El pasado miércoles (día 25) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública la sanción impuesta a cinco petroleras por prácticas en contra de la competencia, tales como coordinación de precios, intercambio de información y pactos de no agresión.
Por estos motivos Competencia sanciona a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, con multas por un total de 32,4 millones de euros, en las que el grueso de las mismas corresponde a Repsol (20 millones de euros) y a Cepsa (10 millones). Otras multas menores son las impuestas a la petrolera canaria Disa (1,3 millones), a la filial española de Galp (800.000 euros) y a Meroil (300.000 euros).
En tanto que consumidor, y por lo tanto perjudicado por estas prácticas fraudulentas, me he interesado por esta noticia, por otro lado no es novedosa, ya que hace años que me llegan noticias sobre medidas similares aplicadas por la CNMC. Peor aún, la anterior Comisión Nacional de la Competencia (CNC) denunció, en sucesivos informes, que las gasolineras habían llevado a cabo en España incrementos en el precio de los carburantes de mucha mayor envergadura a los registrados en los países de su entorno.
Buena prueba de esto es que, en estos momentos, el precio de los carburantes sea en Francia sea prácticamente el mismo que en nuestro país (disfrutando este país de un salario mínimo que dobla el nuestro), cuando yo recuerdo con claridad que anteriormente siempre repostaba antes de cruzar la frontera, porque este hecho me significaba un ahorro importante.
En relación con este tema destacaré también el «efecto lunes”. Es decir, el acuerdo entre las petroleras para reducir el precio de los carburantes ese día, que luego ascendía de forma progresiva durante los restantes antes de recaer nuevamente el lunes. Detrás de tal actuación cabe situar un control estadístico de la Unión Europea, que se efectuaba el mencionado primer día de la semana. De hecho, en marzo de 2013 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acusó al sector por practicar esta práctica ilegal, que las petroleras siguieron practicando de todos modos.
He intentado aclarar algunos aspectos relacionados con la multa millonaria, pero algunos debido a su complejidad se me resisten, en especial los jurídicos. Aún así, me he esforzado por aportar alguna claridad al lector sobre algunos aspectos de este asunto. Más complicado aún si tenemos en consideración que algunas de las informaciones aportadas por los medios se contradicen en algunos casos. Llegando incluso a diferir, hasta en el mismo medio, de un artículo a otro.
De este modo, en algún momento de que Cepsa no recusó finalmente la decisión adoptada por la CNMC, mientras que una semana se dice lo contrario.
En cualquier caso, en lo que las informaciones parecen coincidir es en que la decisión de la CNMC cierra el expediente 474/13 abierto en julio de 2013 por el equipo de la extinguida Comisión Nacional de Competencia (sustituida por la CNMC) a raíz de las múltiples denuncias recibidas.
Las raíces del enconado enfrentamiento actual podemos encontrarlas en una resolución de 2009 (relacionada con el expediente sancionador 652/07 – número 2804/07 de la Dirección de Investigación, iniciado de oficio en 2007 por presuntas conductas prohibidas por la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia). En esa resolución se castigaba a Repsol, Cepsa y BP por la fijación indirecta de los precios de los carburantes a empresarios independientes que operaban bajo su marca. La resolución, que se encuentra recurrida, establecía multas millonarias a las petroleras y les obligaba a cambiar una serie de prácticas.
Los datos que he logrado encontrar sobre las compañías Repsol, Cepsa y BP, referidos al año 2009, señalan que en ese momento estas empresas controlaban el 70% de las 8.650 gasolineras del país.
Reacciones ante las sanciones.
Las reacciones ante las sanciones, tanto por parte de los sancionados como por la de las asociaciones de consumidores, no se han hecho esperar. Así, Repsol ya ha anunciado que la recurrirá en los tribunales. En el lado opuesto, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, no ha dudado en calificar la multa de “microsanción”.
En su página web esta asociación recuerda que, a finales de los años 90, el Gobierno abandonó el sistema de fijación de precios máximos para dar libertad total al sector para fijar los precios, “con el falaz argumento de que ello incentivaría la competencia y el abaratamiento de los combustibles”. FACUA denuncia los beneficios abusivos e insiste en que la regulación de precios por parte del Ejecutivo es la única forma de poner freno a “las escandalosas prácticas oligopolísticas del sector”.
