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Ciberacción de la OCU contra la censura gubernamental de los análisis comparativos en la alimentación

Campaña contra la censura gubernalental de los análisis alimenticios. Change.org.

Campaña contra la censura gubernamental de los análisis alimenticios. Change.org.

Acaba de llegarme el correo de una valenciana, miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con una petición en Change.org en la que solicita a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que permita a las organizaciones de consumidores realizar análisisis comparativos de productos alimenticios de diferentes marcas. Es decir, que no se censure el trabajo de las organizaciones de consumidores.

Señala la peticionaria, Beatriz García, que gracias a otra petición anterior de la OCU, que consiguió más de 70.000 firmas el año pasado, se pudo evitar que el Gobierno no prohibiera los análisis comparativos que llevan a cabo muchas asociaciones de consumidores y que son tan necesarios para que sepamos qué comemos.

Los análisis comparativos estarían prohibidos. 7 abril 2015. Ocu.org.

Los análisis comparativos estarían prohibidos. 7 abril 2015. Ocu.org.

Desde que el Partido Popular llegó al poder hemos sufrido los mayores recortes de derechos y libertades conocidos en nuestro país desde hace casi un siglo, y sería necesario remontarnos a las dictaduras de Franco o de Primo de Rivera para encontrar una situación en algún modo comparable a la actual.

Siendo el Gobierno deudor de algunas grandes empresas (no sabemos demasiado bien por qué motivo) éstas quieren aprovechar su influencia para intentar amordazar a las organizaciones de consumidores mediante la aprobación de un Real Decreto que dificultaría estos análisis comparativos.

Desde luego, es algo que en tanto que consumidores debemos a todo precio evitar. Es por lo que os pido que deis la máxima difusión a esta ciberacción que podéis firmar aquí. Como bien señala Beatriz García, yo también quiero saber qué latas contienen sardinas de verdad, o si un aceite de oliva virgen extra es efectivamente lo que pone en la etiqueta. Y así con otros tantos productos.

Dificultar la realización de test comparativos independientes.

Isabel García Tejerina. Valladolid, 2014. Wikipedia.org.

Isabel García Tejerina. Valladolid, 2014. Wikipedia.org.

La OCU ha denunciado que el Gobierno pretende dificultar al máximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España, privando así a los consumidores del acceso a una información veraz sobre las diferentes opciones del mercado.

Para la OCU el Gobierno estaría cediendo a las presiones de la poderosa industria alimentaria, a la que sitúa como “la verdadera impulsora de esta iniciativa”. Para la organización de consumidores ésta estaría molesta por los últimos escándalos alimentarios destapados (leche, aceite de oliva, carne de caballo) y pretendería sacar adelante el decreto pese a la reiterada oposición de la organización y la del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Según la OCU, la norma prevista vulnera el derecho a comunicar o recibir información veraz. Asimismo establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas últimas a cumplir con una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. La OCU considera que el Gobierno da más importancia a la defensa de la reputación de las empresas que a la información de los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios.

Entre los aspectos más críticos la OCU señala que la norma “pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los análisis”, lo que a su juicio los deja ”indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria”.

Lo más “sangrante” para la organización es que “no existe ninguna norma similar en Europa”. España, con esta disposición se situaría a la vanguardia de los países que cercenan la libertad de expresión. Destaca la OCU que los consumidores europeos “reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas”. En este sentido, las principales organizaciones Europeas representadas a través del BEUC, así como a nivel mundial por Consumers International, se han dirigido al Ministerio por la posible vulneración tanto de los tratados de la Unión Europea como los principios de Naciones Unidas, y para pedir que el Gobierno reconsidere la adopción del Real Decreto.

La metodología utilizada en OCU para la realización de análisis comparativos está avalada por su uso en otros países de nuestro entorno y también por todas las sentencias dictadas en nuestro país que han sido siempre favorables a la OCU en los casos en los que ha tenido que defender la veracidad de sus informaciones ante un juez.

