Archivo de la etiqueta: Unión Fenosa

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético quiere que la CE declare ilegal un sobrepago de 3.600 millones a las eléctricas

Greenpeace denuncia el afán recaudatorio de las eléctricas españolas. 12 marzo 2015. Greenpeace.org.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energñetico acudirá a Bruselas. Foto: Greenpeace.org.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético quiere que la Comisión Europea (CE) declare ilegal el exceso de compensación a las compañías eléctricas por el cobro de los Costes de Transmisión a la Competencia (CTC). Un sobrepago que sitúa en torno a los 3.600 millones de euros.

Según esta plataforma, las grandes compañías eléctricas percibieron en torno a los 3.600 millones de euros hasta junio de 2006 en concepto de los CTC, un dinero que el Estado pagó de más “beneficiando al sector a costa del bolsillo de los consumidores y haciendo imposible la libre competencia en nuestro país”.

Este desembolso irregular correspondería a 1.563 millones entregados al Grupo Endesa, 1.160 a Iberdrola, 434 a Viesgo, 275 a Unión Fenosa y 156 a HC Energía. En total 3.588 millones de euros.

Protesta de Anpier en Ponferrada.  24 sept. 2015. Foto: Enrique L. Manzano.

Protesta de Anpier en Ponferrada. 24 sept. 2015. Foto: Enrique L. Manzano.

Precisamente, la semana pasada participé en ‘El Camino del Sol’, una marcha de protesta organizada por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (Anpier), a su paso por Ponferrada. Tal y como informé entonces, hasta 62.000 pequeños empresarios productores de este tipo de energía eléctrica se sienten engañados por los cantos de sirena del Gobierno que les llevaron a invertir en un sector que la presión del lobby eléctrico ha llevado a la ruina económica.

Por desgracia, no son los únicos afectados por ese apoyo gubernamental a las eléctricas, pues también lo somos todos los que consumimos electricidad. Así lo denuncia en su blog el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, “el poder de mercado y la influencia política tan inmensa que han ido adquiriendo les permiten cometer auténticas estafas con la connivencia y colaboración del gobierno, de jueces y de antiguos presidentes del gobierno o ministros que están vergonzosamente en su nómina para ayudarles con su influencia institucional y política”.

Cita el también este autor de numerosos libros y trabajos científicos al ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, quien desde hace tiempo viene denunciando un buen número de estafas cometidas por las eléctricas (http://www.estafaluz.com). De ellas me he hecho vocero en alguna ocasión y, como Torres, os pido que las difundáis como homenaje “a un ciudadano ejemplar que está dedicando su vida a luchar contra la injusticia y la impunidad de las grandes empresas eléctricas españolas”.

El miembro de ATTAC España,  Juan Torres López. Finanzas.com.

El miembro de ATTAC España, Juan Torres López. Finanzas.com.

En su último artículo, publicado ayer en su blog La Tramoya”, Torres menciona un nuevo fraude denunciado por Moreno Alfaro y que tiene que ver con nuestra factura de la luz. Según Moreno Alfaro esta nueva estafa nos estaría costando en torno a los 36 millones de euros. Una cantidad cobrada de más. Es más, cuando el ingeniero se dirigió a la entonces llamada Comisión Nacional de Energía (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), señalando el “error” que conlleva un redondeo abusivo, recibió una respuesta que no deja espacio a dudas sobre para quién trabajan algunas de las autoridades que supuestamente actúan como árbitros y defensores de los intereses ciudadanos.

Pero volviendo al principio diré que en 1997 se liberalizó el mercado eléctrico y que el Gobierno del Partido Popular (PP), presidido entonces por José María Aznar, creó el CTC, para que las eléctricas pudieran percibir millones de euros por las inversiones que habían hecho hasta el momento. El Gobierno español garantizó a las últimas una compensación durante 10 años de hasta 36 euros por kilovatio hora (kWh), siempre y cuando el mercado marcase un precio inferior y hasta una cifra máxima de 8.600 millones.

