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Ecologistas en Acción pide que se intensifiquen los esfuerzos contra el cambio climático

Las fábricas recibieron una asignación gratuita de CO2. Elpais.com. Foto: Alejandro Ruesga.

Las fábricas recibieron una asignación gratuita de CO2. Elpais.com. Foto: Alejandro Ruesga.

Tras las declaraciones efectuadas en el Senado por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el senador socialista Miguel Fidalgo, el pasado 1 de septiembre, Ecologistas en Acción ha remitido a los medios un comunicado en el que subraya que, a lo largo de los últimos años los sucesivos Gobiernos que hemos tenido han promocionando un modelo económico basado en el derroche, muy alejado del compromiso asumido en Kioto para la reducción de los gases de efecto invernadero.

Para la organización ecologista, “a pesar del acuerdo de aumentar no más del 15% de emisiones sobre el año 1990 pactado en el Protocolo de Kioto, alcanzamos el triste récord del 53% de incremento de las emisiones”.

Es cierto que ese 53% hace referencia al 2004, pero incluso así no es menos verdad que seguimos haciéndolo fatal. De este modo,  nos situamos actualmente en un 15% por encima de lo que nos correspondería. Un dato muy negativo que contrasta enormemente con los resultados logrados por la mayor parte de los estados miembros de  la Unión Europea (UE).

Gráfico. Emisiones de CO2 2008-12. 2013. Elpais.com.

Gráfico. Emisiones de CO2 2008-12. 2013. Elpais.com.

Por ejemplo, un estudio de la Agencia Europa de Medio Ambiente (AEMA), publicado en 2014 y referido al periodo 2012 – 2013, señala que las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron, de media, en casi un 2 % en la eurozona. Es más, según el análisis que la AEMA ha realizado sobre las previsiones de cada estado miembro, se espera que de aquí a 2020 se reduzcan estas emisiones de gases al menos en un 21 %, en comparación con los niveles de 1990 (superando así su objetivo del 20 %).

Buenos planes, que probablemente se cumplirán, y que nos invitan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal aquí. Pero los técnicos europeos saben que necesitamos ir aún más lejos si queremos poner freno al calentamiento global y  es por esto que, en octubre de 2014, acordaron ampliar esos objetivos a a reducir para el 2030 al menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. En este plan, las energías renovables representarían al menos el 27 % del gasto final de energía y se espera poder rebajar en otro tanto, como mínimo, el consumo energético.

Así mismo, en un informe publicado el año pasado, la EEMA alertó sobre la brecha existente entre lo que España tendría que haber reducido sus emisiones y las emisiones reales, considerándola comparativamente muy grande. Cierto es que nuestro país no es el único en esta situación, ya que Italia, Dinamarca y Austria también tienen que recurrir a la compra de derechos para cumplir con su parte del protocolo. Sin embargo, eso no es una buena disculpa, ya que el coste del incumplimiento del Estado español es enorme. Baste con decir que sólo entre los años 2008 y 2012 hemos  pagado más de 800 millones de euros en la compra de derechos de emisión (770 durante el gobierno socialista y 42 más en época del Partido Popular). Está claro que estamos situados frente a un auténtico despilfarro económico y que debieramos tomar medidas para atajarlo.

Para Ecologistas en Acción el desfase español con respecto a Europa se habría visto acentuado “por el enorme freno a las energías renovables con medidas como la eliminación de ayudas a las energías renovables, el real decreto contra el autoconsumo, el apoyo al fracking y a la quema de carbón nacional”.

Matar moscas a cañonazos.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. 2014. Eldiario.es.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. 2014. Eldiario.es.

El pasado noviembre la ministra anunció dos nuevos planes para reducir las emisiones de CO2, el PIMA Aire 4, dotado con 10 millones de euros para la adquisición de vehículos comerciales; y el PIMA Transporte, con un presupuesto de casi cinco millones de euros para renovar una flota de cerca de 2.000 camiones y autobuses, alegando que se hace necesario buscar soluciones para contar con vehículos más eficientes.

La medida de Tejerina desarrolla el Plan de Impulso al Medio Ambiente Aire (PIMA Aire), englobado en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE), y dirigido a estimular el uso de vehículos menos contaminantes.