Los europeos quieren conocer la procedencia de sus alimentos. Corazonazul.org.

Los españoles también queremos conocer las cualidades reales de nuestros alimentos. Corazonazul.org.

Ante esta grave vulneración de un derecho tan fundamental como la libertad de información, la OCU va a llevar a cabo todas las iniciativas a su alcance para modificar una normativa que, a su juicio, vulnera el marco constitucional. La asociación anuncia que se pondrá en relación con diferentes colectivos (organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos) para concienciar de los graves efectos que la normativa que el Gobierno pretende aprobar.

También la plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI), a la que la OCU pertenece junto a otras organizaciones sociales y profesionales, ha mostrado su oposición al texto que el Gobierno pretende aprobar.

Por último, la OCU a través de las redes sociales va a promover la campaña #secomentulibertad contra el Real Decreto para que los ciudadanos expresen su rechazo a una normativa que considera que limita y coarta sus derechos como consumidores y ciudadanos.

Un ecologista en El Bierzo.

OCU denuncia que el Gobierno quiere aprobar una norma que roza la censura. 07/04/15. Ocu.org.

No censure a las organizaciones de consumidores. 08/04/15. Change.org.

Nuclenor quiere reabrir la central nuclear de Garoña

Vista aérea de la central nuclear de Garoña. 2009. Fuente: ondavasca.com.

Vista aérea de la central nuclear de Garoña. 2009. Fuente: ondavasca.com.

Dice el dicho popular que “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Es lo que pensé de manera irreflexiva cuando fue tiroteada el mes pasado Isabel Carrasco, la presidenta del Partido Popular de León, pero también de la Diputación y de una docena más de entes variopintos, en una evidente y desmedida afición por cargos y dietas que ha sido muy criticada.

Viene a cuento la cita porque yo ya he repetido demasiadas veces que con la energía nuclear pocas bromas. La historia de esta poderosa energía, pero al tiempo temible o incluso terrorífica, está marcada por un rosario de accidentes, a cual más grave. Precisamente hace muy pocos días he vuelto a ver imágenes aéreas de la abandonada ciudad de Chernóbil, en el documental ‘Home’, y no hay semana en que no me llegue alguna noticia nueva sobre la contaminación que está esparciendo por todo el planeta lo que queda de la central nuclear de Fukushima I.

Dramáticos efectos de la radiación sobre los seres humanos. Chernóbil, 1992. Taringa.net.

Dramáticos efectos de la radiación sobre los seres humanos. Chernóbil, 1992. Taringa.net.

No se tratan pues de cuentos chinos, ni de historias para asustar niños. Ya sabemos que el hambre es mala consejera (lo digo por quienes aspiran a volver a trabajar en la nuclear y por sus familias), y que la codicia también lo es (lo digo por los accionistas y directivos de Iberdrola y Endesa), pero estoy convencido de que no necesitamos para nada jugar con fuego. Seguro que hay soluciones al hambre, o a la necesidad de producir energía, que no pasan por una apuesta tan arriesgada. Una partida que, puede acarrear graves consecuencias, incluso mortales, a personas que son ajenas a ella.

Sin duda sólo por esta última consideración yo declararía a la energía nuclear anticonstitucional. O la prohibiría definitivamente dado que afecta a poblaciones que no han participado para nada en tal decisión, ni nada tienen que ver con ella. Son casos que ilustran con meridiana evidencian los desastres de Chernóbil (1986) o Fukushima I (2011). En este último lugar, ante la magnitud del desastre actual, el primer ministro japonés, favorable a la energía nuclear antes del siniestro, llegó a declarar luego que, después de lo sucedido, no la habría autorizado. Ya veremos en qué quedan estas declaraciones de arrepentimiento, y lo que duran, ante la presión del lobby nuclear internacional.