La asociación también critica la pasividad mostrada por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP ante la injustificada carestía de los carburantes e insiste en que la solución no está en aplicar “pequeñas multas” como la que acaba de trascender, sino en asumir que la liberalización del sector ha tenido justo el efecto contrario al anunciado.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios) CECU ha denunciado que son múltiples los informes de la CNMC que, año tras año, “ponen de manifiesto el mal funcionamiento de este mercado y el grave perjuicio que causan constantemente al bolsillo de los consumidores”. Y para subrayar su afirmación ha puesto como ejemplo la “opacidad que hemos vuelto a ver en los últimos meses cuando, de nuevo, no se traducían de forma inmediata y equivalente al precio de los carburantes los profundos descensos en el barril de crudo”. Una situación que –recalca- “se opone a los instantáneos incrementos cuando el precio del petróleo repuntaba”. Con un comunicado, CECU, ha insistido en su exigencia de que el Ministerio de Industria tiene que actuar “de forma decidida para profundizar en la competencia de este sector”.
Algunos de los correos electrónicos intercambiados entre las petroleras, en los que éstas se consultaban para pactar precios, fueron publicados el pasado día 26 por ‘Eleconomista.com’. Entre ellos los hay que se refieren a qué precio poner en los surtidores los lunes. Y otros evidencian cómo los grandes presionan a los hipermercados para que moderen sus descuentos.
El informe de la CNMC.
En su informe la CNMC identifica varias infracciones cometidas por las petroleras. Así, cita un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (Zaragoza) en julio de 2013; un pacto de no agresión entre las mismas compañías fechado en julio-agosto de 2011 (en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra); y varios intercambios de información estratégica entre ellas durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora.
Un segundo apunte hace referencia a un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa establecido entre julio y septiembre de 2011 y a un acuerdo entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013.
Un tercero refiere diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 y 2013 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (Barcelona) en relación a sus márgenes operativos.
Y, finalmente, un cuarto establece un intercambio de información entre Galp y Meroil relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.
Repsol recusa al presidente de la CNMC.
Con anterioridad a la decisión adoptada por la CNMC, la semana pasada la empresa Repsol presentó un duro escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que recusa a su presidente, José María Marín, y a dos consejeras, Idoia Zenarrutzabeitia y María Ortiz. Es decir, atacando a tres de los cinco que consejeros que integran la sala de Competencia de la CNMC. En su escrito la mayor petrolera española alegó falta de imparcialidad objetiva y “enemistad manifiesta” (que es una causa recogida por la ley), y denunció lo que considera que es “un caso claro de desviación de poder”.
Hace unos meses hemos asistido a las prospecciones de esta compañía en aguas del Atlántico, frente a las costas canarias, en búsqueda de petróleo. Trabajos que, pese al enfrentamiento frontal del gobierno canario, se llevaron a cabo con el respaldo de la Armada Española, que las protegió frente a los intentos de Greenpeace por impedirlas, resultando el 15 de noviembre herida de gravedad una activista.
Sea como sea, tanto por el fracaso económico de esa operación, como por el descarado apoyo gubernamental a una empresa privada que evidenció tal operación, es posible que la compañía se sienta un tanto irritada, y al mismo tiempo segura de su influencia ante el gobierno. Esta certeza justificaría que haya llegado incluso a amenazar con demandar a los tres consejeros por “daños y perjuicios” en caso de que “los recusados persistan en su actitud de seguir conociendo del asunto, actuando de manera absolutamente parcial y sesgada y por ello ocasionando continuos agravios e irregularidades”.
Sobre el funcionamiento de la CNMC.
Las multas impuestas a las petroleras por la CNMC me han llevado a interesarme por este organismo que, felizmente para los consumidores, mantiene cierto nivel de independencia con respecto a las decisiones del gobierno. Algo que probarían estas sanciones, aunque a algunos les parezcan insuficientes.