La ministra hizo este anuncio en la clausura del Foro de Movilidad Sostenible, organizado por el diario ‘Abc’, y para “impulsar un modelo más eficiente, competitivo, respetuoso con el medio ambiente y saludable”. Pero en la noticia no aparece ni una línea dedicada al fomento del transporte más menos contaminante de todos: la bicicleta. La contaminación atmosférica procedente del transporte realizado por vehículos alimentados por combustibles fósiles supera en cantidad a cualquier otra, incluida la industrial. Y si la ministra quiere de verdad conseguir que nuestras ciudades “sean cada vez más habitables y más saludables ” quizás debería pensar, como medida más eficaz, sencilla y barata, en su promoción.

Un ecologista en El Bierzo.

Ante las declaraciones de la ministra Tejerina sobre cambio climático, por Ecologistas en Acción.

Logo. Ecologistas en Acción.

Logo. Ecologistas en Acción.

“Los distintos Ejecutivos no han mostrado interés real alguno en desarrollar un modelo productivo con un bajo consumo de fuentes fósiles y de recursos, limitándose en muchas ocasiones a una simple incorporación de la legislación europea.

En palabras del propio exministro de Medio Ambiente Arias Cañete “Es verdad que tanto el Gobierno socialista anterior, como el actual, han utilizado la compra de derechos de emisión para cumplir con Kioto en lugar de hacer políticas internas.”

De hecho, a pesar del acuerdo de aumentar no más del 15% de emisiones sobre el año 1990 pactado en el Protocolo de Kioto, alcanzamos el triste récord del 53% de incremento de las emisiones. Solamente los efectos de la crisis económica -y no de unas buenas políticas de reducción- consiguieron descender esta cifra hasta el 22,4% en 2012, cuando hubo que recurrir para cumplir los acuerdos a la compra de emisiones por un valor superior a 800 millones de euros a países del este que nunca llegaron a usar sus cupos de emisión debido al desmoronamiento de la industria comunista.

Una política de lucha contra el cambio climático debería basarse en el desarrollo de las energías renovables y no, como ocurre en nuestro Estado, en un incremento de las emisiones debido al aumento de la demanda y la quema de carbón y gas natural, la construcción de grandes infraestructuras de transporte y un modelo basado en la construcción. A lo que hay que sumar el enorme freno a las energías renovables de este gobierno con medidas como la eliminación de ayudas a las energías renovables, el real decreto contra el autoconsumo, el apoyo al fracking y a la quema de carbón nacional. Esta parece ser la auténtica “hoja de ruta” de los Gobiernos hasta la fecha, muy lejos de estar a la altura del gran reto del siglo XXI que es el cambio climático.

Es difícil entender cuál es el significado de esa “política efectiva y presente” a la que se refiere la ministra sobre los presupuestos generales del año que viene, ya que si bien la Secretaría de Estado de Medio Ambiente aumentará su presupuesto en 26 millones de euros, estos se quedan pequeños frente a los 33,2 millones que ha recibido el carbón nacional durante el pasado año.

Ecologistas en Acción insta a los representantes del Estado español a publicar la posición que su equipo negociador defenderá en la cumbre del clima de París del próximo diciembre y a que sea lo suficientemente ambiciosa como para limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Urge un fuerte compromiso que garantice un punto de inflexión en las políticas contra el cambio climático, con un horizonte de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a prácticamente cero en 2050, y no en 2100, como manifestó Arias Cañete contraviniendo las recomendaciones realizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) .

Todo esto nos situaría en el punto de partida para evitar el colapso ambiental al que nos dirigimos de seguir con nuestro actual modo de producción y consumo”.

Eólicas en el mar. Consilium.europa.

Eólicas en el mar. Consilium.europa.

España, entre los países que más pagan por cumplir Kioto. 03/11/13. Elpais.com.

Europa cumple la reducción de emisiones del protocolo de Kioto. 03/06/14. Elpais.com.

Gracias a sus políticas, la Unión Europea está en vías de alcanzar los objetivos que se marcó para 2020 en materia de clima y energía pero se necesitan más esfuerzos de cara a 2030. 28/10/14. Europa.eu/es.

2030 Climate ad Energy Policy Framework. 23/10/14. Consilium.europa.eu (en inglés). Pdf.

García Tejerina anuncia la inminente aprobación de dos nuevos Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire y PIMA Transporte) dotados con cerca de 15 millones de euros. 13/11/14. Magrama.gob.es.

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo anteproyecto de Ley de Costas

Urbanismo. Ley de Costas. Especulación inmobiliaria en Murcia. Fuente: urbanismopatasarriba.blogspot.com.es.

