La Unión Europea sanciona a España por la minería a cielo abierto en Laciana

La ambición empresarial del leonés Victorino Alonso García, -que concentra en sus manos las dos terceras partes de la producción nacional de carbón- y los intereses de quienes mantienen pactos oscuros y secretos con él, está provocando tal grado de destrucción medioambiental -y ahora también cultural si le añadimos el expolio del neolítico en la Cueva de Chaves-, que la Comunidad Europea se ha visto en la necesidad de intervenir, ni que sea de manera simbólica.

Las acusaciones del organismo europeo apuntan hacia la Junta de Castilla y León y hacia el gobierno español, por su complicidad en unas actuaciones ciertamente indignantes, y quo podrían producirse en algún otro país europeo sin levantar una oleada de protestas. Por desgracia, y para vergüenza nuestra (porque supongo que alguna responsabilidad tendremos cada uno de nosotros en esta situación), España continúa situándose todavía en cabeza del ranking de la corrupción en nuestro Viejo Continente. Y no sólo en la inmobiliaria, como nos permite apreciar este artículo.

Son las comarcas leonesas del Bierzo y Laciana, situadas en el límite occidental de la provincia, las más afectadas por los proyectos ahora denunciados por la Unión Europea (UE), tanto pasados como actuales y futuros. Pero la situación no es muy distinta en Asturias o Palencia, en donde el gerente del Coto Minero Cantábrico también mantiene importantes explotaciones. La UE acusa a la “Minero Siderúrgica de Ponferrada” (MSP), la antigua empresa minera berciana adquirida por el magnate del carbón, de obtener licencias fraudulentas y sin realizar estudios medioambientales previos. Una situación que ha contado con la indispensable connivencia del gobierno regional (PP) y del partido en el Gobierno (PSOE). Ambos han sido títeres al servicio de un empresario al que no han dudado en secundar con el descargo de que genera empleo en unas zonas con escaso desarrollo económico.

Mi acusación particular pone en el candelero un conflicto que lleva enfrentando en el valle lacianiego a mineros y ecologistas desde hace más de una década, y en el cual los últimos siempre han llevado siempre la peor parte, viéndose incluso desprotegidos en sus derechos. En Laciana la Administración no ha apostado por la inversión en energías renovables, la agricultura ecológica o el turismo sostenible (entre otras empresas no contaminantes que han demostrado ser una fuente importante de ingresos en otros países), sino que se ha preferido proteger a un sector sin futuro y con muy escaso recorrido. Y esto sin contar con el agravante de que, si no se aportan a las centrales térmicas correcciones técnicas, el carbón seguirá contribuyendo poderosamente a complicar el problema del cambio climático.

En este contexto, el empresario Alonso, conocido públicamente por sus pocos escrúpulos, ha conseguido erigirse, en pocos años, como el gran cacique de la minería española. Para ello ha contado, como antes he señalado, con el apoyo de poderes políticos y económicos poco transparentes, algo que los medios de comunicación -en manos empresariales vinculadas a  intereses afines a estos- se han encargado celosamente de ocultar a la opinión pública. Y aunque el empresario ya haya pasado por los juzgados anteriormente no ha sido encarcelado.

Sin embargo, las tropelías medioambientales de Alonso, al que algunos han apodado ‘Don Vito’, han empezado a ser vox populi entre los seguidores de la prensa digital. Lo que, por otra parte, podría en parte explicar por qué el Ejecutivo socialista, – sin duda presionado por quienes prefieren mantener a la opinión pública bajo un férreo control-, está diseñando un plan para maniatar a esas voces menudas que, como la nuestra, le incomodan desde la red.

Hay noticias de que el gobierno de Zapatero (PSOE) ha destinando ya un importante presupuesto para alcanzar ese objetivo, y hasta podría ser posible, si continuamos durmiéndonos en los laureles, de que ¡acabemos con un micrófono debajo de nuestra cama! Lo que sorprende es que, mientras se presupuesta para alcanzar tal finalidad, más de un millón de familias españolas tienen a todos sus miembros en paro o no perciben ayuda económica alguna. Y, también que varios millones más de españoles sobreviven actualmente con un subsidio miserable. Pero lo más grave es que, mientras esto sucede, el resto del país (es decir los que cuentan con un trabajo o pensión adecuados), da la impresión de que ni se entera -o finge no enterarse- o ni se inmuta.

