Una imagen del carbón en Laciana. Fuente: filonverde.es.
El columnista Germán Valcárcel, colaborador ahora de ‘Bierzodiario.com’, ha escrito en su sección ‘Destilado de vinagre’ un artículo de lo más interesante sobre el tema del carbón. Su título, ‘Hurgando en el carbón’, nos ofrece ya una pista sobre su contenido.
No parecen correr buenos tiempos para Victorino Alonso, el principal empresario del carbón en este país. La crisis climática (con la exigencia europea de poner fin a las subvenciones al carbón), la crisis económica y la pérdida de apoyos políticos, -que parecen confirmar que provenían más del campo socialista que del popular-, más la tozuda y porfiada denuncia ecologista, parecen estar empujando hacia su final un aciago ‘reinado’ de dos décadas. En este camino, más de dos mil millones de euros se han repartido en subvenciones, fondos que no se sabe demasiado bien adónde han ido a parar o en qué se han gastado.
Desde luego, el nuevo Gobierno no parece manifestar tantas simpatías hacia el gran magnate minero como el anterior presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Ni tampoco será tan condescendiente, según parece apuntar ya. Por el momento, un senador del Partido Popular (PP) ha informado que no se le pueden pagar a Alonso las ayudas otorgadas por “faltas graves” en la documentación. Un traspié que podría estar relacionado con deudas del empresario con la Seguridad Social.
La vice presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Noticias.lainformacion.com.
Circulan también rumores de que Alonso no sería del agrado de la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Se dice que la prevención de la vice presidenta podría encontrar su origen en el conocimiento que tuvo de las prácticas empresariales del susodicho cuando ella era primeriza abogada del Estado en León. ¿Podría ser esto un primer paso para que el gobierno de Mariano Rajoy se decidiera a abrir una investigación sobre el destino de los más de dos mil millones citados? ¿O que abra la puerta para que sea la misma Unión Europea (UE) la que se decida a realizar una auditoría como resultado de un clamor que cada día es más unánime? O al menos en El Bierzo.
Pocas ilusiones, me temo, hay que hacerse a este respecto. Pues lo primero que tendría que justificar la UE es por qué no estableció ningún mecanismo de control sobre unas subvenciones tan cuantiosas, ni tampoco sobre el cumplimiento de los objetivos para los que estaban destinadas.
Otra línea de especulación estaría protagonizada –según ‘Bierzodiario.com’– por el procurador de Izquierda Unida, José María González, quien ha denunciado flagrantes incumplimientos del Grupo Alonso y solicitado a la Junta de Castilla y León que le retire al empresario las concesiones mineras.
Mientras tanto, la desesperación ha hecho mella entre los mineros del Grupo Alonso que llevan meses sin cobrar. Es así que algunos han empezado a dirigir su indignación hacia los mismos sindicalistas que, hasta hace pocos días, les empujaban a manifestarse al lado del patrón. Síndrome de Estocolmo compartido en el pasado y que, ahora que vemos como cierran las últimas minas de interior en El Bierzo, se confirma como una elección equivocada.
Un ecologista en El Bierzo.
Hurgando en el carbón, por Germán Valcárcel.
El columnista Germán Valcárcel. 2012. Bierzocomarca.eu.
“Debatir sobre el carbón en la provincia de León o la comarca de El Bierzo significa -si no te quieres convertir en un apestado o en un traidor a la patria- aceptar todo tipo de falsedades que impiden un acercamiento racional y serio a lo que realmente está ocurriendo, lo cual no impide intentarlo.
En primer lugar y para tratar de contextualizar el tema, estamos hablando de un sector que emplea, directamente, a unos cinco mil trabajadores en toda España (el número de desempleados, solo en El Bierzo, es justamente el triple), en nuestra provincia menos de la mitad. También se debería aceptar que la mayoría de las minas leonesas no son, ni han sido nunca rentables, fundamentalmente por razones geológicas ya que tienen una veta muy estrecha, en torno a los 90 centímetros y un segundo problema geológico aún más grave, las vetas en estas minas no siempre son horizontales lo que dificulta la extracción; pero lo que termina de hacerlas difícilmente rentables es que esas vetas muchas veces suelen aparecer fracturadas. Otro dato que nunca se pone encima de la mesa: el carbón español es de baja calidad con 4500 termias/tonelada frente a las 6000 del australiano, que es el estándar mundial.
