Acaba de llegarme el correo de una valenciana, miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con una petición en Change.org en la que solicita a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que permita a las organizaciones de consumidores realizar análisisis comparativos de productos alimenticios de diferentes marcas. Es decir, que no se censure el trabajo de las organizaciones de consumidores.
Señala la peticionaria, Beatriz García, que gracias a otra petición anterior de la OCU, que consiguió más de 70.000 firmas el año pasado, se pudo evitar que el Gobierno no prohibiera los análisis comparativos que llevan a cabo muchas asociaciones de consumidores y que son tan necesarios para que sepamos qué comemos.
Desde que el Partido Popular llegó al poder hemos sufrido los mayores recortes de derechos y libertades conocidos en nuestro país desde hace casi un siglo, y sería necesario remontarnos a las dictaduras de Franco o de Primo de Rivera para encontrar una situación en algún modo comparable a la actual.
Siendo el Gobierno deudor de algunas grandes empresas (no sabemos demasiado bien por qué motivo) éstas quieren aprovechar su influencia para intentar amordazar a las organizaciones de consumidores mediante la aprobación de un Real Decreto que dificultaría estos análisis comparativos.
Desde luego, es algo que en tanto que consumidores debemos a todo precio evitar. Es por lo que os pido que deis la máxima difusión a esta ciberacción que podéis firmar aquí. Como bien señala Beatriz García, yo también quiero saber qué latas contienen sardinas de verdad, o si un aceite de oliva virgen extra es efectivamente lo que pone en la etiqueta. Y así con otros tantos productos.
Dificultar la realización de test comparativos independientes.
La OCU ha denunciado que el Gobierno pretende dificultar al máximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España, privando así a los consumidores del acceso a una información veraz sobre las diferentes opciones del mercado.
Para la OCU el Gobierno estaría cediendo a las presiones de la poderosa industria alimentaria, a la que sitúa como “la verdadera impulsora de esta iniciativa». Para la organización de consumidores ésta estaría molesta por los últimos escándalos alimentarios destapados (leche, aceite de oliva, carne de caballo) y pretendería sacar adelante el decreto pese a la reiterada oposición de la organización y la del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Según la OCU, la norma prevista vulnera el derecho a comunicar o recibir información veraz. Asimismo establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas últimas a cumplir con una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. La OCU considera que el Gobierno da más importancia a la defensa de la reputación de las empresas que a la información de los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios.
Entre los aspectos más críticos la OCU señala que la norma “pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los análisis”, lo que a su juicio los deja ”indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria”.
Lo más “sangrante” para la organización es que “no existe ninguna norma similar en Europa”. España, con esta disposición se situaría a la vanguardia de los países que cercenan la libertad de expresión. Destaca la OCU que los consumidores europeos “reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas”. En este sentido, las principales organizaciones Europeas representadas a través del BEUC, así como a nivel mundial por Consumers International, se han dirigido al Ministerio por la posible vulneración tanto de los tratados de la Unión Europea como los principios de Naciones Unidas, y para pedir que el Gobierno reconsidere la adopción del Real Decreto.
La metodología utilizada en OCU para la realización de análisis comparativos está avalada por su uso en otros países de nuestro entorno y también por todas las sentencias dictadas en nuestro país que han sido siempre favorables a la OCU en los casos en los que ha tenido que defender la veracidad de sus informaciones ante un juez.
![Los europeos quieren conocer la procedencia de sus alimentos. Corazonazul.org.](https://unecologistaenelbierzo.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/02/los-europeos-quieren-conocer-la-procedencia-de-sus-alimentos-corazonazul-org.jpg?w=150&h=83)
Los españoles también queremos conocer las cualidades reales de nuestros alimentos. Corazonazul.org.
Ante esta grave vulneración de un derecho tan fundamental como la libertad de información, la OCU va a llevar a cabo todas las iniciativas a su alcance para modificar una normativa que, a su juicio, vulnera el marco constitucional. La asociación anuncia que se pondrá en relación con diferentes colectivos (organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos) para concienciar de los graves efectos que la normativa que el Gobierno pretende aprobar.
También la plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI), a la que la OCU pertenece junto a otras organizaciones sociales y profesionales, ha mostrado su oposición al texto que el Gobierno pretende aprobar.
Por último, la OCU a través de las redes sociales va a promover la campaña #secomentulibertad contra el Real Decreto para que los ciudadanos expresen su rechazo a una normativa que considera que limita y coarta sus derechos como consumidores y ciudadanos.
Un ecologista en El Bierzo.
OCU denuncia que el Gobierno quiere aprobar una norma que roza la censura. 07/04/15. Ocu.org.
No censure a las organizaciones de consumidores. 08/04/15. Change.org.