Este sistema funcionó hasta 2001, pero en ese año la producción se encareció de una manera que se hicieron innecesarias esas compensaciones, aunque como estaban contabilizadas se abonaron. Sin embargo existían informes que cifraban ese desfase en 3.400 millones. Es más, se llegó a elaborar una normativa para reclamar las cantidades abonadas en demasía. Pero no llegó a aprobarse, de manera que las eléctricas no tuvieron que proceder a su devolución.

Ahora, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción que investigaba este caso lo ha archivado, por no apreciar indicios de delito penal, la organización ha anunciado que llevará este asunto ante la Comisión Europea al haber agotado prácticamente la vía penal. Asegura Jorge Morales, ingeniero industrial miembro de la plataforma y experto en el sector eléctrico que “queremos pedir la devolución del dinero a la Comisión”.

Una ayuda “ilegal”

Rueda de prensa  de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 2015. Nuevomodeloenergetico.org.

Rueda de prensa de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 2015. Nuevomodeloenergetico.org.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético considera que ha habido, por parte de los diferentes gobiernos, “una ayuda ilegal a las grandes empresas eléctricas”. Basa tal convencimiento en que se tenía que descontar esta ayuda a las eléctricas de los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase el precio de 36 euros por kWh. Algo que sucedió de forma drástica a partir de 2005, cuando el preció aumentó del KWh aumentó hasta los 50 euros, lo que supuso un alza del precio de la energía que se ha mantenido desde entonces. Y aunque en 2006 el Gobierno derogó los CTC, nunca reclamó a las eléctricas lo que habían cobrado de más. Una cifra que diferentes cálculos sitúan en torno a los 3.600 millones y que otros, como Jorge Morales, consideran que es aún mayor.

La posibilidad de cobrar los CTC prescribió en 2010, pero nunca fueron reclamados por la Administración, pese a que la Comisión Nacional de la Energía explicó al Gobierno que aún no se había procedido a la liquidación y que la Abogacía del Estado de 2008 así lo garantizó.

La Plataforma llevó en 2013 -sin éxito- el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, que tomó declaración a los responsables de Energía en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2007-2010) para averiguar por qué y quiénes fueron los responsables de que no se recuperasen esos millones. Más tarde, el Secretario de Estado de Energía trató de poner en marcha un proceso similar, pero tras cuatro años desde la derogaron de los CTC, el caso ya había prescrito.

Campàña de Avaaz para que la Fiscalía investigara el cobro indebido de los CTC por las eléctricas. Enero 2015. Avaaz.org.

Campàña de Avaaz para que la Fiscalía investigara el cobro indebido de los CTC por las eléctricas. Enero 2015. Avaaz.org.

Recuerdo que en enero de 2015 la organización Avaaz llevó a cabo una campaña para que la Fiscalía Anticorrupción persitiera en la investigación de este asunto, la cual recogió casi 150.000 firmas en pocos meses. En esa ciberacción Avaaz solicitaba a los firmantes que se mantuviese abierta la causa abierta para investigar si los gigantes de la energía en España habían cobrado un dinero indebido y su posible connivencia con influyentes políticos, en especial los socialistas. Asimismo se sorprendía esta organización de que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) no hubiese utilizado el caso para arremeter contra sus adversarios políticos.

Más cerca, el pasado mes de abril, la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra los exministros Miguel Sebastián y Elena Salgado, así como contra Endesa, por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia. La querella, presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común y elaborada por Ausbanc, consideraba que se habían producido delitos de prevaricación en comisión por omisión y de estafa agravada en la forma en que se liquidaron los CTC. La querella estaba dirigida, también, contra el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe, aunque posteriormente fue desestimada por la misma Audiencia.

Ésta consideró que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción y el expediente remitido por el Ministerio de Industria, los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

Ahora la Plataforma ha decidido ahora acudir a Europa, que da un plazo de 10 años, con la esperanza de que tome cartas en el asunto antes de que éste prescriba de nuevo.

Un ecologista en El Bierzo.

El sobrepago a las eléctricas alcanzaría los 3.600 millones de euros. 2015. Publico.es.