En España también tenemos nuestro propio lobby, y no pequeño precisamente. Y sus intereses, -ya va siendo hora de que los españoles abran los ojos-, están muy lejos de los de la mayoría de las personas. El becerro de oro lo domina todo, y así nos va a la mayoría. Pero cuando las desgracias ocurren, ellos pueden trasladarse a vivir a otro lugar, descontaminado, mientras que los demás nos morimos envenenados y nuestras mujeres engendran hijos enfermos o monstruosos.

El Gobierno favorece la reapertura de Garoña.

Convocatoria de una marcha contra Garoña. 5 agosto 2006. Celtiberia.net.

Convocatoria de una marcha contra Garoña. 5 agosto 2006. Celtiberia.net.

Garoña echó el candado el 6 de julio del pasado verano, un cierre que en teoría suponía el final de la central nuclear más antigua del país, inaugurada en el año 1971, y que en sus últimos días ya no producía electricidad. Sucedió tras cuarenta y dos años de vida útil, dos más de lo considerado prudente.

Mucho se había especulado en los últimos meses con una reapertura de la central nuclear de Garoña, la más veterana de todas las nucleares españolas que lleva cerrada desde el 6 de julio, aunque en sus últimos tiempos no producía electricidad. Nuclenor, la empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, ha dado el paso definitivo y ha solicitado oficialmente la reapertura de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031, cuando la nuclear cumpla 60 años, y no hasta 2024 como se había dicho en un primer momento.

Pero las presiones de las eléctricas sobre un gobierno que les resulta favorable están haciendo mella. El pasado mes de febrero el Gobierno (PP) aprobó un Real Decreto que permite a las instalaciones que cerraron por temas económicos y no de seguridad solicitar la reapertura menos de un año después de su cierre. En la práctica, la nueva norma ha servido para conceder a la central burgalesa un plazo que expira el próximo 6 de julio para decidir si solicitaba o no la ampliación de la explotación.

La reapertura se ve apoyada también por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), pero se ha visto deslegitimada por el Parlamento vasco (incluido el PP regional), que se opone a la misma, ya que aunque situada fuera de su competencia los posible efectos de una fuga radioactiva le alcanzarían de pleno. Ya en 2008 las Juntas Generales de Álava aprobaron una moción manifestando su “contundente y rotundo” rechazo a la posibilidad de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear. Y el 12 de junio de 2009 el Parlamento vasco aprobó una iniciativa (a la que se sumo el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y que contó con el voto contrario del PP) en la que se instaba al cierre de de la central.

Hace pocos días el Partido Popular en el País vasco se ha votado en su parlamente el cierre definitivo de la nuclear. Postura que el portavoz del mismo partido en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado alegando la necesidad de mantener los puestos de trabajo. Carriedo ha dicho que considera “incomprensible” la postura de su homólogo vasco y que no entiende que “dude” del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que sería el encargado de elaborar un informe técnico para determinar si la instalación está en condiciones de funcionar y que incluiría las mejoras a realizar por Nuclenor.

Pero el problema al que se enfrenta la protesta del político castellano-leonés es que somos muchos los que no confiamos en tal organismo, que hemos visto en el pasado engañado por los intereses empresariales en detrimento de la seguridad de las personas (consultar lo ocurrido con las fugas radioactivas ocurridas en las centrales nucleares de Vandellós I y II).

‘Puertas giratorias’.

Representantes de asociaciones, partidos políticos y sindicatos contrarios a la construcción del tendido eléctrico Sama-Velilla. León, 30 enero 2010. Foto: Peio García.

Grupo de opositores a la construcción del tendido eléctrico Sama-Velilla. León, 30 enero 2010. Foto: Peio García.

La situación de impotencia e indefensión que siento ante las decisiones del gobierno central me hacen pensar que resulta imperativo que la ciudadanía retome el poder y legisle en contra de las llamadas ‘puertas giratorias’, este paso por la política que acaban situando a los políticos en los consejos de las grandes empresas del Ibex 35 español. Resultado de esas combinaciones perversas son proyectos como la reapertura de Garoña, la construcción de la línea de alta tensión eléctrica Sama-Velilla o, también del AVE. Todos ellos innecesarios e injustificables desde el punto de vista económico, social o medioambiental.