Desde el año 1990, mediante cuatro planes específicos, el sector del carbón nacional ha obtenido 24.000 millones de euros en ayudas y subvenciones -para que nos hagamos una idea, una cantidad similar a la recibida por Bankia-, o dicho de otra forma, una media de 1.100 millones euros anuales, cantidad que ha servido para pasar de unas plantillas que daban empleo directo a cuarenta y cinco mil trabajadores, por aquellas fechas, a emplear a poco más de los cinco mil que había en los inicios del actual conflicto y de una producción que, desde las 19,3 millones de toneladas en el año 1989, ha pasado a los 6,2 millones de toneladas que se estiman para finales de 2012, lo que nos da unos descensos del 90% en las plantillas y del 67%, en la producción. Esos multimillonarios planes han servido, también, para convertir las cuencas mineras en las zonas de este país con las tasas de natalidad más bajas, con una creciente y acelerada despoblación y un envejecimiento cada vez mayor. Es decir, ni han servido para atraer inversión, ni nuevas empresas pese al torrente de millones derramados durante todo este tiempo. Eso sí, han conseguido que algunos empresarios se hayan hecho inmensamente ricos, y bastantes políticos y sindicalistas hayan logrado acumular un importante patrimonio personal y alguno convertirse en excelente catador de buenos vinos.
La explicación al silencio y falta de lucha en defensa “de un puesto de trabajo digno”, durante estos últimos veinte años, está en las masivas prejubilaciones que desclasaron, encanallaron y adormecieron a los “aguerridos” habitantes de las cuencas mineras, pueblos y ciudades aledañas. Según los datos oficiales del Ministerio de Industria, a través de los cuatro planes de ayuda llevados a cabo, el 16% de los trabajadores se han prejubilado con 40 o 41 años; un 33% del total entre 42 y 44 años; entre 45 y 49 años, el 29% de los trabajadores; de 50 a 54 años, el 17% del total de jubilados; de 55 a 58 años, el 4%; y de 60 a 64 años apenas el 1%, todos los acogidos a prejubilación. De este modo, la mitad de los mineros prejubilados desde entonces lo han hecho con menos de 45 años, cambiando las variables podemos decir casi el 80% del total lo hizo con menos de 50 años y el 95% con menos de 55 años.
Montaña de carbón propiedad de Victorino Alonso. Cubillos del Sil, 21 enero 2008.
La cuantía de estas prejubilaciones varía en función de la edad a la que se acede a ella y al puesto de trabajo que se ha desempeñado (interior, exterior u oficinas): el 9% de los trabajadores ha obtenido una prejubilación de entre 901 y 1.300 euros; el 18% cobra entre 1.301 y 1.700 euros; el 24%, entre 1.701 y 2.100 euros; el 27%, entre 2.101 y 2.500 euros; el 21% obtiene una prejubilación superior a los 2.500 euros al mes; y el 1% restante se sitúa entre los 500 y los 900 euros. Es decir, ni más ni menos que el 72% de los prejubilados cobra una pensión superior a los 1.700 euros al mes, el doble que la pensión media en España y casi el 50% superior a 2.100 euros.
Las empresas del sector han percibido durante este mismo período un total de 5.492 millones de euros (casi un billón de las antiguas pesetas) en ayudas directas a la explotación: grupo Viloria (154 millones); grupo Luengo (296); Del Valle (625); Hunosa (1.289); Victorino Alonso (2.110); mientras que el resto han cobrado 1.018 millones de euros. En estas cantidades no están contabilizadas las ayudas al transporte y al almacenamiento.
El beneficio obtenido por los partidos políticos ha consistido, fundamentalmente, en el control sobre los fondos para el desarrollo alternativo de las cuencas y para infraestructuras, lo cual les ha permitido crear extensas redes clientelares y a sus cargos públicos obtener importantes “beneficios” mediante la utilización de “empresarios caza subvenciones”, cómplices necesarios de alcaldes y demás cargos políticos -en Castilla y León mayoritariamente del PP- de las comarcas mineras. ¿Alguien ha olvidado cuál fue el primer destino en El Bierzo del actual director de Ciuden? Además, cualquier ciudadano puede buscar y encontrar, en el Registro Mercantil, los recovecos y enjuagues de la vida política y empresarial comarcal, incluso las connivencias del testaferro -solo es un ejemplo- de un importante alcalde berciano que lo mismo participa -el testaferro- con un conocido caza subvenciones en empresas del sector eólico, que “gestiona” el concurso de acreedores de una empresa con raíces y fuertes intereses en esta provincia y en algún importante ayuntamiento comarcal. Aunque no lo crean, los métodos de Díaz Ferrán son más comunes y cercanos de lo que creemos. Un servidor se pregunta a qué se debe que la fiscalía no haya investigado hechos que son de dominio público en círculos políticos, empresariales, sindicales e incluso judiciales, ni que nadie haya pedido la ejecución de determinadas sentencias, ya firmes.
