Un momento durante la presentación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Ponferrada, 29 marzo 2011. Foto: Enrique López Manzano.
Ayer tarde tuvo la presentación en la Sala de la Casa de Cultura de Ponferrada del nuevo derecho social establecido por la Junta de Castilla y León denominado “Renta Garantizada de Ciudadanía” (RGC). Había sin duda una indudable expectación por el tema, como lo atestigua la presencia de un centenar y medio de personas, curiosamente en su mayoría extranjeras.
Personalmente confieso que me esperaba una mayor participación autóctona dadas las dramáticas cifras del paro que vive El Bierzo. En efecto, en estos momentos y como resultado la falta de colaboración entre los partidos políticos en la gestión social y también debido a la escasa calidad gestora de nuestros políticos (con sus loables excepciones), contamos con más de 13.000 personas empadronadas en la comarca apuntadas en el INEM. Es decir, que tendríamos buscando trabajo, -si consideramos que la mitad de la población pertenece a colectivos que están apartados de la vida laboral (infantes, estudiantes, jubilados, etc.)-, alrededor de un veinte y un veinticinco por ciento de las personas en edad de trabajar. Es decir, una de cada cuatro o cinco.
Presentó la sesión el responsable del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Reiner Cortés (PP), al que felicité por la parte que le toca al Consistorio por el apoyo prestado a esta iniciativa. También intervinieron una asistenta social y un representante de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO), que es el sindicato responsable de la propuesta. Ésta fue aprobada por la Junta el pasado 30 de agosto y puedo decir que se encuentra todavía dando sus primeros pasos, sin que tenga noticia de que se haya concedido todavía ninguna ayuda.
El acto fue clausurado por el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco (PP). Precisamente ayer era el último día de precampaña electoral, entrando ya en la fase en la que según la ley está prohibido realizar inauguraciones oficiales (una situación a la que nos ha sometido el alcalde en los últimos días en los que no ha parado de inaugurar absolutamente de todo).
La presencia del edil puede interpretarse como un gesto de apoyo a una iniciativa socialmente importante como es la RGC, pero también como un acercamiento al colectivo inmigrante o como un intento de captación de los votos electorales de esta minoría social. En efecto, dada la entrada en la liza electoral del candidato Ismael Álvarez, también de derechas como López Riesco y su antiguo tutor, las elecciones se presentan muy reñidas, lo que significa que unos pocos votos pueden llegar a significar que el alcalde sea uno u otro. Teniendo en cuenta esta consideración, y ya que una parte de este colectivo tiene derecho a votar en las municipales- no es sorprendente el interés de nuestro alcalde por estar presente en este acto.
La Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ángel Hernández (CCOO) y Juan Vicente Herrera (JUnta de CyL) después de la firma del acuerdo protocolario para la creación de la RGC. Valladolld, 28 dic. 2009. Cyl.ccoo.es.
Se ha hablado mucho y desde hace tiempo de la necesidad de instaurar esta ayuda económica a las personas en situación de riesgo de exclusión social. La paz social, que significa que todo continúe tal y como está (es decir, todo atado y bien atado), sin alborotos ni revolución social (como por ejemplo está sucediendo en los países árabes o ha sucedido en Islandia recientemente), requiere este esfuerzo, renuncia o ‘sacrificio’ de las clases más pudientes con el objetivo de asegurar su pervivencia y dominio. Pero, además, se evitan también situaciones de marginación que puedan arrastrar al asalto o al robo a personas desesperadas.
CCOO, dentro del marco del Diálogo Social Regional, ha llegado a este acuerdo con la Junta que supone el nacimiento de un nuevo derecho para los habitantes de Castilla y León. Ahora bien, y como resulta por otra parte bastante lógico, este derecho no comenzará hasta que el beneficiario acredite una residencia mínima de un año en la comunidad, con la excepción de víctimas de violencia de género, de personas emigrantes retornadas y de algunas situaciones más de emergencia.
532 euros al mes por unidad básica de convivencia.
La nueva ley nace con buena voluntad y representa un salto cualitativo en materia de atención social en la Comunidad. En realidad viene a sustituir el antiguo Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que era una disposición graciable y sujeta a disposición presupuestaria, mientras que la nueva ley garantiza un derecho sin límite en el presupuesto y está orientada a asegurar que las personas tengan cubiertas unas mínimas necesidades básicas.