El sobrepago a las eléctricas alcanzaría los 3.600 millones de euros. 2015. Publico.es.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético promueve una denuncia ante la Comisión Europea por el exceso de compensación a las eléctricas en concepto de CTC e invita a la sociedad a adherirse. 17/09/15. Nuevomodeloenergetico.org.

Doscientos productores autónomos de energía eléctrica protestan en Ponferrada contra el Decreto de autoconsumo del Gobierno. 24/09/15. Unecologistaenelbierzo.wordpress.com.

Plantean llevar ante la Comisión Europea el sobrepago de 3.400 millones a las eléctricas. 20/11/14. Público.es.

La Audiencia admite la querella por los 3.400 millones cobrados de más por las eléctricas. 07/04/15. Publico.es.

La Audiencia archiva la querella por los 3.400 millones cobrados de más por las eléctricas. 23/06/15. Publico.es.

Pídele a la Fiscalía que actúe. Enero, 2015. Avaaz.org. Ciberacción.

El TSJCyL da la razón a los ecologistas sobre el parque eólico ‘Quintana’ en la sierra de Gistredo

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJyL) ha declarado nula la autorización de la Junta para el parque eólico ‘Quintana’, que afectaba las sierras de Gistredo y Coto, lo que significa que éste se queda sin cobertura legal que permita su implantación y también que esta zona montañosa, de reconocido valor naturalista, permanecerá libre de molinos eólicos.

Han transcurrido catorce años desde que se presentó un proyecto que cabe situar en plena euforia de las subvenciones otorgadas a las energías renovables por el gobierno socialista de José Luis Zapatero. El proyectado parque eólico llegó al organismo autónomo de la mano conjunta del empresario minero Manuel Lamelas Viloria, actual presidente de la Cámara de Comercio de León – que empezaba a sufrir los primeros efectos de la crisis del carbón en sus negocios-, y de Unión Fenosa, cuando María Jesús Ruiz era consejera de Medio Ambiente de la Junta.

En aquellos tiempos se aprobaron varios proyectos de parques eólicos, desatendiendo incluso a los informes negativos de los propios técnicos autonómicos, siendo con posterioridad refutados por sentencias judiciales adversas.

Da la coincidencia de que, en estos días y aunque en otro ámbito, ha sucedido lo mismo que con la autorización concedida en 2008 por el organismo autonómico a Cementos Cosmos, que también ha sido rebatida, en este caso por dos sentencias distintas del TSJCyL emitidas en menos de un mes.

Ante tamaño desvarío uno no puede menos que preguntarse qué es lo que está sucediendo en la Junta. Está claro que la profesionalidad que debe ejercitar un organismo de tanta responsabilidad está quedando en entredicho. Algo que permite sospechar que hay intereses que se nos ocultan. Desde luego es una vergüenza lo que está sucediendo, y si en este país existiera la decencia, a los implicados ya se les habría exigido responsabilidades.

En este blog, durante años, he  defendido que al menos las sierras de Gistredo y los Montes Aquilianos quedasen libres de molinos. Algo que no se pudo conseguirse del todo en el último espacio, parte del cual lleva ya más de cinco años ocupado por las eólicas y con caminos que han generado un fuerte impacto medioambiental y paisajístico. Es más, existía un proyecto para extender esa ocupación, en la zona inmediata a los pueblos de Fonfría, Poibueno y Matavenero, y en el que también se encuentra implicado Lamelas Viloria. La reacción ecologista impidió que pudiera prosperar, aunque no sin lucha y sin que antes se vencieran una serie de irregularidades administrativas. Finalmente, la intervención de Ecolo Verdes dio al traste con el complot.

En su recién emitida sentencia del TSJCyL (la número 02307/2013 del 27 de diciembre de 2013) se aprecia que la Junta de Castilla y León debía haber declarado la caducidad del expediente del parque eólico ‘Quintana’ alpor no haber subsanado el promotor en plazo una serie de deficiencias del proyecto que fueron requeridas expresamente.