Urbanismo. Ley de Costas. Especulación inmobiliaria en Murcia. Urbanismopatasarriba.blogspot.com.es.

El pasado viernes 13, el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó un anteproyecto que supone una auténtica convulsión para los cerca de ocho mil kilómetros de litoral español. De hecho, el pasado mes de enero el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya adelantó el anuncio de una reforma “profunda” de la Ley de Costas que, por entonces, encendió las alertas en las organizaciones ecologistas.

Sería ésta la primera gran modificación después de 24 años. El Gobierno la ha justificado señalando que es necesaria para dotar de seguridad jurídica a los cientos de miles de personas cuyos inmuebles están situados dentro del dominio público marítimo-terrestre. Y también para reforzar las medidas que permitan actuar contra los desmanes urbanísticos que, en las últimas décadas, han destrozado amplias zonas de la costa española.

Hace cinco meses, el 22 de febrero, el Senado aprobó una moción del Partido Popular (PP) sobre la reforma de la Ley de Costas que contó con el voto favorable de Convergència i Unió (CiU). En la actualidad, de acuerdo con la norma establecida por la ley 22/1988  -que es la que rige ahora-, las viviendas construidas dentro del dominio público antes de su entrada en vigor pertenecen al Estado. Es decir, que tras la aprobación legislativa los propietarios de esas viviendas pasaron a ocuparlas en un régimen de concesión de treinta años, prorrogable por otros treinta más. La reforma propone ampliar ese plazo en 75 años más.

Urbanismo. Ley de Costas. La Ría de Punta Umbría en Huelva. 2012. Huelvaya.es.

La Ría de Punta Umbría en Huelva. 2012. Huelvaya.es.

Con la nueva legislación los concesionarios podrán comprar y vender sus inmuebles, algo que hasta ahora tenían prohibido. Ahora bien, si se tratase de una concesión para alguna industria esa prórroga no sería inmediata, sino que precisaría de un informe ambiental que certifique que la actividad desarrollada no perjudique el medio ambiente.

Según el Gobierno, los cambios buscan ofrecer tranquilidad a los propietarios de estas construcciones y también ganar tiempo para que la Administración pueda llevar a cabo un trabajo de “deslinde” de los inmuebles no afectados por la reforma.

Destaco un aspecto que parece positivo en el nuevo proyecto, y es la inclusión de una cláusula que daría potestad a la Administración pública central para prohibir o paralizar la ejecución de una obra si considerase que ésta atenta contra la Ley de Costas. Incluso después de haber sido aprobada por algún ayuntamiento, como es el caso del de Carboneras (Almería). De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, calificó esta propuesta de “cláusula antialgarrobico”, en clara referencia al hotel del Cabo de Gata, convertido por los ecologistas en un símbolo del destrozo del litoral español. Todo apunta a que este inmueble, tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que señala que su construcción afecta a la zona de paso protegida, acabará siendo demolido.

Sin embargo, esta situación no es extrapolable a todos los lugares, ya que el Gobierno ha decidido excluir del dominio público-terrestre algunos espacios ya construidos, o incluso a toda la isla de Formentera. Según Ramos, porque “en tiempo de crisis no tenía sentido gastar presupuesto público en tirar abajo esas zonas y dejar fuera de sus casas a miles de personas”.

Los diez núcleos a los que no se verían afectados por la ley serían las barriadas históricas de Rocafel, Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Ampuria-Brava, Platja d’Aro (Gerona), la ría de Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia), núcleos que fueron incluidos en el dominio público con la ley de 1988. En estos lugares los propietarios pasarían a ser titulares de sus viviendas.

Criticas ecologistas al anteproyecto de ley.

Campaña de Greenpeace para exigir la demolición del hotel de El Algarrobico. 2011. Fuente: greenepeace.org.

Campaña de Greenpeace para exigir la demolición del hotel ‘El Algarrobico’. 2011. Greenepeace.org.

Durante las dos últimas décadas el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación, han contribuido a destruir diariamente el equivalente a una superficie de ocho campos de fútbol en la costa. Son 7,7 hectáreas de litoral eb las que cada día, durante este largo periodo, las constructoras se han dedicado a levantar urbanizaciones o crear suelo industrial y comercial. Y ni siquiera el estallido de “la burbuja inmobiliaria”, en el año 2010, consiguió frenar esa construcción masiva, ni tampoco el acoso a los últimos espacios vírgenes del litoral. Hoy ya casi inexistentes.