Las eléctricas no se andan por las ramas, se sienten fuertes con este gobierno afín y exigen alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta en un 50% más de lo considerado prudencial, es decir, hasta los sesenta años. Y así lo han propuesto a Industria, que busca la forma de complacerlas. En especial Iberdrola, dueña de seis de los siete reactores que hay en España.

Según el Foro de la Energía Nuclear, “en el caso español, si se aplicara la Joperación hasta 60 años, la energía eléctrica producida generada en 20 años por las actuales centrales nucleares en funcionamiento equivaldría al consumo en España durante casi 5 años”.

En su día el gobierno socialista, menos favorable a la industria nuclear (Zapatero prometió cerrar las centrales nucleares aunque luego incumplió su promesa), ya prologó en cinco años la existencia de Garoña. Y si Nuclenor decidió cerrar la planta de forma abrupta fue debido al elevado coste de las medidas de seguridad impuestas por el CSN tras el accidente de Fukushima. Y es que la central de Garoña cuenta con el mismo modelo de reactor y contención (aunque su diseño fue mejorado una vez la central fue puesta en servicio). Y también por el establecimiento de nuevos impuestos sobre la energía nuclear.

En España el periodo de funcionamiento de una nuclear no tiene plazo. El PSOE fijó un tope de vida útil de 40 años en el borrador de la Ley de Sostenibilidad Económica, pero pactó con CiU eliminarlo. Ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear es el que evalúa las centrales y el que renueva periódicamente las autorizaciones.

Una opción barajada es que el Gobierno apruebe una legislación que permitiera alargar la vida útil de de las nucleares en diez o veinte años más. Ésta vendría acompañada, para aportar seguridad económica a las eléctricas, de cláusulas indemnizatorias, por lucro cesante, inasumibles para algún otro partido o coalición antinuclear que decidiera, a posteriori, cerrar las plantas.

Nuclenor basa su petición en el argumento que en Estados Unidos las plantas funcionan seis décadas. Y otra de las razones esgrimidas para pedir la licencia de actividad hasta 2031, y no hasta 2024, es que solo así serían rentables las importantes inversiones económicas que habría de acometer. Éstas se avalúan en unos 150 millones de euros.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Eldiario.es.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Eldiario.es.

Nuclenor asegura que en la solicitud de reapertura enviada al gobierno incluye toda la documentación necesaria sobre el complimiento de los requisitos impuestos a Garoña para el retorno de la actividad y su compromiso de realizar todas las reformas necesarias. Ahora, la pelota está en el tejado del ministerio de Industria. El ministro Soria ha confirmado que su departamento había recibido la solicitud, aunque calcula que deberá pasar un año hasta que el CSN dicte su veredicto final sobre la central.

Apostar por las renovables.

Ante un sector del mercado eléctrico sobredimensionado, lo que repercute en un recibo más caro, los ecologistas no vemos la necesidad de este alargamiento. De hecho, los expertos señalan que lo lógico sería tratar de reducir este sobredimensionamiento, ya que las nucleares impiden el desarrollo de las plantas de gas de ciclo combinado, de las que el 90% están paradas pese a que siguen cobrando la compensación del peaje de respaldo.

El pasado 27 de mayo Ecologistas en Acción publicó su postura oficial sobre la petición de Nuclenor declarándola “delirante”. Justifica que la central,”idéntica al reactor número 1 de Fukushima, está en pésimas condiciones y su hipotética puesta en marcha supone un riesgo inasumible”. Para el colectivo “la pretensión de Nuclenor de que Garoña funcione hasta 2031 no tiene precedentes en España ni en Europa”.

Más recientemente, el 4 de junio pasado, los ecologistas han denunciado que las centrales nucleares de Doel 3 y Tihange 2 en Bélgica, cuyas vasijas de los reactores fueron construidas por la misma empresa que la de Garoña, se han visto obligadas a cerrar por fallos en su construcción.