Es ahora, cuando ante tanta injusticia se me atenazaba el ánimo, que la Comisión Europea viene a aportarme un poco de esperanza. Justo es señalar que su intervención no es casual, sino que viene precedida de un larguísimo rosario de denuncias formuladas ante el organismo europeo desde hace una década. Es el resultado del trabajo realizado por asociaciones como Filón Verde, por algún eurodiputado del Partido Los Verdes (David Hammerstein), y por otros a los que me siento agradecido. Uno de ellos es David Bollero, un periodista especializado en realizar denuncias sociales, que el 22 de enero publicó en el diario digital  “Público” la noticia que hoy comento. 

Europa saca los colores a la Administración española.

En su escrito, la Comisión Europea (CE) reconoce irregularidades por parte de la Administración española en la concesión de licencias para explotaciones a cielo abierto en la comarca de Laciana. Por desgracia, y en un error desagradablemente sorprendente, no menciona al Bierzo, en donde Alonso también impone su ley a través de algunos ediles públicos a su servicio. Esto es algo que se reconoce implícitamente al publicar el Diario Oficial de la UE, que la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) obtuvo licencias para sus explotaciones de carbón sin la debida declaración de impacto ambiental.

Este es un hecho que en Laciana se ve agravado por la localización de las minas Nueva Julia, Los Ladrones y Fonfría, en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) situadas dentro del Espacio Natural Alto Sil. La CE asegura que “los posibles efectos sobre las especies más vulnerables” de estas explotaciones no han sido tenidos en cuenta, y subraya el riesgo que supone para su recuperación la destrucción de sus hábitats naturales. Europa incide, incluso, en la necesidad de no incrementar las perturbaciones en los animales, así como en el peligro que representa la posible fragmentación de sus poblaciones. En esa línea cita a otras especies igualmente amenazadas por los trabajos en curso, como serían los corzos, jabalíes, lobos y rebecos. Y menciona también a los robledales.

Así pues, una vez más, y aunque sea a destiempo, las leyes comunitarias protectoras de la naturaleza han resultado ser una boya de salvamento para los territorios castigados por la especulación. ¡A buena hora mangas verdes!, podría reprochársele, pues la corrupción y el atentado paisajístico han sido motivos más que suficientes para que interviniesen antes. Ahora, Filón Verde quiere que la sanción no se traduzca únicamente en multas a la empresa minera -y al Estado español como corresponsable en los atentados ecológicos-, sino que exige que se depuren las responsabilidades políticas y dimitan los implicados, al tiempo que pide la reparación de los desmanes medioambientales cometidos. Conviene no olvidar que los planes de Victorino Alonso, dueño también de Uminsa, pasan por abrir al menos cuatro nuevas explotaciones de aquí al año 2012. Para éstas ya se habrían realizado los estudios de impacto ambiental, según ha apuntado el portavoz de la empresa minera, Juan José Valverde.

Los daños ecológicos producidos por el empresario leonés tendrán también graves consecuencias económicas para nuestros bolsillos. Es posible que quienes trabajan para él, y se benefician de un salario, vean esto como un mal menor. Pero no pensamos así quienes nada tenemos que ver con sus negocios y, sin embargo, acabamos pagándolos como si fueran nuestros.