Todos estos datos (Presupuestos Generales del Estado, Planes del Carbón o el documento técnico La minería del carbón en Castilla y León desde el punto de vista de su sostenibilidad y de su carácter como reserva estratégica, datos estadísticos y algún que otro informe de la Federación de Minería de CCOO o de profesores universitarios) están en poder de la administración -es quien los suministra a través de los Ministerios de Trabajo, Industria, Fomento, Educación y el INE-, partidos políticos, empresarios, sindicatos, universidad y posiblemente en manos de muchos de esos periodistas que, transmutados en publicistas y propagandistas de los intereses de Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, se los ocultan a sus lectores y oyentes.
José Luis Rodríguez Zapatero saluda al magnate minero Victorino Alonso. Tsobudelaciana.blogspot.com.
En esta orgía millonaria, los escasos habitantes que todavía quedan en las cuencas mineras en edad laboral han terminado siendo las víctimas y los rehenes -como era fácil prever- de empresarios mafiosos, de partidos políticos y sindicatos corruptos, estos últimos, “alquilada” su colaboración y aquiescencia, con “la participación en la gestión” de cientos de millones de euros para formación y de los fondos para las prejubilaciones, otra fuente de negocio y financiación, menos conocida, pero que también ha dejado pingües beneficios a las cúpulas sindicales.
Con estos antecedentes, llama la atención, o no, el posicionamiento del PSOE en el actual conflicto (lo de IU es, al menos mayoritariamente, más ignorancia económica y trasnochado romanticismo político que otra cosa), posición que solo se explica por puro oportunismo político o lo que sería peor, para defender los intereses de ese oscuro empresario, amigo y tal vez algo más de Rodríguez Zapatero y de otros altos cargos del PSOE, llamado Victorino Alonso. Conviene no olvidar que el último plan aprobado (en un contexto económico totalmente diferente) 2006-2012, dotado con 4.987 millones de euros, preveía reducir de los 8.300 trabajadores del 2005 hasta los 7.300 en el 2007 y posteriormente llegar a los 5.200 a finales del pasado año, como así ha sucedido. Una reducción de plantillas que da cifras de pérdida de empleos, de más de la mitad de los que actualmente quedan. Es el habitual doble lenguaje de los socialistas y la forma como entienden la defensa del empleo y el futuro de las cuencas: tejiendo tupidas redes clientelares, corrompiendo y comprando el silencio de los ciudadanos con dinero público. Ya saben, el conocido modelo andaluz de los ERES.
Pero lo que definitivamente indigna del actual posicionamiento del PSOE es la comparación con las actuaciones llevadas a cabo por los socialistas en la que fue fecha clave para el sector de la minería del carbón, el 8 de diciembre de 2010, cuando la UE por medio del Consejo Europeo de Ayudas al Carbón aprobó la decisión 787 que entró en vigor el uno de enero de 2011. Esa fue la sentencia de muerte para la minería al aprobar la Unión Europea la “Decisión” que fija 2018 como la fecha límite para el cierre de las minas que no sean rentables, con un plan que obligaría a una disminución de ayudas del 25% en 2012; del 40% en 2014; del 75% en 2016, hasta el cierre en 2018, sin que el gobierno español, en aquellos momentos presidido por su secretario general R. Zapatero y apoyado en el Parlamento por el Grupo Socialista, diera la batalla, ni se opusiera a ella. Esta decisión de la UE es, no lo olvidemos, de obligado cumplimiento.
Marcha minera nocturna contra los recortes a la minería del carbón. Junio 2012. Zuialde.wordpress.com.
Finalmente, decir que tampoco los medios de comunicación informaron con grandes alardes tipográficos de esa determinación europea, reitero otra vez, de obligado cumplimiento dentro del derecho comunitario; tal vez pensaron -no sin razón- que don Victorino suele utilizar los legajos, tanto los llegados de Europa como los nacionales, como papel higiénico, al fin y al cabo mantiene en nómina una buena legión de abogados que le ayudan a elegir con cual hacerlo en cada momento.
Como decía al principio de esa columna, escribir sobre el carbón en estas tierras es hablar de corrupción, latrocinio, mentiras, demagogia, clientelismo, de falsas épicas, de protestas sociales manipuladas, pero la mayoría de los medios de comunicación provinciales están -hasta que echen el cierre- para otras cosas.
Esto es parte del ecosistema político, económico y empresarial del carbón, para otro día quedan los perversos efectos medioambientales, laborales y sociales que el negro y energético mineral ha ocasionado en nuestra maravillosa y nunca bien ponderada comarca”.
(Destilado de vinagre) Hurgando en el carbón. 11/01/13. Bierzocomarca.eu.
Un ecologista en El Bierzo
Un ecologista en El Bierzo 