A SEO/Birdlife y a la Plataforma en Defensa de Gistreo se debe el éxito de esta resolución, después de que, en 2008, presentasen una denuncia por mediación de un  gabinete de defensa jurídica medioambiental de León. Inútil decir que este fallo me causa gran satisfacción, ya que el parque proyectado afectaba a un espacio considerado como Área Importante para las Aves y la Biodiversidad (IBA, Important Bird Area) y en el que se ha datado la presencia del oso pardo y del urogallo, considerados animales en peligro de extinción por la Unión Europea.

Precisamente, lo reprobable es que los mismos técnicos de la Junta señalasen este aspecto, que no fue tenido en consideración por la Consejería, lo que ahora ha provocado el rechazo del parque eólico.

La reciente sentencia se suma a otras resoluciones judiciales obtenidas en ,los últimosd años en la provincia por SEO/BirdLife, que han dejado patente la ilegalidad de los proyectos eólicos del conocido como nudo de Villameca en la provincia de León – donde también evacuaba el ahora anulado parque ‘Quintana’ (Omaña, Cepeda, Boeza y Alto Sil). En concreto, hasta el momento, – y como señalan los grupos ecologistas – han sido anulados mediante sentencia las autorizaciones de los parques eólicos ‘Curueña II’, ‘Villabandín II y Ampliación’, ‘Peña del Gato’, ‘Murias II’ (que fue el primero) y la subestación eléctrica de Villameca.

Un poco de historia reciente.

En el año 1999  la sociedad participada por el leonés Manuel Lamelas y Unión Fenosa ‘ganó’ en competencia la posibilidad de construir el parque eólico ahora denegado. Sin embargo, no fue hasta el año 2008 que obtuvo la autorización definitiva, aunque con un proyecto distinto del original del año 2000. El parque proyectado se componía de 27 aerogeneradores de 99,5 metros de altura (68,5 metros al buje) y una potencia total instalada de 33,75 megavatios.

Comenzaron entonces las protestas ecologistas en defensa de la fauna y flora de las sierra de Gistredo y Coto. Fruto de esa movilización fue el nacimiento de la Plataforma para la Defensa de Gistreo, que junto con la veterana organización conservacionista SEO/Birdlife planteó, entonces, un recurso judicial contra el Ayuntamiento de Toreno, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, el Parque Eólico Quintana S.L., y el Ayuntamiento de Igüeña, denunciando las “numerosas irregularidades administrativas y carencias técnicas en el proyecto”.

Reacciones dispares tras la sentencia.

Tras la sentencia del TSJCyL la Plataforma para la Defensa de Gistreo ha manifestado su satisfacción y reclamado la Administración protección para “el ecosistema único de la sierra que une las comarcas de Cepeda, Omaña, Alto Sil, Laciana y Bierzo declarándolas Parque Natural”.

En el otro lado, los alcaldes pedáneos de Igüeña, Alíder Presa (PSOE), y de Noceda del Bierzo, Manuel González (PP), favorables al proyecto, han manifestado que confían en que la Junta de Castilla y León y los promotores del proyecto recurran el fallo en juicio de casación.

Por el contrario, el alcalde de Toreno, Pedro Muñoz (PP), ha reconocido estar “encantado” con la decisión judicial al considerar que la instalación del parque eólico constituiría un “atentado ecológico de primer orden” y supondría un “impacto paisajístico brutal”.

Muñoz ha puntualizado que, pese a que está a favor de la energía eólica, considera “un grave error llenar un parque natural de molinos de viento”, y que “es ridículo que Gistredo se convierta en un parque eólico cuando hay zonas en Castilla y León llenas de llanuras y de tierra improductiva en las que se pueden instalar”.

El urogallo bloquea el parque eólico de Peña de Gato.

Las sentencias contrarias a los parques eólicos planificados a finales de siglo no son nuevas en la provincia leonesa. Así, en octubre pasado, el TSJCyL anuló la autorización administrativa del proyectado en Peña de Gato, en la localidad de Igüeña en el Bierzo Alto, el de mayores dimensiones de la provincia con 33 molinos de viento.

