo, no deja de ser extrañamente inquietante. Más aún cuando se añaden otros documentos y acusaciones diversas, alguna de ellas relacionada con la desaparición del Facebook del interpelado, o cuando éste manifiesta claramente su vocación independentista en relación con las Islas Canarias.

Algunos de los comentarios comentan que si el Estado hubiese querido acabar con el ex agente ya lo habría conseguido, y en este sentido apuntan hacia su fabulación. Otros señalan que ésta no es tal, y consideran que si el Gobierno no lo ha cometido ya tal atrocidad es sencillamente porque desconoce donde están los documentos y éstos podrían ser revelados más tarde por otra persona. Y hay quien dice que estos no existen, ya que si el agente los tuviese realmente ya los habría hecho públicos.

Otras opiniones hacen referencia a la dificultad de Arnáu de la Nuez para comunicarse, denunciada por él mismo, y por lo tanto se preguntan de qué modo ha podido conseguir acumular tanta información (de ser cierto lo que cuenta), así cómo se ha podido autorizar que un solo agente tenga acceso a tanta documentación reservada.

Otro comentario señala la necesidad de desconfiar de alguien que ha estado condenado a siete años de cárcel por estafa. Un dato que por otra parte no he podido confirmar y que tampoco concuerda con los veinte que parece indicar el agente que lleva encerrado en diferentes prisiones.

El presidente español Mariano rajoy y el de la Dipuación de León, Marcos Martínez. León, 14 mayo 2014. Abc.es.

El presidente español Mariano Rajoy (izquierda de la imagen). León, 14 mayo 2014. Abc.es.

Finalmente, hay quien opina que si no se ha atendido a la petición del ex agente es sencillamente porque las denuncias contra el rey no pueden prosperar debido al art. 56.3 de la Constitución, que declara la inviolabilidad de su persona. Es decir, que al rey no se le puede imputar ni condenar ni mandar a la cárcel.

Pero lo que parece más evidente es que, como señala otro comentario, este asunto debería aclararse ya de una vez por todas, o desmentirse por el bien de la verdad.

Un ecologista en El Bierzo.

Ramón Francisco Arnáu de la Nuez. Módulo 3. Segovia. Tel: 921 414 900.

Ramón Francisco Arnáu de la Nuez en Twitter: @arnau_nuez

Ramón Francisco Arnáu de la Nuez en Google.

Un plan silencioso por el agente secreto “La Araña”. 30/11/14. Teatrevesadespertar.wordpress.com.

Un ex espía del CESID acusa al ex rey Juan Carlos de robar millones de euros. Insurgente.org.

Los consumidores del gas pagarán la deuda millonaria de la mala gestión del proyecto Castor

La plataforma del almacén submarino de gas Castor. Fuente: elperiodico.com. Foto: Joan Revilla.

La plataforma del almacén submarino de gas Castor. Elperiodico.com. Foto: Joan Revilla.

El gobierno español ha decidido ‘hibernar’ el almacén subterráneo de gas natural Castor, construido frente a la costa de Vinaròs (País Valenciano, Castellón).

La decisión, -tomada tras el polémico cierre del depósito en septiembre pasado debido a los terremotos que han acompañado su puesta en funcionamiento y que alcanzaron durante la fase de inyección de gas colchón, en septiembre de 2013, un valor máximo de 4,2 grados en la escala de Richter- ha llegado acompañada de un incomprensible órdago para los consumidores, que tendremos que hacer frente al pago de una indemnización millonaria a las empresas responsables del inconcluso proyecto.

Es decir, que vuelve a ocurrir lo de siempre con este gobierno, que cuando las cosas vienen bien dadas el beneficio es para el empresario, pero si se tuercen las pérdidas se ‘socializan’.

El proyecto Castor. Jramosgarcia.wordpress.com.

El proyecto Castor. Jramosgarcia.wordpress.

¿Alguien podría explicarme porque no aparece publicado en los principales medios de comunicación que catorce organizaciones ecologistas enviaron, en octubre de 2013, una carta abierta al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la Comisión Europea denunciando el impacto medioambiental del proyecto, así como el peligro que para la seguridad y el bolsillo de los contribuyentes tenía un cierre previsible?

Finalmente, con un real decreto-ley fechado de ayer, el gobierno ha aceptado la renuncia de la empresa Escal UGS (formada por el grupo español ACS y la sociedad canadiense CLP)  a la concesión del almacén de gas, presentada el pasado 18 de julio, y en la que se fija una indemnización de 1.350.700 euros a las compañías constructoras.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este importe será asumido en un primer momento por Enagás, la empresa que actúa como transportista del gas, para posteriormente ser absorbido por el sistema gasista. Lo que en un lenguaje menos críptico significa que seremos, una vez más, los consumidores los que acabaremos, en última instancia, abonando esa cantidad a través del recibo mensual del gas durante un periodo de treinta años.

De esta manera se compensará de inmediato a las empresas responsables de los trabajos, Escal, participada en un 66,67% por la ACS del empresario Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid, y CLP, participada en un 33,33%.

Florentino Pérez en el año 2009. Fuente: wikipedia.

Florentino Pérez en el año 2009. Wikipedia.org.

Esta deuda, además, se verá incrementada por unos intereses que más que duplicarán el importe inicialmente establecido, los que la elevarán hasta la cifra de 3.000 millones de euros aproximadamente.