Esta situación me trae a la memoria otra parecida que viví en el año 2002. Hacía dos años que los grupos ecologistas insistíamos ante la Generalitat de Catalunya para que ampliara la superficie y hábitats protegidos que debían incorporarse a la Red Natura 2000. Recuerdo que el Gobierno catalán prefirió antes ceder a las fuertes presiones inmobiliarias del momento que a los ecologistas, incumpliendo así los requisitos que exigía el organismo europeo. Resultado: tuvo que pagar una elevadísima multa a la Unión Europea. Y créanme, ¡la sanción fue salada! Y, de todos modos, Cataluña se vio igualmente obligada a cumplir con las directrices europeas. Ahora me pregunto, ¿cuánto nos costará la nueva sanción provocada por Victorino Alonso? ¿Quién, o cuándo, sacará o se sacará a la luz la trama política que se oculta tras el imperio de este personaje?

Para acabar, y no quedarnos con una sonrisa amarga en la boca, traslado aquí alguno de los comentarios subidos a la red sobre este tema. Los que conocen las andanzas del empresario minero comprenderán rápidamente a qué se refieren los autores. Uno se ellos lo firma un tal Pablo, que dice así: “No se compran las minas; se compran los cupos de carbón que éstas tienen contratado con las centrales térmicas. Luego se compra carbón en Ucrania y en Polonia y a hacer caja. Se desembarca en el puerto del Musel en Gijón y aunque las minas no produzcan nada pues es igual”. Otro, firmado por Merlín, pregunta: ”Pero, ¿de cuánto es la sanción? Porque si la subvención al carbón era de unos miles de millones de euros para la minería nacional este año, arreglar los destrozos es, o debería ser otros tantos millones más, hay que pagar cuotas de CO2 y multas… ¿No sería más rentable poner a los trabajadores a hacer ganchillo cobrando el sueldo y vendiendo los jerséis?” Y un tercero, firmado por Comité Espartaco, dice: “Y lo más cómico de todo es que una de las explotaciones se llama “Los ladrones”…  Pura poesía”.

Un ecologista en El Bierzo.

«Chaves, la memoria expoliada» (documental, 2009). Youtube.com. Imanatfilms. 

Información sobre la minería a cielo abierto en Laciana. Tsobudelaciana.blogspot.com.

Europa sanciona a España por la minería leonesa. 22/01/10. Publico.es. David Bollero.

Victorino Alonso para noveles. 14/05/09. Altosil.blogspot.com.es. 

Laciana, territorio comanche. 01/07/09. Kaosenlared.org.

Comentario por Rio Sil el 31/01/2010.

Nuestra lucha ya no es tanto contra quien comete los desmanes, sino contra su valedor, el gobierno. Mi apoyo a cuantos cada día dan la batalla por esta causa.

Comentario por Un ecologista en El Bierzo el 31/01/2010.

La única posibilidad que tenemos de conseguir que se respeten las leyes y los derechos de la naturaleza es la unión de todas las fuerzas ecologistas. Debemos pensar también en colaborar y buscar el apoyo de las organizaciones vinculadas a la izquierda política.

Comentario por Víctor el 01/02/2010.

Felicidades por el artículo: nadie lo podía hacer mejor. Saludos desde Laciana.

El Real Decreto español de ayudas al carbón contribuye a acelerar el cambio climático mundial

Manifestación en el Día Global contra el Cambio Climático. 29 nov. 2008.

A raíz de la presentación del proyecto de Real Decreto de ayudas a la producción y quema de carbón, defendido por el ministro Miguel Sebastián, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha publicado una opinión que me ha parecido conveniente trasladar a mis lectores.

Destaco que en El Bierzo el tema del carbón continúa siendo tabú, dado los enormes intereses empresariales ligados a este sector industrial en esta comarca históricamente minera. Por este motivo, -subrayo esto-, cualquier opinión vertida sobre el mismo coloca a quien la emite de inmediato bajo sospecha y, lo que puede ser aún peor, bajo los cascos de los caballos, convirtiendo su vida en un auténtico suplicio.

Aún así, creo importante y conveniente recordar que el nuevo decreto del ministerio de Industria llega respaldado, -y es el resultado-, por las presiones de los mismos empresarios que, hace una década descabezaron al incipiente movimiento ecologista berciano. Ocurrió cuando llevaron ante los tribunales a Aedenat (el grupo precursor de Ecologistas en Acción) por paralizar una mina a cielo abierto situada en el Alto Bierzo, la cual estaba causando notables destrozos medioambientales.