En la sentencia judicial se señaló que en la declaración de impacto ambiental (DIA) se ignoró que los molinos se iban a instalar en un corredor natural entre dos bosques ocupados por el urogallo. El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) es una especie en peligro de extinción con un censo de unos 400 ejemplares. El alto tribunal declaró entonces que “No es necesario que quede acreditada la afectación del proyecto a una especie animal, basta la potencialidad”.  

Según datos de ‘El País’, la sentencia admitía recurso, y no sé en que habrá quedado. Según ese mismo diario el parque, propiedad de Energías Especiales del Alto Ulla, de la que es socia Enel, llevaba entonces tres años abierto. Sus beneficios por el funcionamiento – señalados en el procedimiento – se elevaban entonces a 8,4 millones de euros anuales. Si se pagaba a las juntas vecinales de los municipios concernidos 6.000 euros anuales por molino sólo  hay que hacer unos pocos números para darse cuenta de los beneficios colosales que suponen estos parques para sus propietarios. Y también permiten entender el elevado coste de nuestra energía eléctrica.

Los tres magistrados del TSCyL argumentaron que la principal demandada  – la comunidad Autónoma de Castilla y León – y los codemandados – los Ayuntamientos de Igüeña y Torre de El Bierzo y la empresa propietaria –  pasaron por alto informes emitidos por los propios técnicos de la Administración autonómica en los que se reconocía no sólo la presencia de la especie sino también la importancia de estos terrenos para su supervivencia. La presencia del urogallo en la zona quedó acreditada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y de la Guardia Civil.

En el juicio, el jefe de espacios naturales de la Junta, José Ignacio Molina García, señaló que el núcleo de estas aves estaba a más de tres kilómetros del parque y que la orografía y la vegetación eran “poco atractivas”. Pero el biólogo Emilio Virgós Cantalapiedra, perito de Seo/Birdlife, explicó que antes de la construcción del parque las dos poblaciones de urogallo estaban más o menos bien comunicadas y que esa zona era útil para otros fines como zonas de movimiento, especialmente para los ejemplares jóvenes. “El peligro no solo viene de las posibilidades de colisión con los aerogeneradores, sino también por el efecto visual, que reprime al urogallo – declaró el perito -, y por eso no va hacia esas zonas”. Y añadió que la situación fragmentaba  las colonias y contribuía a que el peligro de extinción fuese mayor.

“Las poblaciones se extinguen por los extremos, y la comarca leonesa de Omaña-Cepeda es estratégica para la conservación de esta especie en el área cantábrica”, explicó  Felipe González, técnico de Seo/Birdlife en el proyecto ‘Life Urogallo’. Tras el último censo, de 2005, comprobaron que el urogallo había desaparecido del 60% de los lugares que ocupaba en 1982.

Según el periódico ‘El País’, Peña del Gato es el cuarto proyecto eólico de las comarcas de Omaña y Cepeda cuya autorización ha sido anulada por el alto tribunal, aunque los otros casos se paralizaron antes de consolidarse.

Un ecologista en El Bierzo.

La justicia detiene la especulación eólica en Gistreo. 21/01/14. Plataformadefensagistreo.blogspot.com.es.

La Justicia anula un parque eólico en la Sierra de Gistreo. 22/01/14. Seo.org.

Los tribunales anulan el quinto parque eólico en una zona de León. 21/01/14. Elpais.com.

División de opiniones en los alcaldes de la sierra de Gistredo ante la sentencia. 21/01/14. Ileon.com.

El Juzgado declara ilegal la construcción de una subestación de evacuación de los parques eólicos proyectados en Omaña y La Cepeda. 16/12/12. Ecobierzo.org.

El TSJCyL anula la chapuza de los parques eólicos de Villabandín II. 19/05/12. Ecobierzo.org.

El urogallo bloquea un parque eólico. 11/10/13. Elpais.com.

Greenpeace analiza los impactos económicos, sociales y medioambientales de las multinacionales españolas en América Latina

Cartel. Informe 'Los nuevos conquistadores. Madrid, 1 oct. 2009. Fuente: greenpeace.org.Todavía está fresco en mi memoria un viaje que realicé a Ecuador hace poco, en el que acerqué hasta la frontera con Colombia, en la selva amazónica. Aquel fue un viaje bastante accidentado.