Actualmente un 44% de la población española vive en la costa, que en términos territoriales representa menos del 7% del país, lo que evidencia y supone una gran presión sobre la franja litoral. De hecho, en algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables.

Para Anna Rosa Martínez, la portavoz de Greenpeace en Cataluña, la reforma proyectada supone una “oportunidad perdida de adaptación a las nuevas realidades del cambio climático” y también un invitación a la especulación en la costa marítima. Además, Martínez criticó un anteproyecto que su organización ve como una “amnistía” concedida a las casas construidas en la orilla de las rías, ya que en estos espacios la zona de protección se ampliará de cien a ciento veinte metros.

“La valoración que hacemos es negativa, porque en una país en el que estamos viviendo una crisis debido a la burbuja inmobiliaria se está dando el peor de los mensajes”, ha señalado la portavoz ecologista, que ha criticado también que la nueva ley permita construir en dunas muertas. Es decir, en aquellas que se encuentran tierra adentro y cuyo suelo está consolidado con la presencia de vegetación.

Según la organización ecologista “actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Naciones Unidas estima que España ha derrochado, debido al urbanismo y a la contaminación, un 62% de los beneficios económicos y ambientales de la costa”.

Por otra parte, los ecologistas critican que el proyecto de reforma actual tampoco tenga en cuenta la amenaza a la que se enfrentan las localidades ribereñas debido al cambio climático. Una nueva situación que podría suponer que el Estado tuviera que asumir un coste de 3.415 millones de euros de aquí al año 2100 debido a la intensificación de los temporales y la subida del nivel del mar.

A destacar que otras organizaciones ecologistas, SEO/Bird Life, WWF España y Ecologistas en Acción, también han valorado negativamente el nuevo anteproyecto de Ley de Costas.

El hotel de El Algarrobico, cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.blogspot.com.es.

El hotel ‘El Algarrobico’, cuando Greenpeace daba por sentado que sería demolido. 2012. Plumayconservacion.com..

Comparto más las tesis ecologistas que las del Gobierno, aunque participe en algunos aspectos de los puntos de vista de ambos. Con los primeros me alineo en la consideración de que la nueva Ley de Costas debería contemplar la inclusión de una fiscalidad ambiental, a modo de ecotasa, que revirtiera en la conservación del litoral y de sus servidumbres de protección. Una inversión necesaria que sociabilizaría los beneficios privatizando los gastos, que es justo lo contrario de lo que sucede en la actualidad. Por otro lado, como ya señalé anteriormente, me parece positiva y adecuada la nueva potestad que se quiere atribuir el Gobierno para frenar los proyectos municipales medioambientalmente abusivos. Además,  me parece evidente que,  en plena crisis económica del país, después de siglos de existencia ciertos errores, estos resultarían ya excesivamente costosos de enmendar. Por lo tanto, en lo que insistiría es que a partir de ahora miremos de controlar y recuperar lo que todavía está a nuestro alcance. Es decir, lo que sensatamente podamos.

Terminaré este artículo informativo y de opinión con un apunte. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha convocado el Consejo Asesor de Medio Ambiente (donde están representadas las organizaciones ecologistas) para el próximo día 24 de julio, para que los expertos de estos colectivos puedan plantear sus dudas al anteproyecto de ley.

Un ecologista en El Bierzo.

Ley de Costas. Urbanismo. Desmanes urbanísticos en la costa balear. 2012. Fuente: tercerainformación.es.

Ley de Costas. Urbanismo. Desmanes urbanísticos en la costa balear. 2012. Fuente: tercerainformación.es.

Greenpeace cree que la Ley de Costas es un paso atrás. 16/07/12. Europapress.es. Video.

Ecologistas acusan al Gobierno de hacer una reforma de la Ley de Costas “a medida”. 13/07/12. Europapress.es.

Ecologistas en Acción cree que la reforma de la ley de costas es una “privatización encubierta” del litoral. 16/07/12. Eleconomista.es.

Greenpeace habla sobre la reforma de la ley de costas. 15/07/12. Abc.es. Video.

Ciu y la ley de costas: El acoso al interés público. 24/02/12. Greenpeace.org.

Destrucción a toda costa 2013. 09/08/13. Greenpeace.org

Piden la protección de la costa al Parlamento Europeo. 23/03/10. Tercerainformacion.es.

Destrucción a toda costa 2013. 09/08/13. Youtube.com. Greenpeacespain.

Destrucción del litoral. El país TVE. 15/03/10. Youtube.com. Paternac26.