Las otras presiones sobre el Gobierno socialista de José Luis Zapatero son las de los dos principales sindicatos (UGT y CCOO), como Hammersteim nos lo recuerda en su artículo.

Tito Martínez, el actual coordinador comarcal de Izquierda Unida y por entonces cabeza visible de Aedenat, fue condenado a pagar una multa de 750.000 pesetas. Una cantidad enorme para la época, que tuvo que asumir personalmente al no conseguir el apoyo económico de sus compañeros de entonces.

Un ecologista en El Bierzo.

Diez razones contra el real decreto de ayudas a la producción y quema de carbón, por David Hammerstein.

El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein. 2009.

El Consejo de Ministros está a punto de aprobar un Real Decreto de ayudas económicas para la quema de carbón. El mundo parece estar al revés para el Gobierno español, ya que prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan más del consumo del sucio carbón español y menos de las energías renovables.

La defensa numantina de un particular sector industrial altamente contaminante y en declive económico es la respuesta del Gobierno a las presiones de empresas mineras y sindicatos privilegiados que históricamente subsisten gracias a ingentes cantidades de dinero público.

Con este alargamiento artificial y ruinoso de la minería del carbón en España, no solo se impide el crecimiento de las energías renovables, también se tiran por la borda los compromisos de reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la real liberalización del mercado energético y el cumplimiento de la legislación europea ambiental.

Se trata en definitiva de toda una irracional política energética basada en el proteccionismo estatal del carbón contra los intereses colectivos del medio ambiente, los consumidores y la ciudadanía.

1. El empleo debe salir del “nuevo modelo económico” sostenible y no de la vieja y contaminante economía.

Los dineros públicos han de dirigirse a los trabajadores y familias que sufren el cierre del anacrónico, contaminante y no rentable sector del carbón, y no servir para llenar de beneficios a los empresarios mineros y a las compañías eléctricas.

Las gigantescas ayudas públicas al sucio sector del carbón, que actualmente salen a una media de 200.000 euros por cada minero empleado, deben separarse de las ayudas a las empresas, y han de dirigirse exclusivamente a destinos sociales y a nuevas alternativas económicas para las cuencas mineras.

Solo trabajan unas 5.000 personas en el sector del carbón, mientras que en el pujante sector de las energías renovables se generan unos 180.000 empleos, que pueden ser los grandes perjudicados por la obligación de quemar más carbón.

2. Si cada vez hay más energía limpia, mejor dejar el carbón en el suelo.

Resultan alarmantes las cuentas kafkianas del Gobierno español, que convierten en un “problema” el hecho de tener demasiada energía producida y que por esto se queme menos carbón. La capacidad de generación eléctrica del Estado español supera por cuatro la demanda media del 2009, y como la producción de energía renovable, sobretodo la eólica, ha crecido mucho no hace falta carbón para quemar en las centrales térmicas.

El Real Decreto propuesto por Zapatero obligará a la quema del carbón español por parte de las centrales térmicas y aumentará la emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%.

No es verdad que simplemente se sustituya el más barato carbón de fuera por el “carbón nacional”, ya que se aumentará globalmente la quema de carbón en más del 20%.

Carece de todo sentido el querer subvencionar con masivos fondos públicos la extracción de un carbón caro y altamente destructor del medio ambiente. En términos puramente ambientales resulta altamente irracional el mantener el consumo de carbón mediante subvenciones cuando el actual mercado económico de la electricidad está expulsando al carbón del mix eléctrico por ser la fuente más contaminante de la atmósfera.

3. Es falso y deshonesto querer vender el muy incierto “carbón limpio” del futuro para justificar el carbón sucio en el presente.