La carretera avanzaba paralela a un oleoducto de Repsol durante cientos de kilómetros. En varias ocasiones el tambaleante autobús tuvo que sortear los cortes de carretera realizados por los nativos en protesta contra el expolio que consideran se está llevando a cabo con su riqueza petrolífera.

Todo esto sucedió en medio de una cierta efervescencia revolucionaria, con toque de queda incluido y atentados contra el oleoducto, situación que me obligó a acortar mi estancia en la zona por temor a no poder regresar a tiempo a la capital para coger el avión de retorno a España.

Ésta fue mi primera experiencia directa con las protestas de los pueblos nativos contra las empresas extranjeras que trabajan en sus tierras. No necesité mucho tiempo para aprender también que si en Europa todavía tenemos alguna posibilidad de resistencia legal contra cualquier abuso, como – por ejemplo en el caso del proyecto Sama-Velilla – en las comunidades del tercer mundo esto resulta, casi siempre, una pura entelequia. Y además peligroso.

Las compañías extranjeras se enseñorean sin complejos de los recursos naturales de los países pobres con la complicidad de los propios gobiernos nacionales. La compra perversa de voluntades, necesarias para poder proceder a cierta explotación de los recursos, resulta muy económica para las empresas con sede en el mundo desarrollado, dada la gran diferencia de valor entre su moneda y la de los países explotados. Las multinacionales no tienen reparos a la hora de comprar a quienquiera que pueda facilitar su gestión, incluso a un gobierno entero si es necesario y cuando los beneficios pueden ser cuantiosos.

Tampoco dudan en asesinar, por medio de sicarios, a sindicalistas u opositores que se enfrentan a sus designios. Son conocidos diversos casos y es un tema que he vivido de primera mano, pues he hablado con personas que se tenían que esconder para que no les mataran.

Con estas prácticas mafiosas las multinacionales extranjeras contribuyen a fomentar la inmoralidad en el tejido social de América Latina y también en el desempeño legal de las funciones administrativas de quienes sirven al estado.

Por poner de muestra un botón, Greenpeace denuncia que Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes presas para la producción hidroeléctrica. Un proyecto que arrasaría un complejo ecosistema virgen y que ha suscitado un gran rechazo local. Pues bien, recientemente, Endesa ha solicitado más de catorce años de cárcel y multas millonarias para activistas de la organización que desplegó una pancarta pidiéndole poner fin a este proyecto. Así, mediante el recurso a la represión, es como la gran empresa española intenta poner rápidamente un punto y final a cualquier señal de oposición.

Greenpeace presenta el informe: “Los nuevos conquistadores”. Multinacionales españolas en América Latina.

El pasado 1 de octubre Greenpeace España presentó en Madrid su informe: “Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina”. Un trabajo de investigación con el que la organización ambientalista analiza el comportamiento de las mayores empresas españolas y los impactos sociales y medioambientales de sus actividades en los países latinoamericanos. Greenpeace denuncia que tras la imagen impecable que muchas multinacionales españolas despliegan en su país se esconde una realidad muy distinta cuando operan en otros países.

Greenpeace ha analizado los sectores con mayor potencial de causar daños al medio ambiente o los derechos humanos (como los hidrocarburos, la electricidad, la pesca o el turismo, entre otros) y los ha “cruzado” con la presencia de empresas españolas significativas.

Del análisis de estas dos variables salen 43 casos que son recogidos en el informe, aunque el número real puede ser bastante mayor. Este informe ha sido realizado por Greenpeace España, con el apoyo de las oficinas de la organización en México, Brasil, Chile y Argentina, así como de otras organizaciones latinoamericanas, y recoge cómo empresas españolas están involucradas en situaciones de destrucción del medio natural, violaciones de derechos humanos y abusos laborales.