La CNMC está organizada en dos salas, la de Competencia y la de Supervisión Regulatoria, que cuentan cada una con cinco miembros. Los diez forman el Pleno del consejo.
Lógicamente sería deseable que estas diez personas se situaran al margen de cualquier interés de las petroleras. Lo que, por desgracia, no parece ser el caso. Al menos es lo que deduzco de la lectura de los medios, que señalan la vinculación pasada de su presidente con una de ellas, y con la que, por otra parte, ya no parece comulgar demasiado.
Pero también el hecho que trasluce la frontal división entre los miembros de la sala de la Competencia. Esta última se encuentra claramente dividida en dos. En casi todas las decisiones importantes los tres consejeros recusados por Repsol votan en un sentido y los otros dos (Fernando Torremocha y Benigno Valdés) formulan votos particulares en que descalifican la decisión aprobada.
Una división que sería de gran utilidad a las petroleras la hora de impugnar las decisiones del organismo de la Competencia, ya que los dos consejeros en la oposición, al señalar las debilidades del organismo, facilitan información valiosa a las empresas. En este sentido, vale la pena remarcar que entre los argumentos que Repsol utiliza cita expresamente la «división radical en la sala, que ponen de manifiesto los constantes y contundentes votos particulares a sus resoluciones principales en este asunto».
Los contratos de la polémica.
Competencia consideró en 2009 que los contratos de suministro en exclusiva de Repsol, Cepsa y BP incluían cláusulas y prácticas que suponían una fijación indirecta de precios y limitaban la competencia. Por esto instó a cambiar los contratos de las gasolineras, tanto DODO (dealer owned-dealer operated, en la que empresarios independientes son dueños y gestores) como CODO (company owned-dealer operated, propiedad de la petrolera pero gestionadas por un tercero).
La ley 11/2013 prohibió que los contratos de suministro en exclusiva contengan cláusulas que «fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible». Pero esa prohibición se limita a las gasolineras DODO y no a las CODO.
La Dirección de Competencia y dos de los cinco consejeros de la sala de Competencia consideran que no se puede sancionar a Repsol si cumple la ley. En cambio, los tres consejeros recusados creen que el cambio legal no exime a Repsol de multa si no cumple su resolución de 2009.
Una estafa al consumidor que dura más de una década.
En los papeles de la CNC he encontrado referencia a un escrito de la Unión de Consumidores de Ávila (UCA), con fecha de entrada en el organismo del 28 de mayo de 2004, en el que solicita la intervención del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) a la vista de los precios aplicados por las ocho Estaciones de Servicio (EESS) de dicha ciudad, denunciando la posible existencia de “un acuerdo de precios perjudicial para los consumidores”, así como sobre el que los precios en Ávila fueran los más caros de Castilla y León y unos de los más elevados de España».
Un ecologista en El Bierzo.
Resolución de la CNC del 30 de julio de 2009 (Expediente 652/07 REPSOL/CEPSA/BP). 30/07/09. Revistaeestacionesdeservicio.com. Pdf.
Competencia multa a las grandes petroleras por fijar precios. 31/07/09. Elpais.com.
La CNE detecta un marcado efecto lunes de las gasolineras para camuflar precios. 14/06/13. Elpais.com.
Las petroleras elevan sus márgenes un 20% desde el inicio de la crisis. 15/10/12. Elpais.com.
Competencia expedienta a las gasolineras por indicios de que pactan los precios. 30/07/13. Elpais.com.
Competencia multa con 32,4 millones a cinco petroleras por pactar precios. 26/02/15. Elpais.com.
Repsol recusa al presidente de la CNMC por “enemistad manifiesta”. 23/02/15. Elpais.com.
¿Cómo pactaban las petroleras el precio de la gasolina? 26/02/15. Lasexta.com.
Soria defiende a las petroleras, que disparan su margen un 5% pese a las bajadas del crudo. 02/12/14. Voxpopuli.com.
Los carburantes en España se encarecen un 40% en cinco años. Adicae.net.
FACUA reclama al Gobierno que intervenga el precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5 petroleras. 25/02/15. Facua.org.