El llamado “carbón limpio” no existe, es solo una optimista promesa tecnocientífica para el futuro que hoy carece de viabilidad económica y técnica. No existe ni una sola planta comercial de secuestro y almacenamiento de carbón en el mundo. Solo existen plantas experimentales que ensayan unas técnicas discutibles a nivel ambiental, energético y económico. Hasta por lo menos el año 2020 no se sabrá los resultados de estos inciertos ensayos científicos.

4. Es una burda mentira afirmar que “el carbón sea la única fuente de energía autóctona”.

¿Acaso no son autóctonas otras fuentes energéticas como la eólica, la solar, la biomasa, la geotermia, la hidroelectricidad y la mareomotriz? ¿Acaso no son autóctonos la eficiencia, el ahorro, el reciclaje y la reutilización?

La autosuficiencia energética solo se conseguirá mediante una fuerte gestión de la demanda eléctrica hacia abajo, con medidas institucionales y de mejora técnica para reducir el consumo energético, con una revolución en la eficiencia (hacer más con menos) y con una máxima expansión de las energías renovables.

Para reducir la dependencia energética española se debería prescindir por completo del contaminante carbón, tanto del nacional como del importado. Es importante apuntar que el carbón español no sustituye la dependencia del petróleo, se podría reducir drásticamente la importación de petróleo mediante grandes cambios en el actual modelo de transporte, que sigue favoreciendo al contaminante motor de combustión.

Montaña de carbón autóctono apilada a la entrada de la Central Térmica Compostilla II. Ponferrada, 15 sept. 2009. Fuente: unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

5. Las subvenciones al carbón vulneran el Derecho Comunitario europeo sobre el mercado único.

Se violan las reglas del libre mercado interno y la competencia que prohíben a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.

Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón propuestas para el periodo 2010-2012 incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohíben el apuntalamiento de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad.

Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten distorsiones del mercado, salvo excepciones con una importante motivación social como es la lucha contra el cambio climático (caso de las ayudas públicas a las energías renovables).

Además, organismos como son la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía, han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y la “incongruencia” de subvencionar la quema del carbón.

6. Las subvenciones al carbón vulneran el Derecho Comunitario sobre las leyes ambientales europeas.

Una parte muy importante del carbón español subvencionado proviene de las minas a cielo abierto que destrozan ecosistemas, montañas y una valiosa biodiversidad.

Es algo que ocurre a pesar de las numerosas denuncias ciudadanas y sentencias judiciales españolas contra estas actividades mineras. Hasta la misma Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno español por vulnerar la Directiva Hábitat con la minería de cielo abierto en zonas de altísimo valor ambiental, reconocidas internacionalmente y situadas dentro de la Red Natura 2000, como el Valle de Laciana en la provincia de León.

¿Cómo se puede entonces otorgar masivas ayudas públicas al carbón extraído con actividades mineras de muy dudosa legalidad y con dictámenes judiciales de paralización?

7. No se pueden justificar unas primas económicas para la quema del carbón nacional a partir del inexistente problema de “seguridad de suministro eléctrico”.

La retórica empleada por el Gobierno español de “garantizar la seguridad de suministro” constituye una burda manipulación que oculta la sobreproducción eléctrica existente. La capacidad de generación eléctrica en España roza los 90 millones de kilowatios, mientras que la demanda media en noviembre de 2009 es de aproximadamente 20 millones de kilowatios.

Cada mes entra en funcionamiento más capacidad eólica y solar, además del gas natural, lo que elimina la necesidad de seguir quemando carbón, y con la actual crisis económica la demanda eléctrica se reduce más (un 5.6% en el último año).

España sigue siendo un exportador neto de energía eléctrica al mandar mucha más energía a Portugal y Marruecos que la cantidad importada que entra desde Francia.

8. Subirá el recibo de la luz por las nuevas ayudas al carbón.

Las leyes europeas obligan reflejar en los precios finales las ayudas estatales recibidas. Como España ya ha sido objeto de fuertes críticas y amenazas judiciales por no internalizar en los precios el total de los costes de producción de energía (el ”déficit tarifario”) tendrá que pasar al consumidor final cada euro de subvención que el Gobierno otorgue al sector minero.