Por otro lado, Jaume Morrón, asesor energético, apuesta “por la tecnología eólica y fotovoltaica, que ofrecen costes inferiores a la nuclear”, y sostiene que “lo lógico sería sustituir estas centrales cuando lleguen al final de su vida, dadas las fuertes inversiones que precisan en seguridad y sus problemas no resueltos con los residuos”.

Una opinión que comparte el experto en regulación eléctrica, Jorge Morales de Labra, para quien ampliar la vida de la nucleares “no tiene sentido”. Morales afirma que “la energía nuclear es rentable para los promotores, que la cobran a precio del gas, la fuente más cara. Si las nucleares fueran obligadas a asumir los costes de los residuos, cerrarían”, agrega. Y critica que la negociación entre gobierno y eléctricas “se están haciendo sin contraprestaciones” para los consumidores.

Mientras tanto, en el ámbito mundial, las plantas viven un cierto estancamiento. En la actualidad producen el 11% de la energía que se consume, cuando llegó a alcanzar un 17%. Y de los 70 reactores que se están construyendo en el mundo, 53 están en China, Rusia, EE.UU. y la India.

Un ecologista en El Bierzo.

La central nuclear de Garoña. 5 jun. 2014. Infolibre.es.

La central nuclear de Garoña. 5 jun. 2014. infolibre.es.

Fernández Carriedo ve “incomprensible” que el PP vasco dude del Consejo de Seguridad Nuclear y apoye ahora el cierre de Garoña. 05/06/14. Icalnews.com.

El PP vasco rechaza por primera vez reabrir Garoña. 05/06/14. Infolibre.es.

Garoña podría tener los mismos problemas que nucleares belgas cerradas. 04/06/14. Ecologistasenaccion.org.

Las nucleares quieren prolongar su funcionamiento hasta 60 años y el Gobierno busca cómo complacerlas. 02/02/14. Lavanguardia.com.

Nuclenor delira al pedir autorización para Garoña hasta 2031. 27/05/14. Ecologistasenaccion.es.

Las Juntas de Álava rechazan prorrogar la vida de la central de Garoña más allá de 2009. 09/02/08. Celtiberia.net.

La fuga radiactiva en Ascó fue cien veces mayor de lo declarado. 15/04/08. Elpais.com.

¿Quién es el dueño de las setas?

Las setas, esos frutos del monte tan caprichosos, apreciados o temidos, cumplen un papel esencial en el ciclo natural de la regeneración del bosque. Pero presentan además un alto valor económico que, sobre todo en los últimos años, está siendo objeto de cierta polémica debido al número creciente de cotos privados que están apareciendo.

Manuel Bernardo Álvarez es el presidente de la Asociación Micológica Berciana ‘Cantharellus’, cuya sede se encuentra en Ponferrada. Y es, probablemente, una de las personas mejor preparada para aclararnos algunas dudas que podamos hacernos sobre las mismas.

Un ecologista en El Bierzo.

Una ley para los hongos, por Manuel Bernardo Álvarez.

En la práctica totalidad de los montes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León las setas tienen carácter de bien público (excepto en determinadas áreas de Soria, donde se han ensayado ‘cotos’, con resultados negativos, y en algunas localidades de Burgos y de León, Noceda del Bierzo, entre otras, con diferentes resultados).

La solución que propongo, no es ‘acotar’, sino hacer una ley para los hongos. La respuesta es consensuar, legislar y regular, la recogida, la venta y el consumo, de las setas (aspectos ecológicos, económicos y sanitarios). Primero la ley y luego si procede, el coto.

Las setas pertenecen a los propietarios del terreno donde se encuentran. Así lo dice el Código Civil (art. 354 y 355) que las considera “frutos”. Y aunque el dueño del terreno no las plante ni cultive, es su propietario. Desde siempre, en España se han recogido setas en base a que los propietarios del terreno no se han opuesto a ello, y al denominado derecho de rebusco, fundamentado en el “ius usus inocuii” proveniente del Derecho romano, y utilizado como uso o costumbre, en muchas zonas de nuestro país.