La nueva ley representa pues un avance hacia la consecución de un Estado Social de Derecho, un eufemismo que viene a significar a grosso modo que todos tenemos derecho a que el Estado atienda la protección de nuestras necesidades básicas. Algo que, por otra parte, ya nos reconoce la Constitución Española aprobada hace treinta y tres años, aunque eso aún diste mucho de cumplirse.
Estaría bien que esta nueva ley se viera completada con otras disposiciones adicionales que gravasen los ingresos más elevados y prohibiesen el pago de los salarios desorbitados (banqueros con contratos blindados, altos cargos políticos, etc.), una situación que genera irritación, reprobación y hasta vergüenza ajena en quienes no han tenido, en ocasiones, demasiadas oportunidades para lograr una vida mejor.
La Renta Garantizada de Ciudadanía se aplica ya en algunas comunidades, como el País Vasco y Murcia, e ignoro si en Canarias también. Pero la tienen también en ciertos ayuntamientos, como el de Valencia y posiblemente en alguno más.
Quienes pueden beneficiarse de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
No voy a extenderme más en explicar lo que es la RGC, quiénes tienen derecho a ella y los requisitos necesarios para obtenerla. Sólo mencionaré que su importe es equivalente al 80 por ciento del IPREM, un indicador de referencia para prestaciones sociales que se actualiza cada año y que éste se sitúa en los 426 euros mensuales. La misma cantidad que cobra una persona que perciba un subsidio por hijos menores tras habérsele agotado el paro, o un mayor de 52 años en la misma situación y que haya cotizado cómo mínimo durante quince años al régimen general de la Seguridad Social.
Sin embargo, la diferencia es notable en ambas situaciones. Así, un subsidiado sólo tendrá que estar pendiente de sellar o atender posibles ofertas de cursos presentadas por el INEM, mientras que un perceptor de la RGC habrá de seguir forzosamente un itinerario de inserción social marcado por la Administración regional a través de sus centros de atención social.
La RGC es un logro del Pacto Social entre los sindicatos, la patronal y la Junta de CyL. Ccoo.es.
La sensación que tuve durante la presentación es que las situaciones personales de los posibles solicitantes pueden llegar a resultar variadísimas y que el rol del asistente social será determinante en la fijación de los criterios para el otorgamiento y fijación de la cuantía a percibir. Además, en el caso de los extranjeros, el papeleo resultará más complicado al necesitar acreditar estos últimos que no poseen propiedades ni ingresos personales en sus países de origen.
Según CCOO la saturación en la que se encuentra actualmente la administración pública, como resultado de la aplicación de la Ley de la Dependencia, provocará que la tramitación de las solicitudes de RGC sea lenta. En ese sentido, y dado que todos los dossiers tendrán que pasar el trámite perceptivo en Madrid, se ha fijado un plazo máximo de hasta tres meses para la respuesta, considerándose desestimada la petición si no se produce en ese lapso de tiempo.
Un ecologista en El Bierzo.
Renta Garantizada de Ciudadanía. Jcyl.es (este enlace ya no funcionaba en el momento de la revisión de este artículo, en enero de 2016).
Folleto informativo descargable de la Junta de Castilla y León (éste tampoco funcionaba).
Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. Boe.es. Pdf. (el enlace con la ley también desapareció de la página de la Junta aunque logré remplazarlo por este otro).
Decreto 61/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León (idéntica situación con este otro enlace que figuraba en la página de la Junta, desaparecido o modificado, y finalmente localizado en la web de Comisiones Obreras). Castillayleon.ccoo.es. Pdf.
Sindicatos, patronal y Junta de Castilla y León sellan el acuerdo para que la Renta Garantizada de Ciudadanía sea una realidad antes de cinco meses. 28/12/09. Castillayleon.ccoo.es.
CCOO de Castilla y León señala que la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía supone un paso más para la consolidación del Estado Social. 25/08/10. Castillayleon.ccoo.es.
Un ecologista en El Bierzo
Un ecologista en El Bierzo 