Greenpeace quiere contribuir a poner fin a una de las principales ventajas que tienen estas empresas a la hora de operar: el hecho de que las poblaciones de sus países de origen saben muy poco sobre cuáles sus actividades reales en el exterior y desconocen su impacto. Esto les permite “vender” una imagen responsable y sostenible, mientras que en realidad sus prácticas causan graves daños en las poblaciones locales o el medio ambiente. “Queremos contar aquello que no se dice en las juntas de accionistas ni en la publicidad de estas empresas, y que la población española sepa cómo actúan al otro lado del Atlántico”, ha afirmado Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y medio ambiente.

España se situó en el año 2008 como el octavo país del mundo en el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED) y once multinacionales españolas figuran en la lista “Fortune Global 500”, que clasifica a las mayores del mundo. Su llegada a América Latina se produjo de forma masiva en los años ochenta y sobre todo noventa. Hoy ocupan los primeros puestos, cuando no el primero, en sectores como los hidrocarburos, la electricidad, el turismo y la pesca en muchos países latinoamericanos.

Actividades perjudiciales para el medio ambiente.

Las actividades de estas empresas han sido objeto de frecuentes críticas y resistencias locales. El informe “Los nuevos conquistadores” recoge algunos de los principales casos, centrándose en aquellos donde las empresas españolas tienen un protagonismo importante y en los sectores donde se causan graves daños al medio ambiente y los derechos humanos. Algunos ejemplos son los siguientes:

Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes represas que arrasarán un ecosistema virgen y que han suscitado un gran rechazo local.

Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola apuestan en América Latina por la generación de energía sucia y basada en fuentes no renovables. Unión Fenosa e Iberdrola encabezan un proyecto para construir cinco centrales eléctricas de carbón en Guatemala.

Repsol ha causado vertidos y graves daños al medio ambiente en Ecuador, Argentina y Bolivia, ha violado los derechos de comunidades indígenas y ha sido acusada de fomentar la violencia en Colombia.

Empresas turísticas españolas están fomentando en varios países, pero especialmente en México, un modelo de turismo depredador que arrasa con bosques de manglares costeros y con zonas vírgenes. Sol Meliá, Riu o NH, entre otras, participan en proyectos controvertidos en el estado de Quintana Roo.

Pescanova ha practicado la sobreexplotación de recursos pesqueros en Chile, mientras Calvo ha sido acusada de contaminación y de violación de los derechos laborales en El Salvador.

Las empresas españolas que operan en América Latina no actúan de forma diferente a las de otros países. Siguen un modelo de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve posible, y lo hacen en muchas ocasiones vulnerando derechos medioambientales, sociales y laborales, mediante la presión a autoridades locales.

Los gobiernos españoles, de cualquier color político, las apoyan activamente con el argumento de que se trata de una defensa de los intereses españoles en el exterior. Pero estas empresas sólo representan los intereses de sus accionistas, y sus prácticas perjudican la imagen global de España en América Latina.

Greenpeace considera que, si las grandes empresas españolas quieren ser entidades social y ambientalmente responsables, deben poner fin a las prácticas abusivas en el exterior y ser más coherentes en su discurso de responsabilidad. “Hay que poner fin a modelos de gestión que sólo buscan máximos beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales de su actividad. Tampoco pueden seguir engañando a la opinión pública española sobre sus prácticas en el exterior”, ha señalado Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace.

A la vez, el gobierno español debe exigir a las empresas españolas  en otros países que cumplan los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno. “La concesión de ayudas o apoyo público para su expansión exterior debe estar ligada a exigencias y parámetros claros de responsabilidad. No se puede fomentar desde el estado un comportamiento depredador con las poblaciones locales y el medio ambiente”, concluyó Mabel González, responsable de la Campaña de conflictos y medio ambiente.

Un ecologista en El Bierzo.

Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales. Informe. 01/10/09. Greenpeace.org. Pdf.

Dossier de prensa del informe ‘Los nuevos conquistadores’. 01/10/09. Greenpeace.org. Pdf.

Greenpeace analiza las actividades de las multinacionales españolas en América Latina. 01/06/09. Greenpeace.org.

Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales. 01/10/09. Nomadant.wordpress.com.

Los nuevos conquistadores: multinacionales españolas en América Latina. 11/10/09. Elblogalternativo.com.