Es el derecho de coger frutos, una vez que el dueño, que no se oponga a ello, ya lo haya hecho. Si se hace antes que lo haga el propietario, pudiera ser considerado, al menos, como hurto.

Si el propietario del terreno manifiesta claramente que prohíbe la recogida de setas deberá respetarse su deseo. Pero para ello el monte o la finca estarán debidamente señalizados y/o cerrados, y por supuesto vigilados, porque una de las causas del resultado negativo de los cotos de setas es el índice de furtivismo, próximo al 40%. El elevado déficit económico de la gestión de los cotos – puesto que hay que señalizarlos y vigilarlos -, obligará en el futuro a replantear la cuestión.

Otra situación complicada es la identificación de las personas, puesto que un propietario no puede identificar ni retener a nadie; solamente pueden hacerlo las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, así como la Policía local y los Agentes forestales uniformados y de servicio.

¿Pueden llegar a agotarse las setas?

El riesgo de que se terminen las setas, el denominado “colapso biológico” en numerosos montes de Castilla y León, y de la provincia de León y del Bierzo en concreto, es real, porque la tasa de extracción (cantidad y calidad) y los métodos y útiles empleados en la recogida de setas no son compatibles con la regeneración natural. Porque la ‘regeneración artificial’, que consistiría en que las repoblaciones forestales, que realiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se hicieran con plantas micorrizadas (asociación de planta y hongo de gran valor comestible) no existe actualmente.

En parte, el problema del colapso biológico, y de que se terminen las setas, es similar al de los pezqueñines, y técnicamente se conoce con el nombre de ‘la tragedia de los recursos comunes’ (Hardin, 1968).

Hay muchos ejemplos de recursos comunes que están siendo bien cuidados, y gestionados de forma sostenible, por el colectivo propietario. Los montes del Común, propiedad de los vecinos de un pueblo, han sido durante siglos ejemplos de buen cuidado y gestión.

La gestión forestal es compleja, y todos deberíamos tener claro que los montes son sistemas biológicos multifuncionales, que no se conciben como meros productores de madera y de leña, sino como ecosistemas complejos y de los que demandamos un creciente elenco de bienes y servicios: fijación de CO2, paisaje, zonas de recreo, caza, pastos, turismo, y setas. ¿A qué espera la Consejería de Medio Ambiente para legislar y para repoblar los Montes con plantas micorrizadas?

La necesidad de una gestión forestal adecuada.

Se sigue repoblando en Castilla y León con pino maderero, y se sigue haciendo una gestión forestal anticuada. No se contempla un manejo integrado de las diversas producciones forestales. No se realiza una regeneración artificial referida a hongos. Se considera a las setas, desde la Consejería de Medio Ambiente, como productos secundarios del bosque, cuando el kilogramo de boletos alcanza los 50 euros en el consumidor final. El de níscalos llega a los 120 euros, y el kilo de Setas de San Jorge sobrepasa los 200 euros. ¿Qué recurso forestal alcanzan estos precios? Ninguno.

Las setas deben valorarse en su justa medida, y considerarse productos primarios, como la madera, cuidando de su regeneración natural y artificial, legislando y actuando en consecuencia.

Somos los ciudadanos de Castilla y León los que sufragamos los presupuestos y, en ellos, se incluye la gestión de los espacios públicos, en los cuales, además de producirse madera y de mejorarse el paisaje y el turismo, deben producirse setas, con repoblaciones forestales adecuadas.

A diferencia de otras producciones forestales, ya controladas (madera, resina, caza), el negocio de las setas genera numerosos beneficios, que no repercuten en la actualidad ni en los montes, ni en sus propietarios, ni en los pueblos donde se ubican. Además, la existencia de cotos restringe y perjudica el turismo y sus beneficios económicos. Al no haber una regulación explícita puede recogerse setas, venderlas y embolsarse el beneficio.