Esta subida de las tarifas eléctricas (hasta el 6%) será la forma de ‘socializar’ las pérdidas de beneficios que sufrirán las empresas eléctricas obligadas a comprar el caro carbón nacional. Es decir, se trata de que paguemos toda la ciudadanía tres veces por el carbón: una vez en la subida de nuestro recibo de la luz, otra vez en nuestros impuestos desviados a los empresarios mineros y, finalmente, en los gastos sanitarios por respirar un aire más contaminado y por nuestra mayor contribución al cambio climático.

A cada contribuyente español le tocará pagar bastante más por comprar los derechos de emisión de CO2 marcados por el Tratado de Kioto, puesto que con las primas al carbón serán cada vez más gravosos.

9. Poca luz y mucho humo.

El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica (según algunos cálculos recientes menos del 10%), pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva porque escupe hasta el 27% de las emisiones globales de CO2. En esta dantesca carrera ambiental al carbón solo le supera el sector de transporte motorizado, que es el responsable del 33% de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

10. El Gobierno Español serán la “oveja negra” en la próxima Cumbre de Copenhague contra el Cambio Climático.

Al subvencionar masivamente el carbón, España gana en irresponsabilidad lo que pierde en credibilidad en la lucha contra el cambio climático, y queda desacreditada para pedir a los países del Sur que se esfuercen en reducir su dependencia del carbón.

Tanto los países integrantes del G-20, así como la OCDE y la Agencia Internacional de Energía, están en contra de estas ayudas estatales al carbón.

Balsa ilegal de decantación de aguas residuales del carbón de Uminsa, en la entrada a Fabero. Oct. 2009. Unecologistaenelbierzo. Foto: Enrique L. Manzano.

El Decreto propuesto por Sebastián promueve la emisión innecesaria de 25 millones de toneladas de CO. 31/10/09. Energelia.com.

Comentario por Paco el 04/12/2009.

Al hilo de las ayudas al carbón, nuevas noticias sobre el atentado ecológico de Laciana:

Minería contra Natura. 04/12/09. Publico.es.

Atentado ecológico y escándalo político. 04/12/09. Dbnews.blogspot.com.

Comentario por Un ecologista en El Bierzo el 09/12/2009.

Hace unos meses publicamos en estas mismas páginas un reportaje titulado “Laciana, territorio comanche”. En ese artículo se denunciaba la situación de inaudita ilegalidad en la que se mueve la minería lacianense, ahora y durante los últimos años, con episodios de auténtica vergüenza que no podrían darse en ningún otro país europeo.

Las connivencias políticas alcanzan tal sangrante corrupción que sólo la creación de un supermagistrado encargado de desvelar las irregularidades, con un equipo de incorruptibles juristas a su cargo, debidamente protegidos además, podría devolver la normalidad jurídica a una zona en la que todos los partidos políticos que han gobernado Villablino, con la disculpa del empleo y en colaboración con políticos de todo pelaje, han participado voluntariamente en el expolio de una tierra que no se merecía tan bárbaro menoscabo.

A los lectores les recomiendo que dediquen un tiempo a la lectura de los enlaces de correo remitidos en el comentario anterior. Podrán comprobar que no tienen desperdicio.

Desde aquí animo a David Bollero a continuar con su valiente denuncia de una situación aberrante y sobre la cual pesa una ‘omerta’ informativa no declarada. Sólo unos pocos, entre ellos el diario “Público”, han tenido el coraje de romper esta prohibición.

¡Confiemos en que algún día se haga justicia y que todos estos personajes corruptos, intervinientes en corruptelas sin nombre, puedan acabar en la cárcel!

Comentario por Teresa González el 29/01/2010.

De lo que se está hablando es de sustituir la quema del carbón importado (negociete de las eléctricas por su menor precio) por el poco carbón autóctono que queda (que emite la misma cantidad de CO2 que el de importación). Y hacerlo sólo durante unos pocos años más, para facilitar que las miles de familias que todavía subsisten gracias a él puedan acomodarse al cambio.