Sáenz de Santamaría añadió que Castor podría desmantelarse si se dan condiciones seguras para esta operación. Durante la ‘hibernación’, Enagás será el administrador de la infraestructura y de sus instalaciones asociadas, tarea que la compañía considera que se ajusta a su capacidad como gestor técnico del sistema. Esta actividad tendrá una retribución específica por parte del sistema gasista, al igual que la tiene la gestión de las otras infraestructuras.

En justicia he de decir que el gobierno ‘popular’ se ha encontrado atado de pies y manos por un contrato leonino acordado por los socialistas, lo que ocurrió cuando Miguel Sebastián era ministro de Industria. Su sucesor en el cargo, José Manuel Soria intentó anular ante el Tribunal Supremo una cláusula ‘abusiva’ de la concesión, pero no pudo conseguirlo.

Situado ante este contexto, el ministro José Manuel Soria ha considerado que la solución ahora adoptada es la menos costosa entre las malas soluciones que admitía el problema. Su departamento ha resaltado que la paralización de Castor supondrá un ahorro para el sistema gasista. Según estos cálculos, a partir de 2017 el ahorro gubernamental sería de 110 millones anuales al pasar de un coste de 210 millones a 100 millones al año.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio. Miguel Sebastián (PSOE). 2009. Fuente: tucasa.com.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio. Miguel Sebastián (PSOE). 2009. Tucasa.com.

La garantía de ”recuperación de la inversión” del almacén Castor se aprobó por Real Decreto 855/2008, para que Los empresarios tuviesen las espaldas cubiertas en caso de producirse “caducidad o extinción”. Pero, resulta por lo menos curioso que  esta cláusula  no figure en el contrato de las dos grandes estructuras semejantes de Yela y Gaviota, que recogen los reales decretos 1061/2007 y 1804/2007, respectivamente.

Además, el real decreto de Castor difiere de los otros dos en otro punto sustancial, que es el que ha conducido al Gobierno a impugnar su contenido ante el Tribunal Supremo, el 11 de mayo de 2012. Apenas cinco días antes de que concluyese el periodo de cuatro años que permitía  presentar una reclamación por lesividad.

La declaración de lesividad se produce cuando una entidad administrativa denuncia por dañino para los intereses públicos un acto previamente dictado por ella misma. Pese a la aparente contradicción, esta posibilidad aparece recogida en el derecho español.

En el artículo 14 sobre las condiciones de extinción de la concesión se dice que si hay una “caducidad o extinción” de las instalaciones a causa de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”, se pagará una compensación correspondiente al “valor residual” de estas instalaciones, “sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”.

Este reconocimiento de un valor residual, que se refiere al valor del activo en el momento en que deja de usarse, difiere de los reales decretos de Yela y Castor, en los que se dice expresamente que, en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”, no habrá indemnización.

La plataforma gasista Castor. Jramosgarcia.wordpress.

La plataforma gasista Castor. Jramosgarcia.wordpress.

¿Se ha de ver en esto, pues, un acuerdo preferencial con Florentino Pérez y su socio canadiense? Todo parece indicar que fue así.

Para financiar la construcción del depósito Castor, inicialmente presupuestada en 500 millones de euros, Escal UGS recurrió al Banco Europeo de Inversiones  (BEI) y emitió bonos por importe de 1.400 millones de euros. Una emisión a la que acudió la propia entidad y otras sociedades.

Ahora el dinero fijado en la indemnización servirá para pagar las deudas y compromisos contraídos por la participada por ACS con los bonistas. En todo caso, el ministro cifró la semana pasada en 1.700 millones la inversión acometida, gastos financieros incluidos.

Tras los fuertes seísmos en la zona de trabajo el Ejecutivo español decidió paralizar las obras iniciadas, y encargó estudios al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional, así como a otras entidades internacionales, las cuales concluyeron que había una relación entre estos y la actividad del almacén. Lo que no se entiende es por qué no se realizaron estos estudios antes.

Actualmente existen 627 depósitos similares al del proyecto Castor en el mundo, muchos de ellos en Europa. En España están  el alcarreño de Yela y el vasco de Gaviota, frente a Bermeo, con capacidades de 1.546 millones y 1.050 millones metros cúbicos de gas respectivamente. Son los tres únicos almacenamientos subterráneos españoles con capacidad superior a los mil millones de metros cúbicos de gas. El de Vinaròs estaba previsto que pudiese almacenar hasta mil trescientos millones de litros de gas. Una cantidad suficiente para mantener el consumo de gas natural del país durante unos cincuenta días aproximadamente.

Un ecologista en El Bierzo.

Plataforma La Gaviota, frente a Bermeo, frente a Bermeo. Europaenfotos.com.

Plataforma La Gaviota, frente a Bermeo, frente a Bermeo. Europaenfotos.com.

El Gobierno pondrá en hibernación las instalaciones del almacén de gas Castor. 03/10/14. Lavanguardia.com.

Los consumidores de gas pagarán los 1.350 millones del Castor. 04/10/14. Elperiodico.com.

El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almacén Castor. 03/10/14. Elpais.com.

Ecologistas denuncian el Proyecto Castor ante la Comisión Europea. 30/10/13. Elpais.com.

La fiscalía denunciará el proyecto Castor por prevaricación ambiental. 13/05/14.Elpais.com.

Castor tiene garantizado “recuperar la inversión” en caso de cese. 13/10/13. Jramosgarcia.wordpress.com.

¿Qué es el Proyecto Castor? 01/10/13. Jramosgarcia.wordpress.com.