La situación es tal que los montes públicos están contribuyendo a crear una economía sumergida, porque ninguna fase de la cadena, de extracción, venta y consumo de setas, está controlada administrativamente.

Para más inri y recochineo, la polémica y politizada Ley de Montes de Castilla y León, (aprobada hace poco por Ley 3/2009 de 6 de abril, Bocyl de 16-4-2009) no concreta nada sobre las setas. Se ha publicado también un Real Decreto estatal, (BOE 23 de enero de 2009) sobre aspectos sanitarios de comercialización de setas, actualizando algunas cuestiones que datan de 1967, pero no es suficiente. La solución está en el tejado de la Junta, en la Consejería de Medio Ambiente. Y pasa por consensuar, legislar y regular una ley para los hongos.

Lonjas micológicas en León, La Bañeza y Ponferrada.

Desde la Asociación Micológica Berciana ‘Cantharellus’ pediremos, que todos los compradores (intermediarios) paguen al menos un 20% del precio al que compran al Ayuntamiento de donde extraen las setas (para que repercuta en la Junta vecinal correspondiente), dándole el Ayuntamiento, a su vez, un recibo, para poder circular hasta la lonja más próxima, que, en el caso de la provincia de León podría ubicarse en León capital, otra en la Bañeza y aun otra en Ponferrada, para su inspección sanitaria por personal cualificado técnicamente. Lógicamente pagando en ellas la correspondiente tasa, y desde allí podrían circular hasta el consumidor final (mercado, restaurante, tienda) con todas las garantías.

El consumidor privado que lo desee podría hacer inspeccionar las setas recogidas en las lonjas, pagando una tasa sanitaria, y de este modo aseguraría plenamente su inocuidad.

En la actualidad, somos las asociaciones micológicas, y algunos micólogos de la Universidad de León, quienes estamos ayudando en la identificación de las setas y en el asesoramiento del consumidor privado, realizando, gratuita y extraoficialmente, una tarea no exenta de riesgos, que no nos corresponde, como es la Inspección de alimentos.

Manuel Bernardo Álvarez.

Nota de ‘Un ecologista’: durante  años he sido miembro de la Asociación Micológica de Cataluña, habiendo tenido la satisfacción de haber sido uno de sus primeros socios. Allí colaboré, dentro de mis posibilidades, en las actividades de la misma. Mi interés por la micología me llevó a organizar un par de muestras y durante algunos años colaboré clasificando hongos en otras pequeñas exposiciones. Es un mundo fascinante que merece la pena conocer.

La asociación ‘Cantharellus’ trasladó su sede a la plaza de Abastos de Ponferrada (puesto exterior 146). En su página web encontrarán toda la información que puedan precisar. 

Comentario por Deprisa el 02/09/2009.

Yo setas no he recogido casi nunca. En cambio, en mi familia es tradicional el recoger níscalos. Lo que nunca me planteé es el tema de la propiedad del hongo (es el pinar donde toda la vida ha ido la familia), ni que se corriese riesgo de sobreexplotación.

Comentario por Sara R. Gallardo el 05/09/2009.

Soy Sara, de ‘Proyecto Futuro’. Ya había entrado en otras ocasiones en esta página, pero ahora que te conozco puedo decirte que haces un muy buen trabajo. Ya ves que no he perdido tiempo en entrar a ojearla de nuevo.

Comentario por Daniel el 27/09/2009.

Ja, ja… pues a ver si volvemos a salir a buscar setas juntos otra vez, que ya tengo muchas ganas.

Comentario por Franc el 20/10/2009.

Tiene toda la razón. La gente y su poca experiencia están exterminando el bosque y si es un coto privado hay que respetarlo. Este año para mí es uno de los peores, pues el tiempo no acompaña para nada. En mi pueblo se hacen muchos tipos de setas y este año vamos mal.